Una encuesta realizada por la Red Acción Carcelaria reveló que las mujeres privadas de libertad en Chile enfrentan serias dificultades para acceder a productos de higiene menstrual y atención ginecológica. Según las autoras del informe, entre otras razones, es la falta de políticas públicas con enfoque de género la que ha profundizado la vulneración de sus derechos y las ha llevado a vivir la 'pobreza menstrual'. Aquí parte de los resultados.
Un 15% de las mujeres privadas de libertad no tuvo acceso a productos de higiene durante su última menstruación.
Un 59% declara que a pesar de haber tenido acceso a productos, no tuvo acceso a suficientes productos para cambiarlos cuando quiso.
En relación con la atención ginecológica, a pesar de que el 71,6% declaró haber necesitado atención, sólo el 46% afirmó haberla recibido.
Cuando se trata de otros exámenes como mamografías y detección de ITS, menos de un 13% declara haberlos realizado.
Todas estas cifras son parte del informe Salud sexual y menstrual en mujeres privadas de libertad (Marzo 2024), una encuesta realizada por la Red Acción Carcelaria, con el objetivo de describir la experiencia de la menstruación y el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad en distintos centros penitenciarios a lo largo de Chile.
En específico desde la fundación se pusieron los siguientes objetivos: conocer las condiciones de higiene e infraestructura sanitaria disponibles para las mujeres privadas de libertad; identificar la calidad y provisión de productos sanitarios en los centros penitenciarios así como las alternativas y limitaciones de acceso a estos productos; explorar la experiencia de menstruar durante la privación de libertad; y, por último, describir el acceso a atención ginecológica de las mujeres privadas de libertad. Y para ello, aplicaron la encuesta a 84 mujeres en dos centros penitenciarios del país: 66 mujeres pertenecientes al Centro de cumplimiento penitenciario de Iquique y 18 mujeres del Centro de detención preventiva de San Miguel.
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Respecto de la muestra, desde la Red Acción Carcelaria aclaran que no busca ser representativa a nivel nacional, pues aseguran que realizar un levantamiento de información con esas características dentro de los recintos penitenciarios conlleva muchas complejidades. “Sin embargo, los resultados condicen con la realidad que hemos podido dilucidar como fundación en nuestras intervenciones en más de 21 cárceles de mujeres. La pobreza menstrual y la falta de acceso a la salud existe, y el estudio busca dar visibilidad a esas vivencias”, dicen.
La relevancia de estos datos –los primeros que se levantan en la población penal femenina asociados a la gestión menstrual y salud sexual y reproductiva– radica en la vulneración de derechos por parte del Estado. “Al privar de libertad, el Estado asume un rol de garante de los derechos de esas personas, que quedan bajo su dependencia en un estado de particular vulnerabilidad. Y el contar con insumos de gestión menstrual es una condición mínima directamente vinculada a la dignidad y la higiene”, agregan desde la fundación.
Una realidad que se profundiza en el caso de las mujeres migrantes que están detenidas, y que no cuentan con ningún tipo de red de apoyo en el país.
Pobreza menstrual
Este concepto ha sido definido por la ONU Mujeres como “algo que trunca su vida (de las mujeres que lo padecen), sus derechos y su libertad”. La pobreza asociada a la menstruación hace referencia a no poder pagar los productos menstruales o acceder a ellos y no contar con instalaciones de saneamiento e higiene ni la educación o los conocimientos para gestionar la salud menstrual.
Una realidad que viven las mujeres en las cárceles en Chile. En esta encuesta, sólo 6 de cada 10 mujeres afirmó haber tenido suficientes productos de higiene menstrual para cambiarlos cuando quisieran; 2 de cada 5 mujeres declaró que durante su última menstruación tuvo que recurrir a una alternativa distinta a los productos de higiene comunes, como son un pedazo de tela o papel higiénico; un 47% de las mujeres declaró tener suficiente privacidad para cambiarse, mientras que un 26% manifestó no contar con ella.
En relación al acceso a agua y jabón para el manejo de higiene menstrual, el 69% declaró que tiene acceso a ambos; el 25,7% declaró que tiene acceso sólo a agua; y el 5,4% afirmó que no tiene acceso ni a agua ni a jabón.
Según las autoras del informe, la falta de acceso a la salud y a insumos básicos que tienen las mujeres presas va más allá de la sobrepoblación penal. “Es un problema estructural por la falta de políticas públicas con enfoque de género, en particular en temas penitenciarios. El sistema carcelario es un sistema hecho por y para hombres por lo que no consideró desde su gestación, las necesidades propias del género en su diseño, tanto físico como normativo”, dicen. Y agregan: “Si buscamos que las mujeres privadas de libertad puedan reinsertarse en la sociedad debemos asegurar un piso mínimo de dignidad. La higiene menstrual es una necesidad básica que debe garantizarse, junto a otras medidas para abordar la maternidad o la salud sexual. Todo esto es imperativo para avanzar en la reinserción social, y por tanto, en mayor seguridad pública”.
El derecho a la salud
Cada año, se realizan diversas campañas tanto del gobierno como de otros actores sociales para fomentar la realización de exámenes ginecológicos preventivos y también para relevar su importancia. Sin embargo, las cifras recogidas en esta encuesta, dan cuenta de que las mujeres privadas de libertad están quedando fuera de estos planes.
De hecho, 7 de cada 10 de las mujeres entrevistadas declararon haber necesitado atención ginecológica desde que están dentro del centro penitenciario, pero tan sólo un 45,8% se ha podido atender. Y respecto de los exámenes, el 43,6% de las entrevistadas afirmaron haberse realizado el PAP desde que están privadas de libertad, convirtiéndose en el examen más común; pero cuando se les pregunta por otros exámenes como mamografías, detección de ITS y detección de hongos, cistitis e infección urinaria, menos de un 13% declara haberlos realizado.
“La población penal femenina en Chile representa cerca del 8% del total de población penal. Esto ha generado que se invisibilice su realidad, su trayectorias de vida y las razones por las que entran al mundo del delito, que muchas veces está asociado al rol de la crianza, sostener el hogar y el cuidado de sus hijas e hijos. Esta invisibilización va de la mano de la impopularidad que tiene el tema, debido a que somos una sociedad profundamente punitivista, la población no espera que las personas privadas de libertad tengan derechos, se suelen ver como “beneficios” ilegítimos o inmerecidos. La gran mayoría del mundo político, incluso siendo conscientes de la importancia de avanzar en esta materia, han reproducido políticas populistas que no están basadas en evidencia”, dicen desde la Red.
La gravedad de esto radica en que se pone en riesgo la vida de estas mujeres y se pasa a llevar el derecho a la salud que es un derecho humano, agregan las autoras del informe. “No podemos como sociedad renunciar al respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas, porque están privadas de libertad. El derecho internacional es claro al indicar que se deben limitar los derechos vinculados a la posibilidad de movimiento. No así la salud”.
Y concluyen: “Desde la perspectiva de que la gran mayoría de las personas que pasan por la cárcel saldrán algún día, lo deseable es que sea un espacio que cumpla con los fines de seguridad y reinserción, y que, al momento del egreso, tengan las capacidades y posibilidades de reinsertarse en la sociedad. La vulneración de derechos como la salud, el contacto con las familias, la capacitación o la alimentación adecuada, atenta directamente con ese fin”.
Patricia Morales y Collage: Sofía Valenzuela
Fuente: Paula, La Tercera
