La criminalización de las mujeres que abortan, un “castigo” que persiste en América Latina
Entre 15 días y 50 años de cárcel es la pena a la que se enfrentan las mujeres que abortan en América Latina, una criminalización que es utilizada como una herramienta para “castigar” a las niñas, mujeres y personas gestantes que no desean continuar con su embarazo o que sufren una emergencia obstétrica.
Un “castigo” que a criterio de la abogada e investigadora Ximena Casas, no sólo se utiliza en países donde el aborto está totalmente penalizado, sino “también en países donde el aborto está permitido por alguna causal”.
“Con el tiempo hemos visto que cada vez hay más mujeres judicializadas en diferentes países, incluso donde avanzan las leyes para garantizar el acceso real y efectivo de un aborto legal y seguro. Vemos que hay un uso de ese derecho penal excesivo contra las mujeres como un castigo por no ejercer la maternidad, por no ejercer ese rol reproductivo que se ha impuesto, inclusive a aquellas que tienen abortos espontáneos o que tienen una emergencia obstétrica”, explica Casas, quien durante muchos años ha investigado el impacto de la criminalización del aborto en la región.
Sin embargo, las mujeres no necesariamente son judicializadas por delitos de aborto, cuyas penas en la región no exceden los 8 años, sino que van a la cárcel por crímenes como infanticidio, homicidio agravado o asesinato, que eleva las sentencias hasta los 50 años.
El ejemplo más claro de esa situación está en El Salvador, donde decenas de mujeres han enfrentado juicios o han ido a la cárcel tras sufrir abortos y emergencias obstétricas. Varias de ellas, como Manuela y Beatriz, fallecieron por no recibir tratamientos adecuados en medio de un contexto de criminalización, una situación que se ha extendido poco a poco a más lugares.
“Hoy en día, con las 15 investigaciones que se han hecho a nivel regional en diferentes países, vemos que la criminalización se va convirtiendo en una herramienta para limitar el acceso a un servicio esencial de salud como es el aborto”, agrega Casas.
La criminalización del aborto en América Latina
Ecuador, Colombia o Argentina son algunos de los lugares donde la experta señala que se criminaliza el aborto, pese a que son países que en los últimos tres años han registrado avances legislativos o judiciales en materia de despenalización.
Solo en cinco países de América Latina y el Caribe el aborto voluntario está despenalizado. En Uruguay y en Argentina el aborto se legalizó hasta la semana 14 del embarazo. En Cuba y en algunos estados de México es legal hasta la semana 12. Mientras que Colombia en 2022 se puso a la vanguardia de la garantía de los derechos reproductivos tras una decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24.
Después de ese límite gestacional, las niñas, mujeres y otras personas gestantes pueden acceder a un aborto por medio de causales, que varían por país, pero que generalmente responden al peligro a la vida o salud o en casos de violación. No obstante, la “letra chica” de muchas de las regulaciones y protocolos en América Latina y El Caribe sigue representando un obstáculo para quienes quieren acceder al procedimiento.
Por su parte, en El Salvador, República Dominicana, Honduras y Nicaragua persiste una penalización absoluta de la interrupción del embarazo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta tienen un impacto negativo sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación. “Dichas disposiciones imponen una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros”, ha dicho la CIDH en un informe sobre la situación de El Salvador.
Este impacto es aún más desproporcionado en el caso de mujeres racializadas o pobres.
Un castigo por no ser buena madre
En un análisis comparativo de investigaciones sobre la región, se ha podido determinar que la sala de emergencias del hospital al que las mujeres llegan con una emergencia obstétrica se convierte “en una puerta giratoria” que las lleva a la cárcel.
“Hemos visto que muchas de estas mujeres entraron a un proceso de judicialización porque se rompe ese secreto profesional que existe”, menciona Casas.
En Ecuador, por ejemplo, durante 10 años el 73 % de esas mujeres que acudieron a una emergencia fueron judicializadas porque se rompió el secreto profesional. Mientras que en Colombia la cifra es del 56 %.
Después de que se les abra un proceso penal, dice la especialista, “entran a todo un patrón de vulneración a derechos humanos en donde a estas mujeres se les viola el debido proceso porque las pruebas que se obtienen no tienen el acervo probatorio necesario”.
“Se llevan pruebas en donde se dice que hay rastros de misoprostol en la sangre que se les saca a las mujeres. Científicamente eso es imposible, sin embargo, son pruebas de la Fiscalía que aceptan los jueces. A las mujeres muchas veces se les toman testimonios en la sala de emergencia y sin presencia de un abogado al que todas tienen derecho”, afirma.
También se invalida su presunción de inocencia, pues se las trata como culpables desde el principio. “Inclusive a aquellas mujeres que tienen la oportunidad de tener una defensa legal, esos defensores les dicen que se declaren culpables, inclusive si han tenido una pérdida, un aborto espontáneo”, relata Casas.
En algunos de los casos que ha estudiado, recuerda, a las mujeres se las ha enviado a hacer labor en orfanatos, como parte de una medida sustitutiva a la prisión. “Y en las sentencias judiciales se detallaba que era para que aprendan a ser buenas madres. Lo que vemos es que hay un castigo específico hacia esas mujeres”.
Falta de datos desagregados para conocer la realidad
Alex Alí Méndez Díaz, coordinador de litigio de la organización AbortistasMX, dice que mientras el aborto esté en los códigos penales la criminalización seguirá existiendo.
“Porque no se hace una diferencia, no se investiga por qué una mujer aborta, sino simplemente desde que se dice aborto ya hay una criminalización social, legal, estatal”, agrega.
La organización que representa publicará en los próximos días una investigación sobre la criminalización en México, pues tienen “esa sensación de que a pesar de los avances y de la despenalización continúa habiendo procesos penales en contra mujeres, incluso mujeres y adolescentes en la cárcel”. Han detectado procesos judiciales abiertos en todo el país.
El principal problema, afirma, es que se les ha hecho imposible identificar a quienes están en prisión. “Para quienes acompañamos los procesos es importante poder determinar dónde están esas mujeres y quiénes son para poder acercarle la asistencia legal que requieran en caso de que no la tengan. El tema es que los estados cuando envían estos datos a la plataforma que alimentan, envían los datos por el delito de aborto y no diferencian si son hombres o mujeres”, explica. Tampoco divide los casos por el grado de participación.
“En los números que mandan incluyen a las mujeres que abortaron, a las personas que ayudaron a las mujeres a abortar, a los médicos e incluso aquellos casos de abortos forzados”, sostiene.
La ausencia de desagregación en estos datos impide evaluar con precisión el fenómeno de la criminalización del aborto voluntario en México.
En los seis estados en donde Abortistas MX trabaja han identificado por lo menos seis carpetas de investigación por abortos. Es decir, seis mujeres en prisión por aborto con una sentencia condenatoria. Pero a medida que el aborto se va despenalizando en los territorios, la criminalización se hace efectiva por medio de otros delitos como el homicidio en relación de parentesco.
Ha sido la misma Corte, al igual que otras en la región, la que en los últimos años ha emitido sentencias que reconocen el derecho a decidir y que determinan que la objeción de conciencia no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos.
“Cuando el Estado penaliza el aborto envía un mensaje basado en estereotipos del mandato de maternidad, de que quien aborta es delincuente, y eso tiene una afectación en cómo se percibe a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar”, señala Méndez Díaz.
Por Cristina Bazán
Fuente: Efeminista
