Eliminación del feminicidio del Código Penal: Impacto en las políticas de género en Argentina
Reformas al CCódigo Penal y su impacto en las políticas de género en Argentina
El gobierno liderado por Javier Milei ha anunciado la eliminación de la figura del feminicidio del Código Penal argentino, una medida presentada como parte de un esfuerzo por garantizar la igualdad ante la ley. Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, esta decisión refleja el compromiso con la Constitución Nacional, que establece que todas las vidas tienen igual valor jurídico. La ley 26.791, introducida en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández, imponía prisión perpetua a quienes asesinaran a una mujer en contextos de violencia de género, pero ahora será modificada.
Cúneo Libarona ha criticado el feminismo, calificándolo como una "distorsión del concepto de igualdad" y argumentando que fomenta divisiones sociales. Estas declaraciones se alinean con los planteamientos del presidente Milei, quien ha cuestionado públicamente la figura del feminicidio, considerándola una forma de desigualdad jurídica.
Ataque a políticas públicas de género
Desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, su administración ha emprendido acciones que afectan directamente a las políticas de protección de las mujeres. Entre las medidas adoptadas se encuentra la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, así como de otras áreas clave de atención y prevención de la violencia machista, como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Además, la jerarquía de servicios como la Línea 144 ha sido degradada, limitando su alcance en la asistencia a víctimas.
El presidente también ha expresado su rechazo a la Agenda 2030 y su enfoque en la igualdad de género, calificándola como una imposición ideológica. Este contexto ha generado preocupación en sectores que abogan por los derechos de las mujeres y la continuidad de políticas públicas que protejan a las víctimas de violencia.
Cifras alarmantes de violencia de género
Las estadísticas de violencia machista reflejan una problemática persistente en Argentina. En 2024, organizaciones como Mumalá y el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti documentaron entre 255 y 294 feminicidios, con un promedio de un caso cada 34 horas. Estas cifras contrastan con los datos oficiales, que reportan un descenso del 10 % en las muertes por esta causa.
De acuerdo con Mumalá, sólo el 12 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el porcentaje más bajo en casi una década. Estos datos evidencian no solo la gravedad de la violencia de género, sino también las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y protección.Fotografías: gentileza diferentes medios de la web.
En relación al Consenso de Montevideo
Los tres artículos más relevantes del Consenso de Montevideo aplicables al texto anterior son: Artículo 58, Artículo 65 y Artículo 50. La eliminación de la figura del feminicidio del Código Penal argentino y la reducción de políticas públicas de atención y protección a las mujeres representan un retroceso significativo en el compromiso de combatir la violencia de género y promover la igualdad de género, tal como se establece en el Consenso de Montevideo. El artículo 58 subraya la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, y de sensibilizar a los aplicadores de justicia en la perspectiva de género.
El artículo 65 destaca la importancia de implementar servicios y programas integrales y accesibles para las mujeres, que incluyan atención especializada en casos de violencia y promuevan su autonomía. Por último, el artículo 50 enfatiza la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, garantizando la igualdad de género y la participación activa de las organizaciones de mujeres en su implementación. Estas acciones del gobierno argentino contravienen los principios y compromisos establecidos en el Consenso de Montevideo, que busca avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.
#58 - Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia
#65 - Poner en marcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones
#50 - Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales,
organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género
Fuente: Efeminista.com
