Feminismos. Puerto Rico. Rampantes los feminicidios: ¿Hasta cuándo? / No vamos a esperar a que otra mujer muera
Tal parece que el 2024 va en ruta a romper el macabro récord de feminicidios en Puerto Rico, con respecto a los años anteriores desde que se decretara el estado de emergencia por violencia de género en nuestro pais.
Según cifras del Observatorio de Equidad de Género, hubo 15 feminicidios en cada uno de los años 2021 y 2022. El 2023 cerró con 23 feminicidios, ocho más que en los dos años anteriores. El hecho de que solo durante el mes de enero de 2024, cuatro mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, como resultado de actos de violencia machista, debe ser un aldabonazo a nuestra consciencia colectiva. Una sacudida que más allá de la reflexión, lleve a la corrección inmediata de los errores de procedimiento y de juicio, de las lagunas legales y de la indiferencia y falta de empatia que, sin duda, han formado parte de estos desenlaces fatales.
Cómo es posible, vale preguntarnos, que sigan muriendo mujeres porque el Estado- que se supone que las proteja- les sigue fallando, luego de tres años desde que la constante y productiva militancia feminista lograra que al más alto nivel del Gobierno se reconociera por fin el grave problema de violencia de género que se vive en Puerto Rico?
¿Cómo es posible que sigan muriendo mujeres, una detrás de otra, en estas circunstancias tan terribles, luego de tres años desde que se decretara el estado de emergencia por violencia de género y se nombrara una comisión con tareas y objetivos específicos, luego de que existan leyes y protocolos para proteger a quienes tengan que ser protegidas, y de que la Rama Judicial cuente con salas especializadas y programas de adiestramiento para su personal que maneja este tipo de casos, y de que exista también una Oficina de la Procuradora de las Mujeres con funciones especiales para estas situaciones?
¿Dónde está la raíz del problema que suscita que estos incidentes se sigan repitiendo? Es cierto que el conjunto de medidas para prevenir y proteger a las posibles víctimas en estos casos funcionan más o menos adecuadamente la mayoría de las veces. Que cada año se atienden cientos y hasta miles de querellas y se expiden igual número de órdenes de protección que cumplen la función protectiva y disuasiva para la que fueron creadas. El problema son las excepciones, como por ejemplo cuando los agresores se cuelan por las hendijas de un sistema imperfecto, y la figura de autoridad que puede «pararlos en seco» no lo hace a tiempo o lo hace a medias. Este parece haber sido el caso en el asesinato de Linnete Morales Vázquez, cuya ex pareja la mató en el patio de su casa en Yauco, donde también asesinó a su madre y hermano.Un triple asesinato por un hombre reincidente en conductas de violencia machista, que no encontró en su camino la autoridad pertinente que lo detuviera en su furia feminicida. Luego trascendió que la fiscalía de Ponce había solicitado ese mismo día al Tribunal que le impusiera al hombre vigilancia electrónica por medio de un grillete, lo que el Tribunal no hizo. La víctima había notificado en repetidas ocasiones que estaba siendo acechada y perseguida por su ex pareja, y había obtenido del tribunal una orden de protección que estaba vigente al momento de su asesinato.
Como siempre, los políticos en campaña, acomodan sus expresiones para salir airosos. Pero la realidad les explota en la cara. El examen retrospectivo de los casos de feminicidios más recientes ha apuntado a fallas, algunas muy severas, en el manejo de los mismos por parte de jueces y juezas del sistema de tribunales. Pero también es cierto que, desde hace más de dos años, Puerto Rico no cuenta con una Procuradora de las Mujeres en propiedad. Esto, luego de que la procuradora designada Vilmarie Rivera Sierra fuera torpedeada, entre otros, por los propios senadores del PNP, y tuviera que ser retirado su nombramiento. Rivera Sierra contaba con el respaldo mayoritario de las organizaciones de mujeres en Puerto Rico, porque posee el conocimiento y la experiencia necesarios para el manejo adecuado de las problemáticas específicas de las mujeres. Las destrezas de mujeres como Vilmari Rivera Sierra no cuadran con ciertos senadores y políticos muy poderosos y muy machistas, los cuales han estado en primera fila para descarrilar cualquier iniciativa gue genere un diálogo serio y profundo sobre los reclamos de género y los derechos de las mujeres.
Sólo cuando podamos tener como pueblo una conversación sosegada y honesta sobre el problema de la violencia machista en Puerto Rico, conoceremos el alcance y profundidad del problema y saldrán las respuestas adecuadas para manejarlo. Ya existe experiencia abundante de que la educación con perspectiva de género desde temprana edad es una buena herramienta para ir cambiando actitudes y conductas aprendidas por niños y niñas que puedan desembocar en situaciones de violencia machista más adelante. Solo educando, adiestrando y propiciando un cambio en la mentalidad y conductas que fomentan el.machismo se irán derrumbando las barreras del prejuicio y los atavismos que todavía aprisionan a nuestro pueblo en ese ciclo sin fin de violencia y muerte. El momento de hacerlo es ahora, a través de la educación y de forma radical, porque cambiar conductas es un proceso largo, y nuestras niñas y mujeres no pueden esperar más.
No vamos a esperar a que otra mujer muera
“Nosotras por nuestras vidas”, con este grito de denuncia, la organización Colectiva Feminista en Construcción se propone iniciar una jornada que culminará con una manifestación el próximo 8 de marzo, en respuesta al aumento de violencia de género y para exigir al Gobierno una rendición de cuentas por el Estado de Emergencia.
La convocatoria se da ante los recientes casos de feminicidios, cuatro en este mes de enero. Estos han saltado a la discusión pública por denuncias de mal manejo de los procedimientos en casos de la Ley 54 de violencia doméstica por parte del Departamento de Justicia, fiscales y jueces. En tres de los feminicidios, familiares de las víctimas también fueron asesinados.
En conferencia de prensa, la Colectiva Feminista atribuyó que las fallas en la atención a sobrevivientes discutidos en días recientes responden a que no existe una respuesta integrada por parte del Gobierno ni un sentido de urgencia de la situación. Al respecto, una de las portavoces, la licenciada Zoan Dávila Roldán, censuró el que luego de emitirse la primera Orden Ejecutiva (OE) en el 2021 declarando un estado de emergencia por la violencia doméstica y de que se organizara el Comité PARE, al año, el gobernador Pedro Pierluisi, cuando todavía no se había completado ninguna porción significativa del trabajo, eliminó el Comité y delegó todos los trabajos en una sola persona. En tono crítico, Dávila Roldán cuestionó el que la oficial de cumplimiento, Ileana Espada, sea la que deba asegurarse de que la política pública de ese estado de emergencia se cumpla.
Según expresó, el gobernador pidió tiempo y espacio para trabajar. “Ese tiempo y espacio se lo dimos. Tres años después, ahora, los resultados de ese trabajo son cuestionables. Las organizaciones feministas del Comité crearon planes y proyectos a los que no se les dio curso, los jefes de agencias no iban a las reuniones. Las extensión dos veces de la OE extendiendo la emergencia no tiene objetivos claros de lo que se quiere lograr”, declaró.
A preguntas de CLARIDAD sobre el trabajo de la oficial de cumplimiento, la licenciada Dávila Roldán, denunció que lo que ha hecho es repartir fondos y que en estos momentos no hay trabajos que se estén llevando a cabo, según anunció el gobernador y según se desprenden de los informes del Comité PARE. “Lo que se está haciendo es dando seguimiento a proyectos que quedaron por hacer”. Agregó que la poca información que hay es de la repartición de fondos, los cuales en primera instancia se han asignado al Negociado de la Policía, al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM). El dinero que va a la OPM a su vez se distribuye a organizaciones que ofrecen servicios directos a las mujeres.
En cuanto a la actual ejecutoria de la OPM, Dávila Roldán reconoció que en esta oficina “se ven unos esfuerzos, digamos, que contrastan mucho con la labor de la pasada procuradora”. Comentó que por medio de un informe de la Comisión de la Mujer saben que la procuradora le está dando atención particular al tema de la gestión policiaca, a los casos de sobrevivientes y al manejo de las querellas presentadas contra agresores miembros de la Policía. Según dijo, desde el 2017 hay 422 querellas por violencia doméstica contra miembros de la Policía.
De acuerdo a la portavoz del Colectiva Feminista, en el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado se discute cómo la OPM ha estado pidiendo documentación e información a la Policía sobre cómo se estaban manejando investigando estos casos y cómo la Policía se ha negado ante la Comisión a dar la información, y así lo ha dicho.
En tanto, Shariana Ferrer Núñez, otra de las portavoces, a preguntas de la prensa, en tono severo cuestionó las convocatorias por parte de varias legisladoras supuestamente para atender la situación de la violencia de género. En referencia a la convocatoria que hiciera la representante Wanda del Valle, Ferrer Nuñez reaccionó: “Me pregunto dónde ha estado en estos cuatro años de política pública. Creo que de momento caer de paracaídas y agarrar cámara y decir que está trabajando el tema de género… lo que pasa es que los proyectos están engavetados”.
La activista reparó en que cuando se hace un examen de cuáles han sido esas medidas, la mayoría de esas propuestas tienen que ver con la atención a la violencia de género una vez ocurre la violencia. “Nosotras estamos exigiendo legislación y política pública de prevención para erradicar la violencia de género. Me parece que otra de las senadoras que estuvo agarrando cámara fue la senadora Riquelme, una persona de la que hace una semana se publicó que en las sesiones legislativas es la que más ausencias ha tenido”.
En cuanto a la jornada, se informó que esta consistirá de una serie de acciones, movilizaciones, talleres y encuentros que comenzarán esta misma semana. La Jornada tendrá como objetivo exigir la rendición de cuentas sobre el Estado de Emergencia, la implementación de medidas puntuales de prevención y exigir a los partidos políticos y candidatos incumbentes que asuman como compromiso la erradicación de la violencia de género en sus plataformas y propuestas de trabajo. Indicaron que la jornada irá en escalada y que desembocará en un Paro de Mujeres el 8 de marzo, día en que, aseguraron, paralizarán el Expreso Las Américas.
