Resultados de Río+20: Los acuerdos y lo que éstos significan para avanzar los Derechos de Las Mujeres
Photo Credit: Ana Ines Abelenda, AWID
A medida que el polvo se asienta tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), es importante examinar lo que se acordó en papel y preguntar: ¿qué significan los resultados de esta cumbre para el futuro del planeta y particularmente los derechos de las mujeres?
En esta edición más extensa de Notas de los Viernes, AWID ofrece un análisis, basado en los derechos de las mujeres, sobre los resultados más importantes de Río+20 y cómo éstos moldean los debates en procesos clave de la política del desarrollo, incluido el programa de desarrollo a partir del año 2015.
La Conferencia de Río+20, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, fue un examen de 20 años y seguimiento de la Cumbre para la Tierra de 1992, reuniendo a gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para fortalecer los compromisos relacionados con los tres pilares del desarrollo sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente.
Las dos décadas desde la Cumbre para la Tierra de 1992 han estado marcadas por desastres ecológicos y una intensa degradación medioambiental, particularmente debido al cambio climático, la falta de acceso a recursos tales como agua limpia o tierra y el aumento de la desigualdad tanto a nivel global como dentro de la mayoría de los países. En los últimos 20 años se ha hecho evidente no sólo que la sostenibilidad del medio ambiente es incompatible con el actual marco del desarrollo basado primordialmente en el crecimiento económico, sino también que estamos llevando los límites del planeta a un punto de quiebre.
Paralelamente a la Conferencia de Río+20, movimientos sociales, incluyendo grupos por los derechos de las mujeres, se reunieron en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental con el propósito de protestar contra enfoques de la economía verde y lo que consideran un nuevo impulso para convertir la naturaleza en una mercancía y usar herramientas de mercado a fin de afrontar la crisis medioambiental.[2]
Entretanto, luego de intensas negociaciones en la Conferencia de Río+20, los gobiernos acordaron un documento final de 60 páginas denominado El futuro que queremos.[3] Sin embargo, pese a su ambicioso nombre, el documento está muy lejos de cumplir las expectativas de muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo las que defienden los derechos de las mujeres.
Los derechos de las mujeres y la igualdad de género
El Grupo Principal de Mujeres,[4] la plataforma formal de las mujeres para la Conferencia, dio seguimiento a los procesos de negociación oficiales en Río+20. Su declaración final reflejó una clara sensación de decepción: “Dos años de negociaciones han culminado en un resultado de Río+20 que no hace casi ningún progreso para los derechos de las mujeres y los derechos de generaciones futuras en el desarrollo sostenible. El Grupo Principal de Mujeres ha trabajado las 24 horas del día para mantener los derechos de las mujeres y los compromisos en materia de igualdad de género que ya han sido acordados, pero conseguir la afirmación de estos derechos no dejó tiempo para un progreso real ni compromisos que permitan avanzar hacia el futuro que necesitamos”.
Un documento de análisis preparado conjuntamente por la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres (IWHC), la alianza internacional Realizando la Justicia Sexual y Reproductiva (RESURJ), Alternativas de Desarrollo con las Mujeres por una Nueva Era (DAWN) y la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (YCSRR) hace eco de ese descontento. Estas organizaciones consideran que los resultados de Río+20 “no llegaron a progresos y compromisos reales para afrontar necesidades urgentes y cruciales del desarrollo sostenible. Contra el telón de fondo de un proceso difícil de manejar, como también de agendas múltiples y a menudo en competencia, no sorprende que el resultado haya carecido de contenido y claridad”. Varias organizaciones de derechos de las mujeres también han expresado su frustración respecto a los resultados de Río+20.[5]
Escasas referencias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Organizaciones de derechos de las mujeres y activistas por la igualdad de género observaron con consternación a medida que los acuerdos previos eran diluidos y el lenguaje de género se debilitaba con cada nueva versión preliminar del documento de Río+20. Lo más preocupante fue la omisión deliberada de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el texto final, aunque se mantuvo el lenguaje “salud sexual y reproductiva de la mujer”.[6]
Esta omisión fue el resultado de presiones ejercidas por la Santa Sede con apoyo de gobiernos conservadores, pero también se atribuye a Brasil y otros países en desarrollo – incluyendo Sudáfrica, Kenia e Indonesia – que hicieron trueque con los derechos reproductivos de las mujeres a cambio de beneficios en otros asuntos tales como comercio y financiamiento.[7]
Pese a esta omisión, y tras largas negociaciones hasta el último minuto, las secciones del documento de Río+20 sobre salud e igualdad entre los géneros reafirman compromisos para alcanzar la plena aplicación de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing. Éste es un logro importante (aunque limitado), en vista de cuánta resistencia han opuesto los gobiernos incluso a introducir lenguaje y compromisos referidos a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las negociaciones de Río+20, pero también en varios otros espacios, más recientemente la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante su 56° periodo de sesiones en marzo de este año.
La igualdad de género y las mujeres como transversales
Aunque hubo pocos progresos en relación con los derechos de las mujeres, el documento final de Río+20 reconoce la igualdad entre los géneros como un asunto fundamental, dedicándole una sección especial[8] y mencionándola varias veces en otras áreas temáticas.
La sección temática sobre género reafirma “el papel fundamental de las mujeres y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible” y apoya tanto “la eliminación de las barreras” a esa participación como “la derogación de las leyes discriminatorias” a fin de “crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes”.[9] Además, los gobiernos se comprometen a “promover activamente la recopilación, el análisis y el uso de indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género y datos desglosados por sexo” para la planificación del desarrollo.[10]
Sin embargo, persisten preocupaciones sobre un lenguaje debilitado que no aborda adecuadamente los asuntos sistémicos. Por ejemplo, en relación con el acceso a los recursos naturales, en el Párrafo 240 los gobiernos resuelven “emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer iguales derechos que los hombres a los recursos económicos, incluidos los relativos al acceso a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a los recursos naturales y a la tecnología nueva apropiada”, pero el lenguaje es más débil que en versiones previas del documento, las cuales incluían disposiciones específicas sobre iguales derechos de las mujeres a heredar y poseer propiedades y tierra. El Párrafo 109 sobre seguridad alimentaria reconoce “la importancia que reviste el empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales como agentes fundamentales para mejorar el desarrollo agrícola y rural, la seguridad alimentaria y la nutrición”, incluso a través de prácticas agrícolas tradicionales sostenibles; sin embargo, el texto no aborda los problemas estructurales de los agronegocios globalizados que amenazan estas mismas prácticas. La sección referida al empleo y al trabajo decente reconoce que “el trabajo no estructurado sin remunerar, realizado principalmente por las mujeres, contribuye de manera sustancial al bienestar humano y al desarrollo sostenible”,[11] pero no menciona la carga desigual que recae sobre las mujeres por sostener la economía del cuidado.
También hay referencias a la igualdad entre los géneros o a las mujeres en las secciones sobre educación, océanos y mares, salud, agua y saneamiento y energía; sin embargo, en el texto final no están las referencias que figuraban en versiones preliminares del documento relativas a varias áreas cruciales: cambio climático, bosques, biodiversidad, desertificación, degradación de la tierra y sequías, montañas, minería, químicos y desechos, así como consumo, producción, turismo y transporte sostenibles.
Otros acuerdos importantes alcanzados en Río+20
Aunque muchas personas consideran que el documento final de Río+20 no está a la altura de las expectativas, otras dicen que hay bases para una evaluación más positiva.[12] La reafirmación explícita del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas[13] fue una confirmación de los principios acordados en la Cumbre para la Tierra de 1992. Esto constituye un logro para los países en desarrollo pues reconoce que las naciones desarrolladas tienen una mayor responsabilidad por el desarrollo sostenible debido a las presiones que sus sociedades ejercen sobre el medio ambiente global y a las tecnologías y recursos financieros de que disponen.
Sobre la economía verde
De camino a Río+20, numerosos países desarrollados del Norte y el sector privado promovieron fuertemente la ‘economía verde’ como una solución a una gama de retos medioambientales. Sin embargo, personas críticas plantean que el concepto de la economía verde lleva, en gran medida, a dejar que las cosas sigan como están, pero con un rostro verde, y reproduce el modelo que prioriza el crecimiento económico más que el medio ambiente, lo cual para empezar nos condujo a esta situación crítica.[14]
El documento final dedica toda la Sección III a “una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”, pero con pocos compromisos concretos. Aunque afirma que la economía verde debería “promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo”,[15] también la nombra como apenas “uno de los instrumentos importantes disponibles”[16] para los gobiernos.
El Grupo Principal de Mujeres criticó el hecho de que el documento final “no asegura claramente el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades afectadas por inversiones en la llamada ‘economía verde’”, como las comunidades que sufren la pérdida continua de acceso a los recursos naturales y control de éstos debido a inversiones privadas en empresas mineras, agrocombustibles y forestales.
Fortaleciendo el marco institucional
El documento final también acuerda fortificar el Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible,[17] instruyéndole a la Asamblea General de la ONU aprobar en 2012 una resolución que fortalezca el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) “como principal autoridad ambiental mundial”, incluso estableciendo la composición universal de su Consejo de Administración y dotando al PNUMA “de más recursos financieros, que sean seguros, estables y suficientes”.[18]
Además, los gobiernos acordaron establecer un Foro Político de Alto Nivel (FAN) que reemplazará a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. El FAN “realizará el seguimiento de la aplicación de los planes de desarrollo sostenible” y las negociaciones se llevarán a cabo mediante “un proceso intergubernamental de negociación abierto, transparente e inclusivo en la Asamblea General con el objetivo de definir el formato y los aspectos organizativos” del Foro,[19] con miras a convocar el primer FAN en septiembre de 2013.
Lamentablemente, el documento final no incluye ninguna referencia específica a la igualdad de género ni la necesidad de un equilibrio de género en las disposiciones del marco institucional para el desarrollo sostenible, aunque dice que éste “aumentará la participación y la intervención eficaz de la sociedad civil”.[20]
Financiamiento para el desarrollo sostenible[21]
La Sección VI. A. del documento final de Río+20 se centra en la financiación para implementar el desarrollo sostenible, exhortando “a todos los países a que prioricen el desarrollo sostenible en la asignación de recursos, de conformidad con las prioridades y necesidades nacionales”.[22] Aunque los compromisos referidos al financiamiento fueron generalmente débiles y regresivos,[23] hubo algunos puntos “destacables”. La reafirmación de los principios del Consenso de Monterrey (2002) y la Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo(2008) es importante pues subraya que la discusión en torno al financiamiento para el desarrollo sostenible debe examinar una gama de flujos financieros – incluyendo movilización de recursos nacionales, comercio, pagos de la deuda, adquisiciones e inversión extranjera directa – además de ayuda y fuentes adicionales de financiación, como también que la coherencia de las políticas y la cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales son cruciales para promover el desarrollo sostenible.[24]
Aunque los países desarrollados se negaron a prometer recursos financieros nuevos y adicionales para el desarrollo sostenible, el documento final enfatiza que deberían ampliarse los mecanismos de financiación tradicionales, como la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), y afirma que es crucial respetar “todos los compromisos relacionados con la asistencia oficial para el desarrollo, como los contraídos por numerosos países desarrollados de alcanzar, para 2015, el objetivo de dedicar el 0.7% del producto nacional bruto”.[25] Asimismo, subraya que los mecanismos de financiación innovadores son “un complemento, y no un sustituto, de las fuentes tradicionales de financiación”.[26]
El documento señala que “la interacción de la asistencia para el desarrollo con la inversión privada [...] ofrece nuevas oportunidades para ayudar a movilizar recursos privados”.[27] Esto es preocupante porque ilustra el énfasis en los mecanismos privados de financiación para el desarrollo, confiriendo de nuevo un rol fuerte al sector privado en vez de proveer un marco de desarrollo que ponga en el centro la responsabilidad estatal de respetar, proteger y realizar los derechos humanos
En general, a pesar de algunas declaraciones de buena intención, el documento final de Río+20 (sobre todo la sección relativa a la financiación) no aborda el carácter sistémico de la desigualdad y pasa por alto que la manera en que los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales están configurados actualmente de hecho perpetúa la desigualdad, incluida la de género.[28] Aunque reconoce que “en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas”,[29] el documento no pone el análisis directamente en el marco de la crisis sistémica del actual modelo de desarrollo.
Implicaciones para el programa de desarrollo a partir del año 2015
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Uno de los pocos compromisos concretos contraídos en la Conferencia de Río+20 incluye el plan de establecer nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que “deben estar orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar”. [30] Los gobiernos no se pusieron de acuerdo respecto a los temas de estos objetivos, pero acordaron establecer un “grupo de trabajo de composición abierta” que estará integrado por 30 representantes designados por los Estados Miembros y procedentes de los cinco grupos regionales de la ONU “con el objetivo de lograr una representación geográfica justa, equitativa y equilibrada”. [31] El grupo de trabajo deberá presentar a la Asamblea General, en su 68º periodo de sesiones, un informe que incluirá una propuesta de ODS. La sociedad civil y otras partes interesadas de los Grupos Principales también se reunirán para discutir los resultados de Río+20 y abordar áreas en las que no hubo ningún progreso.[32]
Además, el documento final de Río+20 enfatizó que “el proceso debe ser coordinado y coherente [...] con la agenda de desarrollo con posterioridad a 2015”,[33] apuntando al vínculo entre los nuevos ODS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que expirarán en 2015. Todavía hay mucha incertidumbre en torno al proceso de los ODS, particularmente respecto a cuán “abierto” será para las contribuciones de la sociedad civil, cuál función jugará el sector privado en las discusiones y en qué medida el proceso integrará no sólo los asuntos medioambientales sino también los objetivos económicos y sociales. En su declaración final, el Grupo Principal de Mujeres exhortó a que en este proceso haya una participación significativa de organizaciones de derechos de las mujeres para asegurar que las metas de la igualdad de género queden reflejadas en los objetivos y se usen tanto indicadores como herramientas que tengan en cuenta el género para medir los progresos.
Reflexiones para el futuro programa del desarrollo
La Conferencia de Río+20 y otros procesos de negociaciones multilaterales que están ocurriendo en la ONU y fuera de ésta brindan lecciones importantes para la organización en torno a los derechos de las mujeres. Los giros en la geopolítica mundial, incluyendo intereses opuestos entre nuevos y antiguos poderes, sumados a fuerzas conservadoras más potentes, mejor coordinadas, y una presencia muy sólida de actores del sector privado (dentro y fuera de las delegaciones gubernamentales), están afectando la calidad y visión limitadas de los acuerdos alcanzados en la ONU para realmente avanzar agendas que respondan de manera plena a los derechos humanos, la justicia, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.
La nueva geopolítica mundial está teniendo impactos sobre los mecanismos y procedimientos de negociación. En algunos casos está generando falta de transparencia por parte de los gobiernos y obstáculos significativos a la participación de la sociedad civil. Esto fue una clara realidad en la Conferencia de Río+20 y plantea retos a las organizaciones de derechos de las mujeres y otras OSC para poder continuar presionando a la ONU y otras organizaciones multilaterales a que sus procesos de negociación sean democráticos y transparentes, con mecanismos claros y significativos para la participación de las OSC, en toda su diversidad.
En Río+20, una reducción más significativa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género casi llegó peligrosamente a convertirse en realidad y fue evitada sólo por los esfuerzos cruciales de las OSC, en particular de feministas y grupos de derechos de las mujeres.
Los débiles compromisos en materia de desarrollo sostenible acordados en Río+20 distan mucho de responder a los retos urgentes que las personas y el planeta estamos enfrentando. Conforme avanzamos hacia varios otros procesos de examen de los principales acuerdos que marcaron el programa de desarrollo de la década de 1990 y la primera de este milenio,[34] queda por ver cómo el programa de desarrollo después del año 2015 afrontará esos retos.
Estos procesos de examen, los ODS y la construcción del programa de desarrollo posterior a 2015 constituyen una oportunidad significativa. Activistas, organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres, junto a otros actores de la sociedad civil, debemos asegurar que no haya reacciones adversas, como también que los gobiernos y otros actores clave rindan cuentas, reafirmen los compromisos previamente acordados y adopten nuevas medidas visionarias para promover sustancialmente la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia para todas las personas.
Notas:
Con contribuciones de Lydia Alpízar y Alejandra Scampini.
Más información sobre la Cumbre de los Pueblos desde una perspectiva feminista está disponible en: La Cumbre de los Pueblos en Río+20: ¡Los movimientos exigen cambios estructurales!, Notas de los Viernes de AWID, 20 de julio de 2012. Ver también: Feminismo, elemento central en la construcción de las alternativas a la economía verde, Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, 17 de junio de 2012.
Asamblea General de las Naciones Unidas, El futuro que queremos, A/RES/66/288, 11 de septiembre de 2012.
El Grupo Principal de Mujeres (WMG, por sus siglas en inglés) está integrado por más de 200 organizaciones y es facilitado por tres organizaciones socias: Mujeres en Europa para un Futuro Común (WECF), Voces de las Madres Africanas (VAM) y Alternativas de Desarrollo con las Mujeres por una Nueva Era (DAWN). Es apoyado por integrantes centrales, incluyendo la Red Internacional sobre Género y Energía Sostenible (ENERGIA), la Coalición Mundial por los Bosques (CMB) y la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO). Más información sobre el WMG está disponible en este sitio.
Ver, por ejemplo, el análisis de la Articulación de Mujeres Brasileñas (AMB), el posicionamiento de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) y la declaración final Del Territorio Global de las Mujeres en la Cumbre de los Pueblos para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20).
Párrafos 146 y 241 del documento final.
Ver el análisis preparado por IWHC, RESURJ, DAWN y la YCSRR sobre posiciones gubernamentales relacionadas con esto.
Párrafos 236-244 del documento final.
Párrafos 236-238 del documento final.
Párrafo 239 del documento final.
Párrafo 153 del documento final.
Ver, por ejemplo, los análisis de Martin Khor (Centro del Sur) y Chee Yoke Ling (Red del Tercer Mundo).
Párrafo 15 del documento final.
Un análisis detallado de la economía verde está en: Del desarrollo sostenible a la economía verde – ¿Qué significa esto para las mujeres?, Notas de los Viernes de AWID, 9 de marzo de 2012. Ver también el documento: El futuro que queremos: Una perspectiva feminista, por Christa Wichterich , enero de 2012 (disponible en inglés); Definición de economíaverde, una piedra en el zapato de Río+20 y La economía verde es una falacia, según activistas, por Thalif Deen, 14 y 22 de junio de 2012; y artículos sobre la economía verde en elsitio de la Coalición Mundial por los Bosques.
Párrafo 58d del documento final.
Párrafo 56 del documento final.
Párrafos 75 y 76 del documento final.
Párrafo 88 del documento final.
Párrafos 84-86 del documento final.
Párrafo 76h del documento final.
Esta sección se basa en el análisis del documento final de Río+20 preparado por Natalie Raaber (AWID) como aporte para la participación de AWID en el Foro sobre Cooperaciónpara el Desarrollo (FCD) de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 5 y 6 de julio de 2012 en Nueva York.
Párrafo 253 del documento final.
Ver el Consenso de Monterrey, Sección II. F., pág. 14.
Párrafo 258 del documento final.
Párrafo 267 del documento final.
Párrafo 260 del documento final.
Tal como fue señalado por DAWN en su comunicado del 22 de junio: Los gobiernos apuestan con nuestro futuro – Feministas del Sur demandan acción responsable ahora.
Párrafo 20 del documento final.
Párrafo 247 del documento final.
Párrafo 248 del documento final.
Ver, por ejemplo, una reunión organizada por el PNUMA en asociación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la ONU, el Foro de Partes Interesadasy la Coalición para la Economía Verde el 20 y 21 de octubre de 2012 en Nueva York.
Párrafo 249 del documento final.
Entre ellos la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Declaración de Durban y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Declaración del Milenio.
Por Ana Inés Abelenda y Natalie Raaber[1]
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 19 de octubre de 2012. Título original: Rio+20 Outcomes: What Was Agreed And What This Means For Women’s Rights Going Forward. Traducción: Laura E. Asturias
