«Nuestro cuerpo no es campo de batalla»: Italia, sobrevivió a tortura sexual en Atenco
Fotografía: Especial
Bárbara Italia Méndez Moreno tiene 40 años de edad. Ella es una de las sobrevivientes de los hechos violentos que sacudieron a San Salvador Atenco en 2006. Desde entonces, junto con otras diez mujeres y una red de personas defensoras de derechos humanos, Italia ha emprendido una larga lucha por obtener justicia y reparación del daño por las vejaciones a las que fue sometida al momento de su detención.
No obstante el Estado mexicano ha respondido con una indiferencia común ante este y otros casos de violencia policial y tortura sexual. Aún no hay garantías de que actos así no se repitan, pero, pese a eso, la exigencia de justicia y la digna rabia no ceden el paso ante el silencio de la impunidad.
Cuando policías estatales y federales llegaron a Atenco, Estado de México, ese 4 de mayo, Italia Méndez se encontraba en el domicilio de una mujer que le había dado posada. Según contó a Cimacnoticias, ella llegó a la comunidad para documentar la muerte de Javier Cortés Santiago, un adolescente que perdió la vida un día antes durante una manifestación en la carretera Texcoco-Lechería ubicada muy cerca del municipio mexiquense. ¿Los presuntos culpables?: la misma policía estatal que mantuvo cercada a la población.
“Yo para entonces colaboraba con una fundación que atendía a menores en condición de vulnerabilidad social”, narra Italia con una voz que se percibe suave pero firme en la bocina del teléfono. Ella, además, es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En otras palabras, forma parte de La Otra Campaña, una iniciativa política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Dicha iniciativa acompañó a campesinos y campesinas cuando se posicionaron en contra de la construcción de un aeropuerto en Texcoco —también Estado de México— que les arrebataría sus tierras.
Manifestación a 10 años de los hechos violentos en San Salvador Atenco. CIMACFoto: César Martínez López
La construcción de este aeropuerto (anunciada en 2001 por el entonces presidente Vicente Fox Quezada) pudo frenarse un año después de que el proyecto se diera a conocer. Sin embargo, en el territorio persistió la tensión que desembocó en los hechos de 2006.
Cronología del hecho que marcó un antes y un después en Atenco y en México
Cuando Italia Méndez llegó junto con sus compañeras y compañeros a Atenco, lo que se encontraron fue un estado de sitio. Por un lado estaba el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, por otro, las autoridades estatales y federales, quienes el 2 de mayo de 2006 retiraron de la vía pública a vendedores de flores simpatizantes del FPDT.
La situación era tensa. “Fue todo un tema entrar al pueblo”, recuerda Italia, y agrega que aún con todos esos obstáculos lograron ingresar. “Fue difícil entrar” —agrega— “pero fue imposible salir”. Y ahí fue que comenzó todo. Ante la complicación para salir del pueblo la noche del 3 de mayo, ella se quedó a pernoctar en la casa de una señora que amablemente le permitió quedarse. Al día siguiente, dicho hogar fue allanado por miembros de la policía federal; ninguno de ellos portaba alguna orden de cateo o algún documento que legitimara la invasión al espacio privado.
Pero, ¿cómo entraron estos agentes si la mayor parte del pueblo estaba rodeado por bloqueos de los habitantes? La madrugada del día anterior, mientras Italia y sus compañeros de la fundación pernoctaban, el gobernador del Estado de México (y más adelante presidente de la República) Enrique Peña Nieto autorizó un fuerte operativo policial. Este operativo incluyó el uso de un helicóptero con el que la policía —encabezada por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid— sobrevoló el lugar y se percató de una entrada libre al sur de Atenco.
Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México y expresidente de la República Mexicana. Fotografía: Presidencia de México / Wikimedia Commons
Con la entrada de la policía al pueblo, Italia y otras 206 personas más fueron detenidas. Ella particularmente recuerda haber sido golpeada en diversas ocasiones, lo que le provocó una herida en la cabeza y le dejó varios moretones en el cuerpo. Además, aún en el domicilio donde la encontraron, los miembros de la Policía Federal Preventiva la amenazaron de muerte. Después la subieron a un camión y, durante un largo trayecto de cerca de cinco horas, continuaron torturándola físicamente, haciendo uso también de tortura sexual.
“Paraban el camión y decían: “¡ya tiramos el primer muerto”, y por supuesto que eso nos descolocaba, nos ponía en una situación de mucha vulnerabilidad y mucho miedo”, recuerda Italia. Ese miedo, sin embargo, es imperceptible en una voz firme que ahora exige justicia y no repetición.
Bajo el pretexto de “peligrosidad social”, a ella y al resto de las personas detenidas las llevaron al Penal de Santiaguito, una cárcel de mediana seguridad ubicada a 139 kilómetros de San Salvador Atenco. No hubo una parada previa en ningún Ministerio Público; aun así, a las y los detenidos los acusaban de diversos delitos como el ataque a las vías de comunicación y secuestro equiparado.
Algunas de las personas detenidas permanecieron en Santiaguito por estos delitos tres años. Italia, por su parte, estuvo ahí 15 días, mientras que hombres y mujeres menores de edad fueron trasladados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque. Solo tres líderes representantes del FPDT fueron llevados este al penal de máxima seguridad en La Palma, ubicado muy cerca de Santiaguito.
Aunque Italia solo estuvo en el penal por medio mes, enfrentó un proceso penal de dos años que estuvo plagado de irregularidades. Dentro del penal, ella y sus compañeros estuvieron aislados por cuatro o cinco días. En ese tiempo no les permitieron ver a sus familiares o abogados. Tampoco les proporcionaron atención médica y a las mujeres no les aplicaron protocolos de atención necesarios para corroborar que habían sido víctimas de violaciones y tortura sexual. Esto, aún cuando ellas solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales o, por lo menos, el permiso de que ginecólogas de confianza ingresaran a Santiaguito.
Cuando finalmente presentaron a Italia a un Ministerio Público (MP), ella declaró todo lo que había vivido durante su traslado y detención. “En ese entonces se usaban máquinas de escribir”, recuerda. Esta memoria fresca va ligada con una imagen de corrupción e impunidad: la del titular del Ministerio arrancando la declaración de Méndez Moreno de los rodillos de la máquina y rompiéndola en pedazos. El MP le pidió a la mujer encargada de tomar la declaración de Bárbara Italia que lo hiciera de nuevo, pero esta vez omitiendo los actos de tortura. Una vez terminado el trabajo, obligaron a Bárbara a firmar esas palabras tan diferentes a las que ella había relatado.
El largo camino hacia la justicia
Desde que salió de Santiaguito, Italia Méndez buscó mecanismos para acceder a la justicia frente a los actos de tortura a los que fue sometida. Estos mecanismos incluyen una denuncia presentada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual no ha tenido ningún avance a lo largo de todos estos años.
Posteriormente, en 2010, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual logró la liberación de diversos presos políticos. Un año antes, en 2009, la misma Corte concluyó que el operativo aprobado por Peña Nieto incurrió en graves violaciones a los derechos humanos contra la población. Pero, más allá de eso, las Mujeres de Atenco (Italia y diez mujeres más que denunciaron la tortura sexual a la que fueron sometidas) no han visto la justicia de cerca y tampoco una reparación del daño.
Esto las llevó a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la mano del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés). La CIDH aceptó el caso en 2011 y emprendió una investigación al respecto. Como resultado, la Comisión emitió el Informe número 74.15 del caso 12.846, en el cual reconocía la responsabilidad del Estado mexicano ante los hechos y le dirigía las siguientes recomendaciones:Reparación integral del daño para Italia y sus compañeras
Ofrecer tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas por el tiempo que sea necesario
Continuar investigando el caso hasta sancionar a los autores intelectuales y materiales de los hechos
Aplicar medidas administrativas, disciplinarias o penales a los funcionarios estatales que obstaculizaron la obtención de justicia para las once mujeres denunciantes
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de actos como este
“Hay una dimensión al conseguir una sentencia en la que públicamente e internacionalmente se condena a México por lo que ocurrió: Ya no podían seguir insistiendo en que los hechos no habían ocurrido o que no habían ocurrido como nosotras decíamos. Se generó ahí un espacio de reparación”, opina Italia.
Unos años después de la sentencia de la CIDH (y ante el desacato del Estado mexicano de sus recomendaciones), el asunto pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una sentencia en 2018: la investigación debía salir de lo local (es decir, de la Fiscalía mexiquense) y pasar a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Pero hoy, a casi cinco años de esto, la Fiscalía del Estado de México no ha entregado la investigación.
Al llegar a este punto de la historia, Bárbara Italia suspira largamente y continúa su narración. “No sé cómo contarte, cómo relatarte los últimos cuatro años”, dice. En este tiempo se han reunido con funcionarios de alto nivel como el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez. En aquel encuentro a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Italia recuerda lo que ella y sus compañeros dijeron a los representantes del Estado:
“Esta es una oportunidad para que el Estado mexicano pueda cubrir la deuda histórica que tiene con su sociedad sobre el tema de derechos humanos”.
Sin embargo, ese Estado al que apelan sigue haciendo oídos sordos a sus exigencias. Y, si bien ha otorgado algunas medidas de reparación del daño como ofrecer servicios de salud a Brenda, ella señala que las instituciones públicas sanitarias que le brindan dichos servicios presentan muchas carencias. Así, esta reparación del daño se cumple a medias.
“Voy a retomar la frase que dijo mi compañera Claudia Hernández hace tres años. Dijo algo así como que en 2006, después de la tortura, lo único que nos ofrecieron en la enfermería del penal fue una aspirina; 17 años después (en ese entonces eran 13 años después), con una sentencia en la mano, el Estado mexicano nos sigue ofreciendo la misma aspirina para nuestros males”.
Esa aspirina no subsana ningún daño y tampoco repara la memoria de los gobiernos, quienes, pese a Atenco, han optado por militarizar la seguridad en un México rebasado por la violencia institucional.
México, un Estado sin memoria y con violencia
Desde la perspectiva de Italia Méndez, explícita o implícitamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio permiso a los policías estatales, municipales y federales de actuar con lujo de violencia. Ante esto, la Corte Interamericana incluyó en sus recomendaciones la creación de un observatorio del uso de la fuerza pública en manifestaciones. ¿La respuesta del Estado?: con los órganos internos de control de los cuerpos policiales es más que suficiente. Como si estos órganos no hubieran existido en 2006…
Integrantes del FPDT durante una manifestación en 2014 contra la reactivación del proyecto del aeropuerto de Texcoco anunciada en septiembre de ese año. CIMACFoto: César Martínez López
Esta medida cobra una relevancia especial en el contexto actual, donde tras la desaparición de la Policía Federal Preventiva llegó la Guardia Nacional (GN), una institución con máscara de carácter civil pero con una maquinaria interna que poco a poco se ha ido militarizando. Gracias a solicitudes de transparencia, se sabe que la GN tiene 60 quejas por delitos sexuales en contra de mujeres.
“La tortura sexual contra mujeres persiste en México”, asevera Italia y nombra, uno por uno, a los responsables: el Ejército, la Marina, la policía y la Guardia Nacional. Ante esto, lo que persiste entre ella y las otras Mujeres de Atenco es la frustración y una rabia permanente. Rabia ante la falta de discusión sobre el uso de fuerza policial, ante la militarización de la seguridad, ante la negativa del Estado de adoptar las sentencias de organismos internacionales. Rabia ante la ceguera de un país que se niega a mirar que estos no son casos aislados sino problemas sistemáticos.
“Se considera que esto tiene que ver con Italia y tiene que ver con Norma y con Claudia y con Edith, y esto no es así”, asegura Bárbara Italia con la voz notablemente exaltada, justificadamente agitada e indignada. Esta voz y su dueña han atravesado estrés postraumático tras la tortura, desórdenes de sueño, somatización del estrés y un miedo permanente. Pero, en medio del caos, Italia Méndez Moreno también se ha reencontrado a través de la solidaridad tejida en las redes de CEJIL, del Centro Prodh y de las demás sobrevivientes (que, recuerda, no son 11 sino más de 200).
Estas redes dejan un mensaje claro: el cuerpo de Italia y de sus compañeras, el cuerpo de cualquier mujer, no es un campo de batalla y no debe estigmatizarse como consecuencia de la tortura sexual. “En 2006 se referían a nosotras en los periódicos como las violadas de Atenco”, lamenta; hoy, sin embargo, las miramos “simplemente” como las Mujeres de Atenco, mujeres que siguen firmes en su exigencia de justicia. Esta exigencia resuena en las bocas de quienes han sido torturadas y encarceladas como ellas, mujeres que esperan con desesperación a que el Estado mexicano despierte de un letargo que ha durado 17 años.
Fuente: Cimac
