Acceso a la tierra debe ser parejo
Mujeres rurales continúan en la lucha
En Nicaragua cuando las mujeres nacemos en el campo, desde chavalas aprendemos a trabajar la tierra sembrándola, limpiando o cuidando los plantíos y cosechando. Ya de jóvenes o adultas trabajamos lado a lado con nuestro compañero de vida o muchas veces solas con nuestras hijas e hijos como productoras activas.
Sin embargo, el aporte económico que como campesinas hacemos para la economía de nuestras familias y del país casi nunca es reconocido. De cada diez personas que poseen pequeñas y medianas parcelas de tierra solo 2 son mujeres y de cada 4 créditos que los bancos y otras instituciones financieras otorgan en las zonas rurales solo uno es asignado a una mujer. Esto solo para citar algunos ejemplos.
Para mejorar esta situación, en 2010 fue aprobada la Ley 717: Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales.
Con este mandato, el Estado deberá crear un fondo para comprar tierras que luego se venderían a mujeres para “…mejorar la calidad de vida del núcleo familiar, el acceso a los recursos financieros, priorizando a aquellas mujeres cabezas de familia, de bajos recursos económicos”, dice la letra de esta ley.
Pero, del dicho al hecho….
A las mujeres rurales les preocupa que a dos años que esta ley entró en vigencia, no se vean avances, así nos dice Olfania Mena Aguirre del Consejo de Administración de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales, Fenacoop.
“El año pasado fuimos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Banco Produzcamos, a la Asamblea Nacional, a un nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa creado en 2012. Vivimos tocándoles las puertas, enviando cartas, invitándoles para que nos escuchen, y no hemos obtenido respuestas concretas. Algunos diputados nos dijeron que esta ley no es una prioridad”, nos cuenta la cooperativista.
Según la ley, el Ministerio de Hacienda es una de las seis instituciones que, junto al Banco Produzcamos, son las responsables de hacer cumplir esta ley, como nos explica Olfania.
El problema es bien serio
Los diversos organismos del Estado han mostrado desconocimiento de sus responsabilidades para poner en marcha la ley. No se sabe cuántas mujeres necesitan comprar tierra y no se cuenta con suficientes recursos en el Presupuesto General de la República, así lo dice un diagnóstico sobre obstáculos para implementación de la Ley No. 717 realizado por la Coordinadora de Mujeres Rurales.
Pero más grave aún es que, a estas alturas ni siquiera existe el Comité de Administración del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, al que le toca formular las normas internas y externas para su funcionamiento. Todo esto confirma lo que las mujeres de cooperativas han denunciado: la ley no es prioridad ni para el Estado ni para la Asamblea Nacional.
Ahora el fondo para la compra de tierras es más necesario que nunca. “Hay menos tierra para alquilar, porque vienen productores de otros países y alquilan tierras pagando en dólares, con contratos de 5 a10 años”, nos informa Olfania.
Sumado a esta competencia desigual, ni los bancos ni las microfinancieras otorgan créditos para la compra de tierra, y menos si es una mujer quien lo solicita. La demanda de las mujeres rurales no es para que se les regale la tierra, sino para que se les facilite la compra de tierra para ser pagada a largo plazo y con intereses justos.
“Necesitamos asistencia técnica y financiamiento para hacer inversiones. Queremos que beneficien a mujeres con cierta experiencia y compromiso, incluyendo a las jóvenes, ya que ahora nos damos cuenta de que una joven sí puede tener compromiso y experiencia”, nos dice reflexionando Olfania.
Hay mucha caña que moler
El que hasta ahora la ley va a paso de tortuga, no significa que tenemos que conformarnos. Al contrario, esto debe ser un incentivo para que conozcamos qué derechos nos da esta ley y tomar acciones individuales y colectivas para gozar del derecho a ser dueñas de la tierra que producimos.
Según el diagnóstico que realizó la Coordinadora de Mujeres Rurales, tenemos que aprovechar las leyes que reconocen los derechos de las mujeres rurales para tener aún más respaldo a la hora de exigir que el Banco de Tierras sea una realidad.
En ese documento menciona que en las comunidades existen varios factores que facilitarían la aplicación de esta ley, como el hecho que en las mismas comunidades existen personas, organizaciones y equipos locales con gran conocimiento y experiencia sobre la situación de las mujeres rurales.
¿Cómo funcionará este Fondo?
El capital inicial con el que funcionará el Fondo para la compra de tierras con equidad de género saldrá del Presupuesto General de la República y será administrado a través del Banco Produzcamos, según dice la ley.
Este banco, junto a cuatro instituciones del Estado y la Coordinadora de Mujeres Rurales, será parte de un Comité Administrador del Fondo que se hará cargo de definir criterios para seleccionar a las mujeres beneficiarias, dar seguimiento a la compra de las tierras, establecer políticas, procedimientos y mecanismos administrativos que garanticen el cumplimento de los objetivos de este fondo.
Con las grandes y medianas propiedades rurales que se compren se va a constituir un Banco de Tierras. Esas propiedades serán desmembradas en parcelas y vendidas con garantía hipotecaria a mujeres rurales de escasos recursos económicos. Esto significa que la mujer que compre tierra pondrá esa misma tierra como garantía hasta que pague toda la deuda.
Estas parcelas no podrán tener más de 35.250 metros cuadrados por beneficiaria, esto es 3.52 hectáreas o casi 3 manzanas por cada familia. Aunque la ley no especifica el monto de los intereses por los créditos otorgados a las mujeres rurales, dice que “deberá ser en todo caso una tasa real positiva que garantice la sostenibilidad y crecimiento” del fondo.
Fortalecer alianzas
Algunos diputados de la Asamblea Nacional y representantes del Ministro de Economía Familiar, Cooperativa y Comunal que fueron consultados en el diagnóstico realizado por la Coordinadora de Mujeres Rurales dijeron que hay voluntad administrativa para la correcta aplicación de la ley. Valoran que ya hay algunos avances como el establecimiento de alianzas estratégicas y redes de colaboración entre instituciones y equipos locales de mujeres rurales.
Por su parte, la Fenacoop que agrupa a 620 cooperativas en todo el país ya se ha trazado una estrategia de trabajo en coordinación con las alcaldías a las que harán un monitoreo permanente del cumplimiento sobre su política de género y desde ahí incidir para que se den pasos concretos para la aplicación de esta ley.
“Las alcaldías saben si hay tierras disponibles, dónde están y qué cuestan. Los precios son diferentes en cada municipio, y también es diferente el número de mujeres que necesitan tierra. Sin tener esta información, la Asamblea Nacional no sabe cuánto dinero se necesita para aplicar la ley”, nos dice Olfania.
Las alcaldías de Muelle de los Bueyes, San Juan del Río Coco y Matagalpa ya tienen fondos para comprar tierras destinadas a mujeres, nos comparte la líder. “Ahí vamos a monitorear cómo se desarrollará este proceso”, nos dice con seguridad Olfania.
Toda la comunidad
Integrarse a las Comisiones de Seguridad y Soberanía Alimentaria junto a líderes territoriales y aprovechar que muchas de las cooperativistas salieron electas como concejalas, son otras de sus acciones para incidir en que sea toda la comunidad la que exija la aplicación de la ley.
Además, esperan que la tierra se legalice a nombre de la mujer, que su nombre quede en la escritura. “No queremos que la tierra sea mancomunada, para que las mujeres se sientan verdaderas dueñas”, insiste Olfania.
Esta estrategia no significa que las mujeres vamos a hacernos cargo de todo y las instituciones del Estado pueden cruzarse de brazos. Se trata de asumir el liderazgo, establecer las coordinaciones y avanzar en conjunto. Las mujeres tenemos derecho a la tierra y podemos demandar la aplicación de leyes que hagan realidad nuestro derecho.
Tengamos presente que esta ley no es solo para comprar tierras, sino para que las mujeres rurales nos empoderemos y fortalezcamos la producción rural garantizando una vida digna para nosotras.
Acciones que podemos realizar para que se cumpla la Ley 717
Exigir que se realice un censo agropecuario para conocer como está hoy la situación de las mujeres rurales y sus necesidades como productoras.
Juntarnos en el municipio con otras compañeras, organizarnos para dar seguimiento a la aplicación de esta ley.
Establecer coordinaciones entre los liderazgos territoriales y las autoridades municipales, para definir dónde están las tierras que el fondo puede comprar para luego venderlas a las mujeres rurales.
Demandar que las instituciones del Estado informen sobre las tierras que están en su poder y que pueden servir para el fondo.
Exigir que en el Presupuesto General de la República se asigne dinero para la creación del banco de tierras y que las y los diputados lo aprueben.
Reclamar que las autoridades públicas y el Banco Produzcamos conformen cuanto antes el Comité Administrador del fondo, para que elabore políticas, procedimientos y mecanismos de su funcionamiento.
El Comité Administrador del Fondo para la compra de tierras con equidad de género estará integrado por
- La persona que preside el Banco de Fomento a la Producción, quien será el presidente
- Representante del Ministerio Agropecuario y Forestal
- Representante del Ministerio de la Mujer
- Representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales
- Representante del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural
- Representante del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables.
Por Helena Ramos
Fuente: Puntos de Encuentro
