Más espinas que rosas para floricultoras de Kenia
Los establecimientos florícolas de Kenia no siempre cumplen con las regulaciones laborales internacionales. Crédito: Suleiman Mbatiah/IPS.
Catherine Mumbi conoce las dificultades de trabajar en la floricultura de Kenia. La despidieron como trabajadora temporera de un establecimiento del sector luego de tomarse tiempo libre para recuperarse de complicaciones hepáticas. Pero ese fue apenas el inicio de sus problemas.
“Cuando me sentí mejor volví, pero mi superior me pidió que mantuviera relaciones sexuales con él para permanecer en mi puesto. Me negué”, dijo Mumbi, quien se había tomado dos meses de licencia con motivo de su hospitalización.
“A la mañana siguiente, un vigilante llamó a mi puerta con una carta en la que decía que ya no tenía empleo y que debería marcharme inmediatamente del complejo de la empresa”, relató a IPS.
“Estoy sin trabajo desde entonces… Sobrevivo gracias a la generosidad de la gente desde diciembre de 2011”, agregó.
Hay una posibilidad de que el trabajo de Mumbi también le haya causado su enfermedad.
IPS visitó algunas plantaciones de flores en Naivasha, en la occidental provincia de Rift Valley, donde el acceso es restringido y abundan los guardias de seguridad. Aquí, para cientos de trabajadoras como Mumbi, una rosa sana significa una vida más corta.
Dentro de los invernaderos, que miden hasta ocho por 60 metros, todo está tranquilo excepto por un supervisor que ocasionamente “ladra” sus órdenes. Las tareas de arrancar y podar las flores continúan sin alboroto, mientras se van apilando montones de rosas recién cortadas.
Ni siquiera el olor de los productos químicos que les acaban de rociar parece interrumpir el orden y la disciplina en los invernaderos que han surgido en Naiposha, otrora un terreno irregular a 30 kilómetros de la ciudad de Naivasha.
Según Charles Kasuku, un trabajador social de Naivasha que participó en una auditoría previa sobre las condiciones laborales en el sector floricultor de Kenia, hay instancias en las que las etiquetas de los productos químicos son cambiadas para evitar que las identifiquen como tóxicas.
Por ejemplo, las campañas para eliminar el bromuro de metilo, un veneno de alta toxicidad, empezaron ya en 1998. Pero hay evidencias de que la sustancia todavía se usa.
“Esto explica por qué se reportan casos de pacientes con enfermedades extrañas en los centros de salud que se encuentran en las cercanías de las granjas dedicadas al cultivo floral”, dijo a IPS.
“Hace poco, una extrabajadora murió de lo que los médicos señalaron como complicaciones químicas”, agregó.
Expertos del Instituto de Investigaciones Médicas de Kenia (Kemri, por sus siglas en inglés) dijeron a IPS que la mayoría de las enfermedades prevalentes causadas por la exposición a sustancias incluyen problemas hepáticos, complicaciones respiratorias y cáncer, además de incapacidad sexual.
“Pero los efectos severos de estas exposiciones pueden ocurrir muchos años después de que las trabajadoras fueron despedidas de sus empleos”, dijo a IPS el médico Mohammad Karama, del Kemri.
“Las personas no deberían trabajar horarios extendidos en estos invernaderos”, opinó.
Más de una década después de que la sociedad civil empezara a plantear sus preocupaciones al respecto, algunos documentales registran el alcance de los abusos a los derechos humanos que se cometen en los establecimientos floricultores de Kenia.
Uno de ellos, “Women of Flowers” (Las mujeres de las flores), plantea que las trabajadoras del sector reciben pagas tan bajas que no pueden pagar una factura de hospital.
El año pasado, un debate parlamentario indicó que a ellas se les paga alrededor de 47 dólares al mes, muy por debajo de los 118 dólares que la Constitución de Kenia recomienda para quienes realizan trabajos como temporeros.
Quienes se emplean en estas fincas temen hacer declaraciones por temor a perder sus puestos y medios de sustento. Además, un informe divulgado en mayo por Workers Rights Watch, una asociación registrada de trabajadores, delegados sindicales y líderes clave en Kenia, señala que 60 por ciento de las mujeres que se emplean en el sector florista son víctimas de acoso sexual.
La Autoridad de Desarrollo Hortícola estima que en el sector trabajan más de 70.000 mujeres. El Consejo de las Flores de Kenia (KFC) sostiene que esta actividad emplea a casi 100.000 personas. Según la misma entidad, hay alrededor de 2.500 pequeñas fincas agrícolas y más de 150 medias y grandes.
La horticultura es una de las principales fuentes de divisas para Kenia, y el KFC estima que la industria genera alrededor de 1.000 millones de dólares de ganancias anuales. Pero para miles de mujeres que trabajan aquí, la necesidad de obtener su dinero significa sufrir en silencio.
Según expertos en asuntos legales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga a los gobiernos a proteger a su fuerza laboral de los excesos y abusos industriales.
Al mismo tiempo, las operaciones comerciales son respaldadas por la Dirección Keniata de Seguridad Ocupacional y Servicios de Salud, que se espera empodere a los sindicatos en su lucha por el bienestar de los trabajadores.
“Ya no hay más inspecciones laborales”, dijo a IPS la encargada de programa de los Servicios de Desarrollo Basados en la Comunidad, Mary Kambo, a propósito de la implementación del Convenio de la OIT sobre la Inspección del Trabajo.
Sin embargo, la secretaria permanente del Ministerio de Trabajo, Beatrice Kituyi, dijo que esas acusaciones no tienen sentido, dado que incluso desde el sitio web de esa cartera se puede acceder a registros que muestran el avance logrado por Kenia en la implementación del Convenio.
Mientras, algunos sindicalistas son optimistas en cuanto a que aunar esfuerzos por el bienestar de los trabajadores keniatas no es una causa perdida.
El KFC también dijo que ha conminado a sus miembros, principalmente cultivadores de flores a gran escala, a que cumplan con estándares sanitarios y ambientales.
Según Jane Ngige, presidenta del KFC, se espera que los cultivadores de flores cumplan requisitos relativos al comercio, los estatutos, el ambiente, la salud, la seguridad, la trazabilidad y los estándares sociales, tal como está consagrado en el Código de Práctica y Comercio Limpio del Consejo.
“No permitimos que los establecimientos rurales asociados con abusos a los derechos humanos sean miembros del Consejo”, dijo a IPS. “Tienen que cumplir con los estándares éticos”, añadió.
Pero el activista Benjamin Tilapei señaló a IPS: “El Consejo de las Flores solo se preocupa por los productores ricos, y no por los pobres que trabajan en los establecimientos”.
Por David Njagi
Fuente: IPS
