La conjugación de género y discapacidad duplica el riesgo de violencia
El Foro Justicia y Discapacidad presentó este lunes ’Mujer, discapacidad y violencia’, un libro que analiza la sumatoria de “vulnerabilidades” que acumula la población femenina con discapacidad. Efectivamente, violencia y abusos se conjugan en ellas como consecuencia de la interacción de dos factores claves: el género y la discapacidad.
A juicio de Ana Peláez, comisionada de género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), estas variables, género y discapacidad, “habitualmente no han sido considerados ni por las políticas en materia de violencia contra la mujer, ni tampoco por las dedicadas a las cuestiones de discapacidad”. De este modo, desde los aún escasos estudios e investigaciones sobre este tema, generalmente provenientes de Europa, América del Norte o Australia, se señala que más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella.
Es destacable también que un 40 por ciento de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, como señala el Consejo de Europa. Una cifra, que según Peláez, quedará seguramente corta, puesto que las estadísticas se hacen fuera de los cauces habituales y en buena medida parten de encuestas realizadas en el ámbito familiar de la víctima, donde no responderá seguramente con sinceridad.
Según el Informe del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea de 2004, casi el 80 por ciento de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual.
Así como las mujeres sin discapacidad son objeto de una violencia mayoritariamente causada por su pareja o ex pareja, las mujeres con discapacidad, el 68 por ciento de las cuales vive en instituciones, están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores.
El libro ’Mujer, discapacidad y violencia’ está dirigido por Pío Aguirre y Manuel Torres, ambos magistrados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPG) y presidentes del Foro Justicia y Discapacidad, y consta de nueve capítulos, en los que se analizan, entre otros, aspectos como el maltrato a las mujeres mayores o la situación de las mujeres con discapacidad, su intimidad y violencia.
Invisibles
En cuanto a la concienciación social, el trabajo señala que si bien podría decirse que ha aumentado con respecto a “la necesidad de intervenir con aquellas mujeres que han adquirido una discapacidad como consecuencia de un acto de violencia”, las que sufren esa violencia precisamente por el hecho de ser mujeres con discapacidad siguen permaneciendo invisibles.
En términos globales, los datos muestran que las mujeres con discapacidad, en relación a sus dos grupos naturales de referencia (hombres con discapacidad y mujeres en general), presentan un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor dependencia económica respecto de la familia o personas responsables de apoyarlas, mayor dependencia socio afectiva y emocional, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección socio sanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. “Todo lo cual se traduce en una mayor exposición a sufrir cualquier tipo de violencia”, sentencia el estudio.
La responsable del Cermi propone que “ante este panorama desolador”, los poderes públicos, administraciones públicas y, complementariamente, la sociedad civil, “tomen las medidas necesarias” para desarrollar iniciativas que “analicen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la discriminación y violencia”, proponiendo acciones concretas para su “prevención y atención adecuadas”.
El manual apuesta, entre otras medidas, por establecer un servicio de orientación jurídica gratuito para las personas con discapacidad, por ofrecer formación específica a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al personal sanitario y por eliminar barreras mediante servicios como intérpretes de lengua de signos.
Fuente: AmecoPress.
