Por qué la discriminación en línea de las mujeres debe preocuparnos a todos(as)

Los(as) defensores(as) de los derechos de las mujeres deben buscar soluciones que aborden las causas fundamentales de la discriminación en línea, y trabajar para cambiarlas a nivel social.

El ciberespacio no es todo lo libre y democrático que podría ser, en especial para las mujeres. Aunque la libertad de expresión está protegida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en muchas partes del mundo las mujeres no pueden ejercer ese derecho sin miedo debido a las prácticas discriminatorias de los gobiernos y las sociedades, o a la falta de capacidad de los Estados para promover el acceso y proteger a las niñas y mujeres de las amenazas a su libertad, privacidad y seguridad.

En 2021, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, publicó el primer informe enfocado exclusivamente en la correlación entre el género y la libertad de opinión y expresión. Ella señala que “Internet se ha convertido en el nuevo campo de batalla en la lucha por los derechos de las mujeres, amplificando las oportunidades para que éstas se expresen, pero también multiplicando las posibilidades de represión”.

Tanto las causas como las soluciones son complejas y dependen de las experiencias individuales de las mujeres y de factores como la raza y la ubicación geográfica. Las comunidades, los gobiernos y las empresas deben mejorar el acceso equitativo a internet y, al mismo tiempo, promover políticas que fomenten la participación de las mujeres y las protejan del acoso y los abusos.

Acceso desigual

Conocida como la “brecha digital de género”, la desigualdad de acceso a internet en función del género refleja otras desigualdades sociales. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la brecha es de al menos un 10 % en los países menos desarrollados, sobre todo los de África y los Estados árabes. Dos de los principales obstáculos al acceso equitativo son las normas culturales y la asequibilidad, según una encuesta del Foro de Mejores Prácticas sobre Género.

Como afirma la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye “buscar y recibir información e ideas de todo tipo”. Sin embargo, las mujeres se enfrentan a dificultades para acceder y encontrar información relevante en línea, cuando se considera “inmoral”. Esta censura puede provenir de las normas gubernamentales, de las políticas de las empresas de redes sociales (que prohíben los contenidos relacionados con la salud sexual, por ejemplo) o de las normas culturales (que dan prioridad al acceso de los niños a los dispositivos tecnológicos e incluso prohíben a las niñas y mujeres estar en línea, como ocurre en el norte de India). En cada caso, las mujeres y las niñas se ven inhibidas de tomar decisiones informadas, en especial en un momento en el que la pandemia del coronavirus ha obligado a la gente a depender en gran medida de internet. Esta falta de acceso también tiene efectos económicos: Las mujeres quedan excluidas de la educación en línea y, además, de las carreras tecnológicas. 

Las comunidades, los gobiernos y las empresas deben mejorar el acceso equitativo a internet y, al mismo tiempo, promover políticas que fomenten la participación de las mujeres.

Para quienes se atreven a desafiar el statu quo, es habitual que sean perseguidos por su propio gobierno. Debido a una legislación obsoleta, las mujeres se enfrentan a procesos judiciales, fuertes multas o incluso a la cárcel cuando producen contenidos en línea. En 2020, por ejemplo, el gobierno egipcio detuvo al menos a diez mujeres influencers de TikTok. Según Amnistía Internacional, “están siendo castigadas por su forma de vestir, de actuar, de ‘influir’ en el público en general en las redes sociales y de ganar dinero en línea”.

Acciones tan inocuas como hacer playback o bailar pueden ser utilizadas como prueba suficiente para la acusación de indecencia. Y por si esto no fuera lo suficientemente escandaloso, en Egipto utilizar nternet para denunciar la violencia sexual y física puede ser denunciado penalmente por “violar los principios y valores familiares” e “incitar al libertinaje”.

Violencia de género en línea

La lista de la violencia online contra las mujeres es larga: el doxing, la difamación, la “sextorsión” o incluso el juicio social. De Occidente a Oriente, hay intentos de oprimir las voces de las mujeres, incluidas las que adquieren protagonismo profesional, como las periodistas, las defensoras de los derechos de la mujer y las políticas. Una investigación encargada por The Guardian sobre los comentarios de 70 millones de lectores demostró que las periodistas son más objeto de abusos y trolling que sus homólogos masculinos.

Ciertamente, tanto los hombres como las mujeres sufren violencia en línea. Sin embargo, los tipos más graves, como el acoso sexual y el hostigamiento, afectan de forma desproporcionada a las mujeres. En algunos casos, esas amenazas se convierten en delitos reales fuera del mundo digital, lo que pone en riesgo no sólo a la mujer, sino también a su familia y amigos.

Otras posibles consecuencias de la violencia en línea contra las mujeres son los daños emocionales o psicológicos, los daños a la reputación, los daños físicos, los daños sexuales, las pérdidas económicas, la invasión de la intimidad, la pérdida de la identidad y la limitación de la movilidad, por no hablar de cómo las tácticas represivas conducen a menudo a la autocensura.

Cómo cambiar esta realidad

Es importante señalar que la discriminación en línea contra las mujeres y el comportamiento abusivo dirigido a ellas perpetúan una discriminación de género más amplia. Los defensores de los derechos de las mujeres deben buscar soluciones que aborden las causas profundas y trabajar para cambiarlas a nivel social con el tiempo. Comprender los contextos locales es imprescindible para planificar esas estrategias eficaces.

Como reconoce el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la igualdad de género en todos los niveles de la toma de decisiones es esencial para lograr el desarrollo. Así que, ante todo, hay que incluir a las mujeres y consultarlas sobre las políticas y normas relacionadas con su uso de la tecnología.

En lo que respecta a la disponibilidad y asequibilidad, los gobiernos deben invertir en infraestructura para proporcionar un acceso asequible a internet como forma de cerrar la brecha de género, así como proporcionar espacios públicos seguros para que las mujeres naveguen por la web y aprovechen sus habilidades digitales y sus conocimientos de datos. Estos lugares podrían ser las bibliotecas y las escuelas.

Los datos indican que cuando se crean nuevas normas y medidas legales, las mujeres se sienten más seguras al participar en la esfera online. Sin embargo, las leyes y políticas existentes no suelen abordar la violencia en línea, dadas sus características de alcance, rapidez e impacto potenciales. Hay que invertir para adaptar o crear nuevas normas y para formar al personal, como ocurrió en Finlandia: crearon un proyecto para hacer frente a la incitación al odio en línea y a los delitos de odio, que incluía un módulo de formación para la policía, los fiscales y los jueces.

Además, las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Las políticas deben garantizar la accesibilidad a los contenidos dirigidos a las mujeres, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva. A menudo se acusa a las empresas tecnológicas de tener directrices comunitarias sesgadas y subjetivas, por lo que deben trabajar en la mejora continua a través de la aplicación de lentes de derechos humanos y de género.

La violencia de género debe ser objeto de atención por parte de estas empresas, que deben ofrecer mecanismos de denuncia fáciles y visibles y apoyar a las víctimas. Deben invertir en el análisis y la distribución de datos sobre el abuso en línea, para fomentar así la investigación sobre el tema. En 2021, Facebook, Google, Twitter y TikTok aceptaron los compromisos propuestos por la World Wide Web Foundation centrados en dos áreas: la curaduría de contenidos y la denuncia de abusos. Es un primer paso para tomarse en serio el tema y acabar con la cultura de la impunidad en internet.

Las organizaciones internacionales y las comunidades locales son actores clave en el avance de la libertad de expresión de las mujeres. Pueden colaborar en proyectos locales para promover la educación digital, el acceso a internet y los cambios culturales. Lanzada en 2018 por ONU Mujeres, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana y la Unidad Internacional de Telecomunicaciones, la iniciativa African Girls Can Code es uno de los innumerables ejemplos positivos en todo el mundo.

Por último, pero no por ello menos importante, la concienciación sobre el tema es importante para crear comunidades virtuales más seguras que reconozcan el problema y no toleren la violencia y la opresión contra las niñas y las mujeres.

Silenciar a las mujeres viola su libertad de expresión, limita sus voces en los debates públicos y refuerza la desigualdad de género con consecuencias generalizadas para la democracia y el desarrollo, que deben preocuparnos a todos. Esto pone en peligro la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”. Los objetivos se comprometen a “no dejar a nadie atrás”, pero no puede haber un progreso real si no se incluye a las mujeres.

Por Helena Tallmann, periodista brasileña interesada en los derechos humanos, el ciberespacio, la política y las relaciones internacionales. Actualmente está completando un Diplomado en Asuntos Globales en la Universidad de Nueva York.

Fuente: Open Global Rights