Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)

San Salvador, El Salvador 

11 de febrero de 2013

Nosotras las Ministras y Autoridades de Alto Nivel responsables de las políticas públicas a favor de los derechos y empoderamiento de las mujeres de América Latina y el Caribe, nos reunimos en la ciudad de San Salvador el día 11 de febrero de 2013 por invitación de ONU Mujeres y del Gobierno de El Salvador en una consulta previa al 57º. Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), con la finalidad de propiciar un diálogo y una guía de recomendaciones que orienten las negociaciones de las “conclusiones acordadas”, identificando los temas críticos que afrontamos en la región para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones; 

Recordando que la CSW desempeña una función fundamental en el seguimiento, examen, y evaluación de los avances logrados y de los desafíos encontrados en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en todos los niveles, y que en nuestra región, son los mecanismos intergubernamentales regionales y subregionales para el avance de las mujeres, los que garantizan el cumplimento de los compromisos que los gobiernos adoptan en la CSW; 

Reafirmamos nuestro compromiso con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo como instrumento de garantía internacional; con la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, (Beijing 1995); con los compromisos internacionales acordados en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y las acciones claves; con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belem do Pará 1994); con el Consenso de Brasilia, adoptado en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, (Brasilia 2010); con la Declaración de San José sobre el Empoderamiento Económico y Político de las Mujeres de las Américas, aprobada en la Trigésima Sexta Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, (Costa Rica 2012); con los demás instrumentos jurídicos internacionales y resoluciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales; y con la observancia a los Dictámenes, a las Observaciones Finales y a los Comentarios Generales a los Estados por parte de los Comités que integran la maquinaria de tratados, en esta materia; 

Reconocemos y valoramos los esfuerzos de la comunidad internacional en la creación de Mecanismos Intergubernamentales de Evaluación y Seguimiento de los Tratados e instrumentos internacionales de protección y prevención de la violencia y el papel del Sistema de Naciones Unidas y según corresponda, las organizaciones regionales y subregionales, en el fortalecimiento de estos mecanismos; 

Asimismo, 

Considerando que la violencia contra las mujeres constituye una gran ofensa a la dignidad humana y una violación a los derechos humanos; 

Reafirmamos que la violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida es un fenómeno que persiste en la región de América Latina y el Caribe y, que las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden su desarrollo individual, menoscaban sus derechos y libertades, impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía física y limitan su participación pública, económica, social y política en nuestras sociedades; 

Reconocemos que el femicidio/feminicidio/muerte violenta de mujeres asociadas con el género constituyen un problema de magnitud creciente en la región; si bien en la mayoría de los países se cuenta con marcos legales avanzados e integrales en materia de violencia contra las mujeres, la realidad expresada en los altos índices de crímenes contra las mujeres basados en género, incluyendo la trata de personas y la violencia contra las mujeres migrantes; así como, la “naturalización” de la violencia contra las mujeres en algunos ámbitos de la sociedad, junto a la falta de acceso a la justicia y a una respuesta estatal integral y contundente se traduce lamentablemente en la existencia de serias dificultades para aplicar estas leyes y en alarmantes niveles de impunidad que colocan a las mujeres latinoamericanas y caribeñas en situaciones de vulnerabilidad e inseguridad; 

Considerando la importancia de la Campaña Mundial del Secretario General: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, y reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento de sus Cinco Objetivos; 

Tomando en cuenta la magnitud de este fenómeno y su impacto en la vida de millones de mujeres y niñas latinoamericanas y caribeñas, y reconociendo que el tema del 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, estará referido a la “Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña” constituye una oportunidad para que los gobiernos adoptemos políticas y acciones y reconozcamos la necesidad de acordar y adecuar las condiciones institucionales y recursos necesarios para implementar los compromisos medibles en términos de prevención, atención, protección, acceso a la justicia y eliminación de la impunidad, y la reparación integral, para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en todas las etapas de su vida; 

DECLARAMOS:

Nuestro compromiso por adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad del Estado, las políticas, planes y programas desde un marco multisectorial e interinstitucional comprometido con la eliminación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que incluya la prevención, la atención, la protección, la sanción, la reparación y la rehabilitación y acceso a la justicia; y que asegure a las mujeres y a las niñas el acceso a una vida libre de violencia en condiciones de justicia y seguridad, y de respeto a su dignidad, sus derechos y sus libertades fundamentales; 

Solicitamos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que incluya las siguientes recomendaciones en el marco de las Conclusiones Acordadas: 

Instar a los Estados a seguir fortaleciendo la importante función que desempeñan los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, que deberían estar ubicados en los más altos niveles posibles de gobierno y con los recursos financieros y técnicos adecuados para garantizar la implementación de medidas tanto legislativas como administrativas y de cualquier otra índole, para garantizar que todos los programas y los presupuestos de gobierno tengan incorporados perspectivas de género a fin de eliminar las desigualdades tanto de jure como de facto que siguen afectando la plena vigencia de los derechos de las mujeres y las niñas y sus libertades fundamentales; 

Sistemas de prevención a mujeres y niñas que enfrentan la violencia.

1.       Aplicar estrategias de prevención a la violencia de género contra las mujeres y las niñas, de manera integral y coordinada, e incorporadas transversalmente en las políticas y los programas vinculados con la educación, el empleo, la salud pública incluyendo la salud sexual y reproductiva, y derechos reproductivos, justicia y seguridad, la erradicación de la pobreza, el desarrollo y la seguridad ciudadana, entre otras, basadas en un marco de derechos humanos y que involucren también a la sociedad civil y a las organizaciones de mujeres en su implementación; 

2. Adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana que contemplen la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, con un enfoque de derechos humanos desde la planeación urbana y que contemple la creación de ciudades seguras con sistemas de transporte público seguros, alumbrado público, escuelas y sitios de trabajo seguros; 

3. Impulsar y fortalecer la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, para reducir su vulnerabilidad a la violencia y su dependencia económica en el marco de relaciones violentas; 

4. Alentar a los medios de comunicación y generadores de opinión a implementar mecanismos de difusión orientados a disminuir la impunidad de delitos de violencia de género; que promuevan la no utilización de la imagen estereotipada de las mujeres y la no discriminación; y la utilización de un lenguaje adecuado de género; 

5. Favorecer una cultura de inclusión y de respecto que elimine prejuicios, estereotipos, costumbres y lenguaje sexista, y adoptar medidas en el sector educativo para garantizarla; 

6. Institucionalizar la participación de la sociedad civil, comunidades organizadas y movimientos sociales en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes nacionales de violencia contra las mujeres, mediante los mecanismos que se considere el más apropiados, como la participación en comisiones de alto nivel, mesas temáticas y procesos amplios de consulta, entre otros de carácter vinculante; 

7. Adoptar políticas especificas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en las estrategias nacionales de seguridad, con especial atención al crimen organizado transnacional, pandillas, tráfico ilícito de drogas, secuestro de mujeres y/o niñas, violencia doméstica y otros;

Sistemas de Atención a Mujeres y Niñas que enfrentan la Violencia

1. Establecer servicios integrales y multisectoriales que den respuesta a todas las formas y manifestaciones de violencia contra las mujer, en todas las etapas de su vida, que incluya medidas de atención del sector justicia y policía; ayuda y asesoría legal; servicios de salud incluido el acceso a todos los servicios en salud sexual y reproductiva en todos los niveles y con el apoyo de todas las tecnologías disponibles; apoyo psicológico y social; líneas telefónicas de emergencia y servicios especializados para los niños y niñas que se encuentren en refugios; así como asistencia y apoyo hasta su recuperación; 

2. Asegurar el acceso a los servicios para todas las mujeres durante todas las etapas de su vida, que vivan en zonas rurales o marginales o aquellas que enfrentan diferentes formas de discriminación, tales como, discapacidades, que viven con una enfermedad crónica, incluyendo el VIH/SIDA, las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las mujeres migrantes; 

3. Adoptar medidas y acciones eficaces a partir de servicios de calidad y respuestas multisectoriales, para prevenir, atender a mujeres que enfrentan violencia, victimas y sobrevivientes, y eliminar los efectos de la violencia basada en género contra las mujeres, dentro de un marco de interculturalidad, con perspectiva de abordaje integral del ciclo de la vida, y basado en un enfoque de derechos sobre una base de no discriminación;

Marcos legales 

1. Asegurar la armonización de los marcos jurídicos nacionales con los marcos y estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo en ellos, los derechos humanos de las mujeres y de manera ineludible, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

2. Sancionar toda conducta o forma de violencia contra las mujeres y asegurar un sistema de justicia pronta y cumplida, que cuente con normas, procedimientos y protocolos que garanticen la protección, la investigación, la sanción, la reparación y rehabilitación de las víctimas; 

3. Establecer presupuestos que garanticen la protección, la atención y reparación de las mujeres que sufren violencia, y la aplicación de las leyes que las benefician; 

4. Adoptar leyes para sancionar el feminicidio/femicidio/muerte violenta de la mujer asociada al género, tanto en el ámbito público como privado, y establecer mecanismos de seguimiento de las mismas por jueces y fiscales; 

5. Tipificar la violencia sexual, la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho y revisar las normas de procedimiento penal, a fin de remover los obstáculos que podrían impedir a las mujeres obtener justicia pronta y cumplida en esos casos; 

6. Adoptar disposiciones que garanticen el tratamiento de profilaxis de emergencia para VIH/SIDA y de otras enfermedades de trasmisión sexual en los servicios públicos de salud, especialmente en los casos de violencia sexual;

Acceso a la justicia dentro de un marco de derechos humanos 

1. Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres, garantizando personal especializado para la atención de las víctimas y sus casos en todas las etapas procesales; 

2. Asegurar que las medidas de protección sean expeditas y efectivas, en todos los casos de violencia de género contra las mujeres, y vigilar su proceso de aplicación para adoptar las medidas correctivas y/o de fortalecimiento apropiadas; 

3. Fortalecer la capacitación y especialización del personal judicial, policial y de procuración de justicia, respecto del abordaje de la violencia de género contra la mujer; 

4. Alentar el uso de la jurisprudencia internacional y los estándares en materia de protección y debida diligencia; 

5. Impulsar la creación y estandarización de los Protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar adecuadamente todos los delitos relacionados con la desaparición, violencia sexual y feminicidio/femicidio/muerte violenta de la mujer asociada al género/ de mujeres, conforme a los estándares internacionales y con una perspectiva de género y un enfoque de derechos; 

Estadísticas, registros y rendición de cuentas 

1. Establecer registros en los órganos receptores de las denuncias, en tribunales y fiscalías y en los servicios de salud y atención que provean datos confiables sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres, conservando la privacidad de las víctimas; 

2. Implementar registros en la policía y el poder judicial para llevar una estadística de los feminicidio/femicidio/muerte violentas de la mujer asociadas con el género/ y todo lo que genera violencia de género, que contenga información desagregada que incluya entre otros, edad, raza, etnia, estado civil y relación con el agresor y ubicación geográfica; 

3. Tomando en cuenta las “Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer”, desarrollar e implementar sistemas de recopilación sistemática y coordinada de datos a nivel nacional y regional, con indicadores sobre las diferentes formas de violencia de género, a fin de que sirvan de base a evaluaciones sobre el impacto de las intervenciones y la formulación de políticas y medidas integrales de prevención, protección, atención, sanción, reparación y rehabilitación;

Agenda Post 2015 

Asegurar que en la agenda de desarrollo post 2015, la eliminación de todas las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer y la niña en todas sus dimensiones, sea considerado un imperativo ético y democrático, que incluya indicadores que midan el empoderamiento, la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia; 

Con el ánimo de contribuir a fortalecer la posición de nuestra región de América Latina y el Caribe, durante el 57º Periodo de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, nos comprometemos a trasladar el consenso manifestado en esta declaración a nuestras Cancillerías respectivas. 

Adoptado en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, a los once días del mes de febrero de dos mil trece.