Se necesita rendir cuentas por las violaciones contra defensoras indígenas.
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Lxs feministas apoyan el llamado de la Relatora Especial a la justicia sobre los ataques y la criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos.
Declaración efectuada por Action Canada for Population and Development, en nombre de AWID y la Iniciativa por los Derechos Sexuales, el 19 de septiembre de 2018 en la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Apreciamos el reporte de la Relatora Especial sobre los ataques y la criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos.
Efectuamos esta declaración en honor a la vida de Berta Cáceres, feminista indígena defensora de la tierra y el territorio quien luchó contra los intereses corporativos y gubernamentales que quisieron destruir la tierra ancestral y los ríos de su comunidad para construir un proyecto hidroeléctrico en las tierras Lenca de Honduras. Dos años después de su asesinato su familia y defensoras indígenas de la tierra aún buscan justicia.
Hay amplia evidencia de tendencias globales de represión y violencia de género específica perpetrada por empresas y actores estatales y no estatales –incluidas corporaciones y compañías privadas, autoridades de estados y locales, fuerzas policiales y militares, como también servicios de seguridad privados en el contexto de mega desarrollos y proyectos mineros. Mujeres indígenas y personas de todos los géneros, edades, razas y etnias arriesgan su libertad y su vida defendiendo los derechos humanos, sus comunidades, y el bienestar de nuestro planeta cuando desafían poderosos intereses políticos y económicos. El racismo estructural y el poder patriarcal existentes configuran la geopolítica del extractivismo, que falla en brindar el desarrollo que promete. Por el contrario, un modelo extractivo de desarrollo causa pobreza, profundiza la desigualdad económica, social y de género y lleva a violaciones a los derechos humanos y la destrucción ambiental.
Mujeres indígenas que defienden la tierra y el territorio son sujetas de criminalización, campañas de desprestigio y difamación con particular referencia a su sexualidad y su rol como mujeres y madres. La violación y la violencia sexual son usadas como armas contra las mujeres indígenas defensoras, amenazas dirigidas hacia su familia son otras formas de tortura psicológica. Su derecho a la autonomía corporal y autodeterminación es rutinariamente infringido y estas violaciones son exacerbadas cuando el género intersecta otras formas de opresión como la discriminación étnica y racial.
Como Lolita Chávez, una defensora de derechos humanos de Guatemala, explica:
“Las amenazas son muy específicas hacia las mujeres indígenas, y hay también un racismo muy fuerte contra nosotras. Se refieren a nosotras como esas indias rebeldes que no tienen nada que hacer, y nos consideran menos que humanas.”
Demandamos que los estados aseguren la rendición de cuentas por estas violaciones a los derechos de las comunidades indígenas por los representantes de los estados, compañías de seguridad privadas y corporaciones. Los proyectos extractivos y la apropiación de tierras deben tener en cuenta el libre, previo e informado consentimiento de las comunidades indígenas, y abstenerse de ejecutar proyectos cuando las comunidades han expresado su oposición a actividades extractivas o mineras.
Adicionalmente, un marco legal que reconozca el rol que las Defensoras de Derechos Humanos cumplen en la promoción de la responsabilidad corporativa y que garantiza un ambiente seguro es esencial para que ellas lleven adelante su trabajo.
Finalmente, es fundamental fortalecer el marco regulatorio de comportamiento empresarial con medidas legalmente vinculantes como el instrumento desarrollado por el Grupo Intergubernamental para regular Compañías Transnacionales y otros emprendimientos.
Fuente: Awid
