Tras las europeas, vuelve la reforma de la ley del aborto

La Ley orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada llegará previsiblemente al Congreso de los Diputados, tras sortear la campaña electoral de las europeas, en torno al mes de julio. El calendario previsto contempla recibir en junio los informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal –que van por su tercera prórroga-, para llevar el texto de nuevo al Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al Congreso en julio.

Aunque el texto tiene un articulado escaso, los informes judiciales se han retrasado, adaptándose a las demandas del Gobierno, que no tenía ningún interés en reavivar el debate antes del 25 de mayo. El Consejo General del Poder Judicial encargó el informe a dos vocales, una de tendencia progresista -elegida a propuesta del PSOE- y otra conservadora -designada por el PP-.

La vocal progresista terminó su trabajo hace más de un mes, proponiendo el descarte completo de la nueva normativa. Solo ahora, Carmen Llombart –la parte conservadora del Consejo- ha presentado su informe, en el que recomienda incluir como supuesto legal de aborto la anomalía fetal incompatible con la vida. Es decir, que una mujer embarazada de un feto inviable pueda abortar sin tener que acreditar que eso le genera un daño psicológico.

En la redacción actual del anteproyecto de ley solo hay dos supuestos legales en los que se permite el aborto: violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”. La vocal propone añadir otro: el de anomalía fetal, aunque solo si esta es “incompatible con la vida”.

El pleno del CGPJ se reunirá la semana próxima para debatir este informe y el elaborado por la vocal Pilar Sepúlveda, que pedía directamente la retirada del anteproyecto y defendía la vigente ley de plazos. El informe definitivo, que no es vinculante, será entonces elevado al Gobierno.

Profesionales de la salud

Tampoco el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha remitido a Gallardón el informe en el que debe ahondar en la norma desde el punto de vista sanitario. Supuestamente, el aborto, en los casos que estrictamente permite la ley, seguirá siendo una prestación sanitaria pública y financiada. Por tanto, el informe del Ministerio que dirige Ana Mato es fundamental. También, deberá analizar los efectos de que se permita la objeción de conciencia de cualquier profesional sanitario hacia este tema y no solo la de aquellos que participan de manera directa en la intervención, como indica la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva que el Gobierno pretende derogar.

En ese sentido, el informe de Carmen Llombart considera innecesario que los dos médicos que deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o clínica distintos del que luego va a practicar la interrupción del embarazo. Lo califica como “exigencia desproporcionada”. Además, avala que se extienda el derecho a la objeción de conciencia a todos y todas las profesionales sanitarias que se vean implicadas en un aborto, siempre que se garantice, al mismo tiempo “que los establecimientos y centros, públicos y privados, autorizados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto”. Es decir, que en todos los centros haya profesionales que no ejercen la objeción de conciencia y por tanto puedan en todo momento practicar un aborto legal.

Además de solicitar informe a todas las autonomías, el anteproyecto también ha sido enviado a otras organizaciones, entre las que se encuentran algunas de las firmantes del Consejo de Participación de la Mujer, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Juristas Themis o la Federación de Mujeres Progresistas. Y a organismos como la Agencia Española de Protección de Datos al Consejo Nacional de Discapacidad y al Comité de Bioética, dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Igualmente, ha solicitado informe al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial. Además, ha remitido el texto al Consejo General de Colegios de Enfermería, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de mujeres progresistas, la Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres (CELEM), la Asociación de mujeres juristas Themis, Mujeres para la salud, Asociación de Mujeres Opañel, Asociación de mujeres concejalas del 79 y la Federación de asociaciones de mujeres rurales (Fademur). También cuentan con el anteproyecto la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, Asociación universitaria contra la violencia machista, Fundación Mujeres, Asociación Unidos por la Vida Asociación hazteoir.org, Plataforma de mujeres ante el Congreso, Plataforma feminista del Ateneo de Madrid, Save the Children, Plataforma decidir nos hace libres, Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI),Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Fundación Red Madre y al Comité Español de Representantes de Minusválidos.

Cifras, organizaciones y personas expertas respaldan la actual ley

Un número más que significativo de personas y organizaciones han emitido informes y alegaciones contra el anteproyecto de ley de Gallardón y han advertido de las terribles consecuencias que tendrá en la salud de las mujeres, que se verán abocadas a salir del país para abortar o a hacerlo de forma clandestina. También recuerdan que la actual ley cuenta con un amplio consenso social y que con ella, el número de interrupciones voluntarias del embarazo, lejos de aumentar, ha disminuido.

Pero el Gobierno tiene previsto aprobar definitivamente su proyecto de ley a mediados de junio y pretende celebrar un pleno extraordinario en el Parlamento que se convocará en el mes de julio para votar las numerosas enmiendas a la totalidad que presentará la oposición. De esa manera, la ley podría aprobarse definitivamente en el próximo periodo de sesiones (entre septiembre y diciembre de 2014) para su entrada en vigor a primeros de 2015.

Fuente: Amecopress