La Directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María Noel Vaeza señala que “Las trabajadoras del hogar son de las más afectadas por la crisis”
Maria-Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Foto: ONU Mujeres / Ryan Brown
Las trabajadoras del hogar son uno de los colectivos más afectados por la crisis desencadenada por la COVID-19 debido a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector. Así lo asegura la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María Noel Vaeza.
“Tradicionalmente el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo extensas jornadas, bajos salarios, trabajo forzoso y una escasa o nula protección social. Esta situación es el reflejo de la escasa valoración social y económica que las sociedades suelen otorgar a esta actividad, lo que en muchas situaciones se refleja en la ausencia de legislaciones adecuadas o en la falta de una aplicación efectiva”, explica la directora.
Para Noel Vaeza, las trabajadoras domésticas “están ocupando un lugar crucial dentro de la respuesta por el papel que juegan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del virus“.
Sin embargo, datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), señalan que las medidas impuestas por la cuarentena ha afectado al 70,4% de las trabajadoras remuneradas del hogar. Estos problemas “se traducen en desempleo, reducción de las horas de trabajo o pérdida de salarios”, señala.
Bajos salarios y escasa afiliación a la seguridad social
Dieciséis países de América Latina y el Caribe han ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, sin embargo, solo en 8 naciones de la región el salario mínimo del trabajo doméstico está equiparado al salario mínimo nacional. “Una consecuencia de esto es que los ingresos del trabajo doméstico son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas“, asegura la directora.
A esto se suma la poca cobertura en afiliación a la seguridad sociales, pese a que en la mayoría de los países es obligatoria. “En países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú no llega al 10%“, detalla.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto y exacerbado estas injusticias previas”.
Medidas que garanticen derechos laborales
Para la directora regional, es fundamental impulsar medidas para garantizar la retención de los empleos y activar o ampliar las prestaciones por desempleo y los subsidios sociales de emergencia. “Para beneficiar a aquellas trabajadoras remuneradas del hogar que hayan perdido parte de sus ingresos”.
Además, garantizar la cobertura en salud para todas las trabajadoras, incluidas las trabajadoras migrantes y las que trabajan en la informalidad. “Se necesita igualmente fomentar la formalización facilitando los trámites para el registro en la seguridad social y medidas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la ley”.
“La formalización implica el acceso efectivo a la protección social para un gran contingente de mujeres. Además, mitigará los efectos de la crisis y disminuirá su situación de vulnerabilidad”, sostiene Noel Vaeza.
La directora llama a los Estados a incluir al trabajo del hogar remunerado entre los sectores económicos a apoyar dentro de los paquetes de estímulos y reactivación.
“Los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar permitirá reducir esas discriminaciones múltiples que enfrentan por ser mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, y sin acceso a educación o formación profesional en muchos casos y así reconstruir mejor tras la crisis. Es una asignatura pendiente con quienes nos cuidan”, concluye.
Por Cristina Bazán
Fuente: Efeminista
