Acoso y Violencia política hacia las mujeres en las redes sociales
La violencia es fruto de la voluntad que los sujetos tienen sobre el control y la mujer ha estado objetivada durante mucho tiempo y ha sido considerada propiedad por parte de los hombres. El artículo se centra en la violencia que se genera en las redes sociales, sobre todo, hacia las mujeres y específicamente en el marco del ejercicio de sus derechos políticos
El mundo de las relaciones personales se ha visto transformado por la aparición de las tecnologías aplicadas a las comunicaciones sociales provocando un gran cambio en la manera en la que el ser humano se relaciona. Las redes sociales, cuyo origen se remonta al año 1971 al enviarse el primer mail, son estructuras sociales compuestas de grupos de personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones, las cuales han conocido un desarrollo espectacular, sobre todo, desde el año 2000 cuando se inauguró la “burbuja de Internet”, surgiendo aplicaciones como Facebook (2004), Twitter (2006) o Instagram (2010), informa Agora.
El origen de la violencia contra la mujer ha estado vinculado a la historia de la civilización como forma de control y castigo a las mujeres, en base a la creencia de que la mujer era inferior respecto al hombre y, por ende, sometida a éstos, basándose en diversos supuestos morales, intelectuales, biológicos y religiosos que se fueron transmitiendo de forma naturalizada a través de la mayor parte de los agentes sociales. La violencia es fruto de la voluntad y capacidad que los sujetos tienen sobre el control de los sujetos, y la mujer ha estado objetivada durante mucho tiempo y ha sido considerada propiedad por parte de los hombres.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». La violencia contra la mujer se ha ejercido tradicionalmente en el ámbito privado, pero tras las luchas llevadas a cabo para lograr la integración de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su participación plena en espacios públicos, la violencia endémica que sufrían las mujeres ha sido transferida al ámbito público. En el contexto social actual, marcado por la violencia social, las mujeres son las primeras en experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos, lo que pone en cuestión la máxima de que el espacio público es un lugar de y para todos.
La participación de la mujer en la arena política es reciente, ya que las primeras formas de gobierno democrático no incluyeron a las mujeres como miembros de la ciudadanía. En 1890 ninguna mujer tenía prerrogativas electorales a nivel nacional. La vinculación de las mujeres a movimientos de reforma social a finales del siglo XIX fue desde un principio la plataforma para la acción política y pública de mujeres que tomaron conciencia de la desigualdad de posición civil en la que estaban, ya que no disfrutaban de derechos ciudadanos básicos como el derecho de propiedad y el derecho de voto. El movimiento sufragista, que surgió en EEUU e Inglaterra a finales del siglo XIX y se expandió rápidamente, alcanzó el reconocimiento de las mujeres para participar como ciudadanos primero en Nueva Zelanda (1893) y luego en Australia (1902), lográndose la igualdad de sufragio en más de 30 países en 1930 hasta que en 1950 se incluyó en todas las nuevas constituciones dicha igualdad de género en los derechos de sufragio.
Los datos actuales respecto a la representación de las mujeres en puestos ejecutivos políticos muestran todavía la necesidad de mejorar el acceso de la mujer en este ámbito: actualmente sólo un 5,2% de los Jefes de Gobierno, un 6,6% de los Jefes de Estado y el 24% de los parlamentarios a nivel mundial está en manos de mujeres.
A medida que las mujeres desafían las normas de género que tradicionalmente las han mantenido fuera de la política van encontrando hostilidad y violencia en dicho avance. ONU Mujeres afirma que las mujeres que logran participar en política sufren diversas prácticas de acoso y/o violencia política, lo que conlleva la obstrucción del ejercicio real de sus derechos político-electorales ya que afecta tanto a su acceso como a su permanencia en el espacio político electoral.
Aunque el concepto de violencia contra las mujeres en política es relativamente nuevo, el fenómeno que describe no lo es. Muchas de las mujeres que deciden participar en la competencia político electoral suelen ser percibidas como una amenaza a la hegemonía masculina y frecuentemente se apela al ejercicio de la violencia como estrategia para expulsarlas del espacio público; poniendo de manifiesto la disociación existente entre las prácticas orientadas a la participación política femenina y los avances alcanzados en el plano formal. Esta discrepancia denota la ausencia de cambios significativos en la cultura política partidaria.
Los actos de violencia que surgen en el campo de la participación política de las mujeres, se pueden clasificar en acciones de Acoso Político y Violencia Política, cuya definiendo aparece muy clara y precisa en la Ley 243 del 2012 de Bolivia11, una de las leyes más avanzadas en la regulación del Acoso y Violencia Política hacia las mujeres a nivel internacional:
Se entiende por Acoso Político: el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Se puede definir la Violencia Política: como todas las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Algunas cifras respecto al acoso y violencia política contra las mujeres en los parlamentos
El 81,8 por ciento de las mujeres había sufrido violencia psicológica. El 46,7 por ciento tenía miedo por su seguridad y la de su familia. El 44,4 por ciento había recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro.
El 25,5 por ciento había sufrido violencia física en el parlamento.Fuente: Estudio realizado por la Unión Interparlamentaria del año 2106 sobre el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres en los parlamentos, realizado en 39 países de cinco regiones y 42 parlamentos.
Si todos estos factores entran en interrelación: violencia, participación política de las mujeres y redes sociales, brota la violencia digital hacia la mujer, que si bien no es un nuevo concepto de violencia hacia las mujeres, es un nuevo espacio donde se reproducen de manera magnificada la mayoría de las violencias estructurales que sufren las mujeres, donde los estereotipos del sistema patriarcal y la tensión entre géneros, se reproduce, agravado por la impunidad y anonimato que ofrece este nuevo tipo de interacción.
La Violencia Digital de Género o Ciberacoso comprende los actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente por el Uso de Internet y otras Tecnologías de Información y Comunicación causando: daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas, obstaculizan nuestra participación en la vida pública, y pueden propiciar otras formas de violencia física o sexual.
Los tipos de violencia de género digital son múltiples, pudiendo destacar algunos como el Acceso y control no autorizado de cuentas o hackeo; el Control y manipulación de la información; la Difusión de fotos íntimas o información privada; el Robo de identidad/creación de perfiles falsos; la Distorsión de imágenes o videos y otro contenido falso; el Acoso; el Discurso de odio, amenazas, extorsión o los Ataques coordinados.
Los efectos de la violencia de género digital se producen tanto en el ámbito personal como en el social. Personal en cuanto a las afectaciones físicas y psíquicas que inciden en la vida de la persona que padece la violencia; y social en cuanto puede provocar que las mujeres se autocensuren y se abstengan de hablar libremente. Como consecuencia, hay una restricción de la capacidad de presencia y de ser parte de los diversos movimientos y comunidades de activismo, limitando el grado de participación de las mujeres en debates de interés público, proceso de toma de decisiones, y perpetúa la manera en la que se construyen los espacios de ciudadanía digital: en base a la exclusión de las mujeres y otros grupos minoritarios.
El ciberacoso a mujeres políticas es una práctica muy extendida y recurrente, está muy bien organizada, ejercida por actores con un gran conocimiento de las redes y con el objetivo definido de desprestigiar y humillar a las mujeres candidatas, deslegitimando las habilidades de las mujeres lideresas, centrándose todas las acciones de acoso y violencia en la imagen de la mujer y utilizando su vida privada y familiar de manera indiscriminada para dañarla. La meta es conseguir la renuncia de las mujeres e impedir el disfrute de sus derechos políticos.
Según investigaciones de la Unión Interparlamentaria respecto a la violencia en el terreno político revelaron que más del 80% de las mujeres encuestadas y que eran miembros de Parlamentos (MP) habían sufrido actos de violencia psicológica, que incluían, entre otras cosas, amenazas de muerte, violación, golpizas o secuestros durante sus períodos parlamentarios. Los comentarios sexistas y misóginos, las imágenes humillantes, los fotomontajes, la intimidación y las amenazas contra las mujeres en la vida pública o las que expresan opiniones políticas públicamente se han convertido en algo común.
En definitiva, la mujer en su exposición pública, sigue encontrando barreras para disfrutar del ejercicio de sus derechos fundamentales, ya que proliferan las manifestaciones violentas, con el objetivo de impedir la participación de las mujeres en política, acto gravísimo pues erosiona los cimientos de cualquier Estado de Derecho y Democracia, al no poder garantizar los derechos fundamentales a sus miembros.
Estas prácticas de Violencia Digital de Género se producen en todos los países, no limitándose a los países en desarrollo donde la capacidad del Estado es más débil. Actos de esta naturaleza ocurren en las sociedades desarrolladas donde el Estado es lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir la ley y la violencia no está sistematizada. Es evidente que las diferencias en la capacidad del Estado no afectan la existencia de la violencia contra las mujeres en la política, pero éste sí puede influir en las manifestaciones prevalentes y en las formas que se usan para atacar a las mujeres.
Para acabar con este problema, que agrede los cimientos de las democracias y Estados de Derecho más sólidos, la ciudadanía debe de exigir más transparencia y más regulación tanto a sus respectivos Estados como a las empresas de tecnologías para poder disfrutar de una mayor seguridad y que el tratamiento de los datos personales y de los perfiles incorporados a las determinadas plataformas sean usados de manera racional y en el marco de derechos y obligaciones.
Transparentar los programas y algoritmos utilizados en sus plataformas, para que conduzcan de manera segura a información que no incremente la violencia y el odio, ya que actualmente estos algoritmos no mejoran la situación, sino que contribuyen a la violencia.
Los Estados deben de reconocer que la violencia digital afecta a los derechos humanos. Se debe de fomentar la creación de procesos de atención y acompañamiento a mujeres denunciantes de violencias digitales para evitar la impunidad existente. Abordar la violencia contra las mujeres en política y en las redes sociales puede jugar un papel crucial en el desarrollo de una cultura, práctica e instituciones más democráticas y en consolidación de sociedades más justas, equitativas y seguras. Por lo que se debe de sensibilizar sobre esta temática para que se fomente el desarrollo de normativa y procedimientos que garanticen la seguridad jurídica en el uso de redes sociales y condenen todas las manifestaciones de violencia y odio que se puedan producir en ese espacio, para que todas las personas se sientan protegidas en su uso tanto de manera privada como profesional.
Por Maribel Gil
Fuente: AmecoPress.
