Experta ONU preocupada por la reducción del espacio para que mujeres y organizaciones feministas puedan reunirse y expresarse para exigir respeto a sus necesidades basadas en su sexo u orientación sexual
Las amenazas e intimidaciones contra las mujeres que expresan sus opiniones sobre sexo y orientación sexual son profundamente preocupantes, ha declarado hoy en un comunicado Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. En el contexto de los desacuerdos entre algunas activistas de los derechos de la mujer y los transexuales en varios países del Norte Global. Alsalem advirtió de que la violencia contra las mujeres y la intimidación contra las personas por expresar opiniones diferentes.
«La discriminación por motivos de sexo y orientación sexual está prohibida en la legislación internacional y regional sobre derechos humanos.
Me preocupa la reducción del espacio en varios países del Norte Global para que las mujeres y las organizaciones feministas y sus aliados puedan reunirse y/o expresarse pacíficamente para exigir el respeto de sus necesidades basadas en su sexo y/u orientación sexual.
Las fuerzas del orden tienen un papel crucial a la hora de proteger las reuniones legales de mujeres y garantizar su seguridad y su derecho a la libertad de reunión y de expresión sin intimidaciones, coacciones ni silenciamientos efectivos. Está claro que en los casos en que las fuerzas del orden no han proporcionado las salvaguardias necesarias, hemos sido testigos de incidentes de abusos verbales y físicos, acoso e intimidación, con el propósito de sabotear y desbaratar tales actos, así como de silenciar a las mujeres que desean hablar en ellos.
Me inquieta la frecuente táctica de las campañas de desprestigio contra las mujeres, las niñas y sus aliados por sus creencias sobre la no discriminación por razón de sexo y las relaciones homosexuales. Tacharlas de «nazis», «genocidas» o «extremistas» es un medio de ataque e intimidación con el propósito de disuadir a las mujeres de hablar y expresar sus opiniones. Tales acciones son profundamente preocupantes, ya que pretenden infundirles miedo, hacerlas callar e incitar a la violencia y al odio contra ellas. Tales actos afectan gravemente a la participación digna de las mujeres y las niñas en la sociedad.
También me preocupa el modo en que se han interpretado en algunos países las disposiciones que penalizan la incitación al odio por diversos motivos, entre ellos la expresión o la identidad de género. Las mujeres y las niñas tienen derecho a debatir sobre cualquier tema sin intimidaciones ni amenazas de violencia. Esto incluye cuestiones que son importantes para ellas, especialmente si están relacionadas con partes de su identidad innata, y sobre las que está prohibida la discriminación. Mantener y expresar opiniones sobre el alcance de los derechos en la sociedad en función del sexo y la identidad de género no debe ser deslegitimado, trivializado o desestimado.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con las normas de derechos humanos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y para servir a un objetivo legítimo. Quienes no estén de acuerdo con las opiniones de las mujeres y niñas que expresan preocupaciones relacionadas con la identidad de género y el sexo también tienen derecho a expresar su opinión. Sin embargo, al hacerlo no deben amenazar la seguridad y la integridad de las personas contra las que protestan y con las que están en desacuerdo.Las restricciones generalizadas a la capacidad de las mujeres y los hombres para plantear preocupaciones sobre el alcance de los derechos basados en la identidad de género y el sexo violan los fundamentos de la libertad de pensamiento y la libertad de creencia y expresión y equivalen a una censura injustificada o generalizada.
Especialmente preocupantes son las diversas formas de represalias contra las mujeres, como la censura, el acoso legal, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, la eliminación de las plataformas de medios sociales, los discursos y la negativa a publicar conclusiones y artículos de investigación. En algunos casos, las mujeres políticas son sancionadas por sus partidos políticos, incluso mediante la amenaza de despido o el despido real.»
Fuente: Tribuna Feminista
