Movimiento de mujeres de Ecuador exige que se implemente la ley de violencia
Personas pertenecientes a grupos feministas durante una protesta en Quito, Ecuador. EFE/José Jácome
La Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, colectivo del que forman parte veintiuna organizaciones, exige a las instituciones del Estado que implementen la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que está en vigencia desde 2018, pues la falta de un “plan nacional” ha provocado que la violencia aumente cada año y que el 2022 haya cerrado como el más violento desde que se tienen registros.
“Si bien la ley tiene mandatos para veintiún entes rectores, entes estatales que tienen obligaciones y funciones, estos tenían que coordinarse entre sí para que funcione el sistema integral de protección y eso no se ha logrado todavía. Se han hecho avances, se está construyendo el sistema nacional de información, pero no está realmente en funcionamiento. Y en ese sentido hay una deuda”, explica a Efeminista Gloria Camacho, parte de la Coalición.
La también experta del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha formado parte del proceso de evaluación que recientemente ha hecho el Parlamento ecuatoriano a la ley, con el objetivo de determinar si era necesario hacer reformas a la normativa.
“Uno de los hallazgos de esa evaluación fue que debido a que el Ministerio de Justicia, que era el ente rector encargado de coordinar la aplicación de la política, se eliminó. En su lugar se creó una secretaría pequeña, con limitados recursos humanos económicos, que no tenía ni la suficiente autoridad ni el suficiente presupuesto para hacer una implementación adecuada de la ley”, menciona Camacho.
Y aunque el año pasado, relata, esa secretaría de convirtió en el Ministerio de la Mujer “eso no ha significado un aumento del presupuesto”. “No nos sirve mucho que cambiemos de nombre si no tenemos más poder real y una de esas fuentes de poder es tener los recursos suficientes para implementar la ley”, menciona.
Implementar la ley de violencia en Ecuador
Durante el proceso de evaluación de la ley en el Parlamento, recuerda Camacho, se hicieron talleres y consultas en 18 de las 24 provincias del país, para determinar el nivel de funcionamiento.
“Se ha valorado el hecho de tener la ley, pero sabemos que eso es solo un primer paso. Para que esa ley cumpla con sus objetivos necesita voluntad política, recursos y tener mayores mecanismos de exigibilidad, de obligatoriedad para que los distintos entes cumplan”, dice la experta.
El Legislativo demandó al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía y a la Policía que cumplan “con sus responsabilidades” para que “las mujeres, niñas y adolescentes cuenten con una justicia idónea apegada al debido proceso que no las revictimice” y que los procesos se lleven a cabo con enfoque de género.
Las organizaciones coinciden en que no es necesaria ninguna reforma de la ley, pues no se necesitan “más leyes de prevención de violencia”, se necesita que “se apliquen”.
“Lo que necesitamos es un sistema de justicia que funcione de forma adecuada, que sea ágil, que sea transparente y estamos viendo que tanto en este tema como en otros hay un déficit grande en el sistema judicial. El otro tema que yo creo fundamental es que hay que contar con presupuesto suficiente porque se piensa que esto es un problema secundario”, menciona Camacho.
Agrega que reformar la ley puede ser “peligroso”. “En Ecuador, al igual que muchos países de la región, han crecido estos grupos antiderechos que desde sus creencias religiosas nos quieren imponer cosas al resto de mujeres”.
“Es peligroso que se quiera reformar la ley y que a nombre de reformar la ley, como ya ha pasado en otros países, retrocedamos en nuestros derechos y se retroceda en los avances, porque tener esta ley fue el resultado de muchos años de lucha del movimiento de mujeres. Es una ley que quiere superar lo punitivo únicamente, por eso se llama ley para la prevención y erradicación. Entonces tenemos que invertir mucho en la prevención y eso se está haciendo muy poco”, reflexiona.
Declarar emergencia por la violencia contra las mujeres
El Parlamento también exhortó al Gobierno que declare una emergencia nacional por “los altos índices de violencia contra las mujeres”. Según cifras de la fundación Aldea, una ONG que recopila datos sobre violencia machista, en el 2022 hubo 332 asesinatos de mujeres por razones de género.
Sin embargo, a dos meses de la aprobación de ese informe, esta declaratoria no se ha realizado. “Ahora el tema de la inseguridad está ocupando todos los espacios y recursos, pero en ese mismo sentido nosotras hemos identificado que después de que hay alguna de estas masacres en las cárceles se incrementan los femicidios perpetrados por sicarios”.
“Nuevamente nuestros cuerpos están siendo utilizados desde una visión misógina y patriarcal, pero si vamos a hacer una política por este tema la inseguridad, hay que pensar qué vamos a hacer para proteger a las mujeres, para prevenir esas muertes de las mujeres. Esto está invisibilizado”, menciona Camacho.
La experta cree que es vital que se trabaje en todos los espacios y que se todos los actores se comprometan. “Evidentemente el Gobierno tiene una responsabilidad crucial en términos de políticas públicas, en términos de ofrecer servicios, no es un tema de cambiar la ley, es un tema de crear las condiciones para que esa ley se ponga en práctica”, concluye.
Cristina Bazán
Fuente: Efeminista
