Niñas no madres: Camila, Fátima, Norma, Lucía y Susana buscan justicia para transformar la historia

Hacer periodismo es buscar historias que merecen ser contadas porque pueden generar transformaciones. No son sucesos inspiradores, individualistas, son historias de personas reales, la mayoría con finales injustos, pero que cambian la historia. En este artículo, Ingrid Beck relata qué pasó con Camila en Perú, Fátima en Guatemala, Norma en Ecuador, Lucía y Susana en Nicaragua. Son 5 niñas que representan a miles de América latina y el Caribe, la región con la segunda tasa más alta de embarazos en menores de 15 años. Estas 5 historias también tienen en común el fracaso en la búsqueda de justicia en sus países. Ellas debieron acudir a la justicia internacional para obtener alguna respuesta reparatoria. Hasta el momento hubo justicia para Camila, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas dio respuestas. Se espera que el Comité de Derechos Humanos tome una decisión por el resto de los casos.

Camila

Camila vivía en una zona rural en el ande peruano. Desde chiquita, una de sus tareas cotidianas era ayudar a su padre a pasear a los animales. Ahí, en el campo, él la violó por primera vez a los 9 años y luego siguió haciéndolo sistemáticamente. Como muchas víctimas, Camila guardó silencio: el abusador le había prometido que si hablaba, mataría a su madre y a su hermano. 

Camila llegó llorando a un servicio de salud. Dijo a quien quisiera escucharla que no quería tener un hijo de su propio padre. Tenía 13 años y estaba embarazada producto de los abusos. Su mamá, una mujer que sólo hablaba quechua y con una discapacidad física, se había dado cuenta porque faltaba a la escuela y tenía náuseas constantemente. Junto con su madrina, resolvieron presentar una denuncia por violación en una comisaría. Los resultados de los peritajes clínicos y psicológicos fueron contundentes: Camila no sólo corría riesgos físicos si seguía adelante con el embarazo sino que su estado emocional era crítico. Entonces su madre solicitó que le realizaran un aborto terapéutico, una alternativa legal en Perú desde 1914 y que cuenta con un protocolo desde 2014.

Pero los servicios de salud respondieron tarde: ignoraron el llanto y la demanda de Camila, hicieron caso omiso de las leyes y además actuaron en su contra: el personal sanitario que no le informó sobre su derecho, la fiscal que investigaba la violación en su contra, la policía que la “visitó” en su casa siguiendo directivas de los médicos para que cumpliera con los controles prenatales. A Camila la obligaron a llevar adelante un embarazo producto de una violación perpetrada por su propio padre. Las visitas de la obstetra y de las fuerzas de seguridad no sólo amedrentaron a Camila y su familia sino que las convirtieron en blanco de hostigamiento y estigma de todo el vecindario.

La pesadilla no terminó. Una mañana, Camila se despertó con fuertes dolores de panza. Estaba sufriendo un aborto espontáneo. Y, otra vez, quienes debían protegerla, la condenaron: es que la misma fiscal que investigaba las violaciones, la acusó de “autoaborto”, un delito que contempla la mayor pena por aborto en Perú. A pesar de ser víctima de agresión sexual, de haber sufrido la pérdida del embarazo consecuencia de violación, Camila fue obligada a relatar su traumática experiencia ante un juzgado, fue criminalizada y tuvo que abandonar su casa y su pueblo.

Fátima

Fátima quería ser arquitecta. O doctora. No sabía muy bien, pero quería estudiar. Vivía en Guatemala Tenía de modelo a José, un profesor universitario y funcionario público que era su figura paterna: le daba regalos, le compraba los cuadernos para la escuela y ayudaba a la familia de Fátima, un hogar de bajos recursos. Una noche José violó a la chiquita de 12 años. Y tres meses después, Fátima descubrió que estaba embarazada. Ella y su mamá denunciaron al abusador, pero como era un hombre poderoso, había recibido alertas de que lo buscaban y consiguió huir. A pesar de la denuncia y de las consecuencias evidentes en la salud mental de Fátima –que incluían ideas suicidas-, el Estado no le ofreció interrumpir legalmente su embarazo. Tampoco asistencia psicológica. Fátima no sólo fue forzada a continuar con el embarazo producto del abuso sexual sino que debió abandonar el colegio, estigmatizada y discriminada. Esta historia tiene nueve años: Fátima tuvo que parir, su violador sigue libre y ella sigue reclamando justicia.

Norma

El padre biológico de Norma maltrataba a su mamá y abusaba sexualmente de su sobrina de 12 años. Por eso, ella vivía en la casa de sus abuelos, en un pueblo de Ecuador. Era una nena feliz. Iba al colegio. Tenía amigas y amigos del barrio. Todo terminó cuando su abuela murió y las autoridades obligaron a Norma a volver a su casa… a vivir con su padre. Las violaciones se hicieron recurrentes y Norma quedó embarazada a los 13 años. Su hermana mayor la acompañó a una consulta médica, donde la niña contó el abuso al que la sometía su papá. Una vez más, el personal de salud pasó por encima de sus derechos y no le ofreció la oportunidad de acceder a un aborto a pesar de que en Ecuador es legal cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la paciente. Además, desoyeron los pedidos de auxilio de Norma, que vio seriamente afectada su salud mental, tanto que intentó quitarse la vida. El violador se enteró de la denuncia en su contra y, “gracias” a que se demoró su orden de arresto, tuvo tiempo de escapar. Pasaron cuatro años entre laberintos burocráticos con Norma forzada ser madre y sin obtener justicia. Y el abusador murió sin haber sido juzgado. Norma ya no va al colegio ni juega con sus amigos y amigas del barrio.

Lucía

A Lucía le gustaba mucho cantar. Era solista en el coro juvenil de la Iglesia de su ciudad, en Nicaragua. Nunca faltaba a los ensayos, hasta que empezó a recibir mensajes sexuales del director del coro, un sacerdote. A ella le parecía raro pero se sentía a salvo, porque quien le enviaba esos mensajes era un sacerdote. Un día, después de un ensayo, el cura la invitó a pasar a una de las habitaciones de la casa y abusó sexualmente de ella. Y esa no fue la única sino la primera de una serie de violaciones que se repitieron durante doce meses, hasta que su mamá notó cambios corporales: a los 13 años, Lucía estaba embarazada, producto de los abusos del cura en el que ella y su familia habían depositado su confianza. La niña se vio obligada a continuar con el embarazo, porque en su país no hay aborto legal, y aunque denunció a su agresor, nunca fue procesado. Lucía no canta más.

Susana

Susana vivía con su abuela y su abuelo en un pueblo de Nicaragua. Todas las noches deseaba que su abuelo, un hombre violento que era miembro de una banda armada, dejara de abusar de ella, algo que hacía regularmente desde que ella tenía 6 años. A los 13, Susana comenzó a sentirse mal y fue su abuela la que descubrió que los malestares se producían porque estaba embarazada. También fue su abuela la que resolvió sacar a Susana de la casa y denunciar a su propio marido. Pero nadie quiso tomarles la denuncia, fue cinco veces rechazada y finalmente archivada. Y en ese archivo quedó la posibilidad de obtener justicia en su país. Susana se vio forzada a continuar con el embarazo producto de las violaciones y parió sin apoyo del sistema de salud. Susana no sabía qué era estar embarazada y mucho menos dar a luz. Hoy, obligada a maternar, Susana vive escapando de su agresor, que sigue amenazándola.

Los relatos son cinco historias únicas pero a la vez representan a miles de niñas de América latina y el Caribe, la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años (después de África Subsahariana), y la única en el mundo donde esta tendencia sigue en aumento. Según datos de 2017 (UNFPA, UNICEF, PAHO), en esta región 2 de cada 100 mujeres han tenido su primer parto antes de los 15 años.

La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas, y esta situación se agrava en menores de 16 años, quienes tienen 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo, parto o postparto.

A pesar de esta realidad brutal, América Latina y el Caribe tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del mundo: 6 países lo prohíben totalmente (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam), quitándole a las niñas la posibilidad de elegir sus trayectorias de vida y forzándolas a la maternidad.

Estas cinco historias también tienen en común el fracaso en la búsqueda de justicia en sus países, la discriminación, el estigma y el sufrimiento. A ninguna de las niñas, ni a Camila, ni a Fátima, ni a Norma, ni a Lucía ni a Susana se les garantizó un aborto, todas tuvieron que vivir embarazos forzados y de alto riesgo, producto de violaciones y a pesar de haber gritado que no querían ser madres. Las cinco niñas debieron acudir a la justicia internacional para obtener alguna respuesta reparatoria.

De estas cinco causas, sólo la de Camila tuvo una respuesta reciente y contundente: Perú es responsable. Tres años después de que la niña, representada por organizaciones que forman parte del movimiento Son Niñas No Madres, se presentara ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y acusara al estado peruano de haber violado sus derechos fundamentales, el organismo concluyó que la falta de información sobre el aborto terapéutico y el acceso efectivo a este procedimiento, además del contexto de embarazo producto de las violaciones de su padre, pusieron en peligro la vida y la salud de Camila. Además, el Comité resolvió que la revictimización que sufrió Camila por parte autoridades sanitarias, policiales y judiciales, responde a discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social.

La justicia para Camila es resultado de la estrategia de litigio del Movimiento Son Niñas, No Madres, conformado por una decena de organizaciones a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas: el Centro de Derechos Reproductivos (Global), Planned Parenthood Global (Global), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador), Fundación Desafío (Ecuador) y Promsex (Perú). Las mismas organizaciones son litigantes en los otros cuatro casos, presentados al Comité de Derechos Humanos, un año antes que el de Camila.

Ann Skelton, presidenta del Comité, fue lapidaria con el estado peruano: “Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”.

El día que se conoció la victoria judicial, Susana Chávez, directora de Promsex, enfatizó su relevancia: “Hoy es un día histórico que marca un precedente para todas las niñas del Perú y Latinoamérica. El dictamen reconoce la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, en casos de violación y embarazo en menores de edad”.

Es que la resolución del Comité no es sólo declaratoria: le indica a Perú una serie de medidas destinadas a evitar historias como la de Camila. Una de esas medidas es la despenalización del aborto en casos de embarazo infantil, para garantizar que las niñas embarazadas accedan a aborto seguro y atención postaborto. También recomienda modificar la normativa relacionada al acceso al aborto terapéutico, para que se regule su aplicación específica a las niñas.

Además, la huella no se verá sólo en Perú. “Al ser un dictamen que emana de la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los más de 190 países que han suscrito a esta convención pueden tomar lo que se obtuvo en el caso de Camila y convertir estas medidas en estándares para el abordaje de la violencia sexual y la maternidad forzada en sus países”, explica Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global. “La valentía de Camila no es en vano”, sostiene, “su causa va a impactar de manera positiva la decisión que tome el Comité de Derechos Humanos sobre las historias de las otras cuatro sobrevivientes que hoy son mujeres y que llevan años esperando justicia”.

Camila decidió contar su historia para transformar la de otras niñas en su país y en toda la región. Camila va a cambiar su historia y la de miles de niñas. Fátima, Norma, Lucía y Susana esperan respuestas. Necesitan que haya justicia para cada una de ellas. Merecen que se condene a los tres estados responsables (Ecuador, Nicaragua y Guatemala) por haber violado sus derechos y que se reconozca que las niñas deben ser niñas, no madres.

Por Ingrid Beck

Fotos: Seelvana

Fuente: Latfem