Normalizadas e invisibilizadas: la realidad de las uniones de niñas en América Latina

Natalia (nombre ficticio) se fugó de su casa en el interior de República Dominicana en la víspera de su boda, a los 16 años, tratando de huir de un matrimonio con un hombre al que no amaba y que le llevaba diez años. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Millones de niñas y adolescentes son casadas o unidas en América Latina y el Caribe, sin embargo, esta es una realidad normalizada e invisibilizada por la sociedad y por los gobiernos, que se han limitado a aprobar leyes que criminalizan los matrimonios infantiles, pero no se han preocupado por solucionar sus causas.

“Esto sucede ante la pasividad de todas, todos y todes. Tenemos unas tasas que contrario a lo que se cree, porque se llega a pensar que en América Latina y el Caribe este es un tema superado o que más bien corresponde a otras regiones como a África o Asia, son preocupantes”, señala a Efeminista Alma Burciaga-González, representante para la región de la organización Girls Not Brides, una red global que en América Latina y el Caribe es aliada de más de 60 organizaciones que están comprometidas con terminar con los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas.

Para combatir realmente esta situación, asegura que los Estados deben apuntar a mejorar el acceso a la educación en general y a la educación sexual integral en particular y garantizar oportunidades de desarrollo y de participación política y económica, salud sexual y reproductiva, la protección contra la violencia doméstica y sexual, y dejar de normalizar prácticas violentas.

Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de cada cuatro mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años.

Y la mayoría de las que contrajeron matrimonio durante su niñez fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad.

“Somos la región que menos ha avanzado y que inclusive podría superar a otras como África en los siguientes años. Porque mientras en África y en Asia se está invirtiendo más y se está hablando de este tema como una cuestión fundamental de derechos de las niñas y las adolescentes, en América Latina y el Caribe esto no sucede. Hay una falta de inversión, hay una falta de posicionamiento del tema en la agenda pública y además hay una normalización en nuestra región”, agrega.

Uniones infantiles se normalizan en América Latina

En la región, la mayoría de los países prohíben el matrimonio antes de los 18 años, otros, como Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Honduras, Belice, permiten que las y los menores se casen de manera excepcional desde los 14 o 16 años.

Sin embargo, dice Unicef, el matrimonio infantil en América Latina y el Caribe “se da más a modo de una unión informal, en la que las niñas viven con una pareja, en lugar de contraer matrimonio formalmente”.

En países como Brasil, por ejemplo, 21,6 millones de mujeres se han unido o casado antes de los 18 años, y 3,5 millones, antes de los 15. En México, son 10,2 millones las que se han unido o casado antes de los 18 años y 2,3 millones antes de los 15. Otros, como República Dominicana o Ecuador, pese a que tienen menor población, registran también más de un millón de mujeres casadas o unidas antes de los 18 años. La mayoría de las naciones superan la media regional (21 %).

“Hay un montón de leyes prohibicionistas e inclusive que criminalizan, pero que no se enfocan en las causas estructurales, es decir, en identificar por qué una niña y una adolescente puede tomar la decisión de casarse o de unirse o por qué las fuerzan a hacerlo”, comenta Burciaga-González.

Según la especialista, que no se profundice en las causas, permite que se fortalezca la creencia de que las uniones y matrimonios tempranas solo ocurren en comunidades indígenas y que en la región se vea esto como una problemática que no afecta a la sociedad en general.

“Dicen: ‘Son casos aislados que suceden en las comunidades. Este es un tema de abusos y costumbres que pasa aisladamente con tres o cuatro niñas en toda la región’. Y no es cierto. Porque esta cifra del 21 % demuestra que no son casos aislados y que además es reflejo de desigualdades estructurales que afectan en especial a las niñas y las adolescentes”, agrega.

“Si nos ponemos a preguntar, en nuestras vidas todas conocemos a alguien a quien su familia o el círculo social le dijo: ‘cásate o júntate si ya estás embarazada o si ya tienes vida sexual'”.

Parte de una cadena de violencia

Girls Not Brides trabaja para que los gobiernos, y las organizaciones de la sociedad civil, se den cuenta de que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas “también tienen que ver con la violencia”.

“Muchas niñas y adolescentes viven en contextos de violencia en la región y sufren violencia en sus hogares. No tienen muchas opciones de vida y ahí es donde ellas ven en las uniones una salida”, dice, y sostiene que aunque en muchas ocasiones estos matrimonios y uniones son forzadas, en otras no. “Hay que identificar qué es lo que les lleva a tomar esta decisión de vida”, afirma.

“Es un tema grave que ha quedado invisibilizado”, añade. Una invisibilización que -dice- se da incluso desde el movimiento feminista. “Es un tema que todavía cuesta trabajo posicionarlo porque también sigue habiendo ahí muchas ideas de que eso aquí no pasa”.

“Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas tienen que ver con un montón de otras situaciones que son comunes en toda la región”, explica.

Situaciones como la desigualdad de género, la falta de oportunidades y los entornos de inseguridad y violencia.

En una entrevista anterior con Efeminista, la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ana Güezmes, ya advertía de que el matrimonio infantil o las uniones infantiles y forzadas es un “tipo de violencia con poca atención” en la región, pues la falta de información y de estadísticas actualizadas impide conocer la magnitud de la situación.

Un desconocimiento que a Burciaga-González le ha tocado vivir en carne propia. “Las mismas personas servidoras públicas nos dicen: “no tenía idea que esto sucede en la región”. Por eso, insiste, es necesario “enfocarnos a identificar cuál sería el efecto en específico para las niñas y las adolescentes que están casadas o unidas”.

Leyes con visión holística

Cree que más allá de leyes que criminalizan es necesaria que estas estén acompañadas de una “visión mucho más holística”.

“De repente al querer proteger hay veces que las leyes pueden perjudicar porque no se está comprendiendo la práctica, el contexto y la situación de quienes están viviendo este tipo de situaciones”, asegura.

Cuando se habla de educación, dice, “las cifras son muy claras”. “Las adolescentes que están casadas o unidas tienen mucho menos posibilidad de continuar con sus estudios en comparación, con quienes no lo están”. El 51 % de las mujeres latinoamericanas de 20 a 24 años casadas o en unión por primera vez antes de los 18 años no han recibido educación o solo han terminado la primaria.

“O por ejemplo cuando hablamos de oportunidades de acceso al desarrollo económico, situaciones de pobreza y precariedad eso también es clarísimo, la relación que hay entre las situaciones de precariedad y las niñas y adolescentes casadas y unidas es muy cercana”, aclara la especialista.

El 39 % de las mujeres en América Latina de 20 a 24 años casadas o en unión por primera vez antes de los 18 años pertenece al quintil -la quinta parte de una población estadística- más pobre. Y otro 32 % al segundo quintil de pobreza.

“Esto pasa por el filtro de la raza, pasa por el filtro de la situación económica, pasa por el filtro de pertenecer a una comunidad o pueblo indígena, pasa también por el filtro de la migración, por ejemplo, que son cifras que no tenemos y que sí sabemos que existe porque las organizaciones nos lo cuentan”, aclara.

Afirma que “es fundamental” que los Estados se enfoquen en garantizar la educación, sobre todo en la etapa de la adolescencia, “pues ahí es donde se ve la deserción escolar durísima y donde las brechas de género empiezan a ser evidentes”. Que se garantice también la salud sexual y reproductiva en niñas y adolescentes, ya que “un 80% de las niñas y adolescentes que se unen terminan embarazadas”, y que se brinde más espacios de desarrollo, de crecimiento y de fortalecimiento de las menores.

“Hay que trabajar con las niñas y las adolescentes para que puedan tener opciones válidas de vida e ir más allá de las leyes. Y si ya tienen una política, trabajar en la rendición de cuentas”, enfatiza.

Por Cristina Bazán

Fuente: EFEminista