octubre 23, 2013

Parlamentos e igualdad de género: cambios organizacionales a tener en cuenta

En la región, las mujeres actualmente gozan del derecho a elegir sus gobernantes y a ser electas para órganos representativos del Estado. En el Poder Legislativo tienen una presencia creciente, un fenómeno que se ha desarrollado junto con la adopción de cuotas electorales por sexo en varios países y más recientemente por los criterios de paridad en Ecuador, Bolivia y Costa Rica.

Con la llegada de un mayor número de mujeres al Poder Legislativo, se ha investigado la representación sustantiva de mujeres, es decir, si las legisladoras presentan proyectos que favorezcan los derechos de las mujeres, si estos proyectos resultan aprobados y cómo trabajan en las comisiones que integran.

Actualmente existe un abundante corpus de estas investigaciones en los países de la región que, más allá de algunas excepciones, han mostrado que las mujeres han introducido una agenda en materia de igualdad de género en los Poderes Legislativos nacionales. 

Ana Laura Rodríguez es profesora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigadora CONICET*.

La agenda de igualdad de género es un proceso de construcción colectiva en cuyo seno las batallas retóricas en torno a los derechos humanos de mujeres tienen un papel central. Esto supone prácticas políticas de articulación y agregación de intereses en el marco de redes de actores, más que dentro de instituciones auto-contenidas. A título ilustrativo, por ejemplo, las legisladoras de la región participan de múltiples campañas a favor de los derechos de las mujeres, están presentes en foros diversos de debate e instalan discusiones sociales gracias a su llegada a los medios en torno a tópicos como el femicidio/feminicidio, los derechos sexuales y reproductivos, las condiciones de trabajo de las mujeres, etc. Además, participan en espacios regionales.

No debemos olvidar además que las medidas legislativas de los países latinoamericanos están estrechamente asociadas a las observaciones hechas a los Estados parte por el Comité CEDAW. El Comité ha hecho observaciones conceptuales y temáticas en materia legislativa bajo el supuesto de que la igualdad de jure es una premisa indispensable para alcanzar la igualdad de facto de las mujeres. De esta forma, la representación sustantiva es la puesta en marcha de una transformación en el régimen de las ideas en torno a la desigualdad que procura ganar legitimidad.

Algunas miradas de la sociología de las organizaciones y la sociología política procuran examinar, más colectivamente, cómo se construyen los procesos de representación, quiénes son los actores involucrados desde las instituciones políticas pero también desde colectivos sociales que están en interacción con estas instituciones. Al recuperar las nociones de campo institucional de género y de prácticas políticas podemos examinar no solamente las presentación de iniciativas (y su aprobación en el recinto parlamentario) por parte de legisladoras sino también visualizamos la difusión de ideas, la construcción de interpretaciones y la rendición de cuentas como prácticas asociadas con la representación sustantiva.

En consecuencia, la construcción de una agenda que se basa en los derechos humanos de mujeres (no exenta de conflictos interpretativos) ocurre gracias al hecho de que los actores legislativos están en un campo organizacional que trasvasa fronteras institucionales e incluso nacionales. El Poder Legislativo es un nodo en un entramado más amplio compuesto por comisiones de igualdad, sus unidades técnicas para la transversalización de género, los grupos parlamentarios de mujeres (o bancadas femeninas) y a las profusas redes que las legisladoras mantienen con actores de la sociedad civil, el resto del estado, sus pares regionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De este modo y visto desde un ángulo de género, el Poder Legislativo es una institución vital y activa inserta en múltiples redes y parte de un campo organizacional más amplio. El Poder Legislativo no es una institución cerrada sino un espacio estratégico e históricamente construido con fronteras permeables en lo que respecta a la conformación de una agenda de derechos humanos de las mujeres.

Fuente: América Latina Genera

*Esta nota es fruto de un trabajo comparativo de la institucionalidad de género en los poderes legislativos en varios países de la región, en el que participa Nancy Madera, profesora auxiliar de UNSAM y doctoranda en ciencia política por la Escuela de Política y Gobierno de UNSAM.

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