Índices de igualdad de género: Las cifras no mienten, pero tampoco relatan toda la historia
Varios indicadores estadísticos evalúan cada año si la igualdad entre los sexos de hecho está avanzando. Estas cifras nos hacen recordar algunas potentes circunstancias que las mujeres enfrentan, pero también dan lugar a preguntas acerca de por qué los derechos difieren sobre el papel y en la realidad.
Un mundo de estadísticas
Si se pidiera opinión a defensoras de derechos, o incluso al público general, sobre cuáles países se acercaron más al logro de la igualdad de género, las naciones usuales serían mencionadas: países nórdicos (Islandia, Noruega y Suecia), así como algunos de sus vecinos (Países Bajos y Suiza) y otras naciones desarrolladas (Australia y Canadá). Pero ¿qué hay de países como Filipinas, Lesoto, Ruanda y Sudáfrica, que este año figuraron prominentemente en varias medidas de la igualdad de género? ¿Cuáles factores elevaron sus puntuaciones?
Los progresos hacia la igualdad de género se miden anualmente por medio de varios índices estadísticos, entre ellos el Índice de Desarrollo ajustado por Género (IDG),[1] producido por las Naciones Unidas; el Índice de Disparidad entre Géneros (IDDG),[2] del Foro Económico Mundial; y el Índice de Equidad de Género (IEG),[3] compilado por Social Watch (Control Ciudadano), una red internacional de organizaciones ciudadanas. Estos índices son cálculos compuestos de estadísticas recabadas en forma consistente y ampliamente disponibles, incluyendo las relacionadas con esperanza de vida, inscripción escolar, participación en la fuerza laboral y representación política. Recopiladas desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945, estas estadísticas sirven como indicadores y autoridad para una gama de marcadores de la igualdad. Son calculadas tanto para mujeres como para hombres a nivel de país y se califica a las naciones por su nivel de logro de la igualdad de género en comparación con las demás y a lo largo del tiempo.
Las más recientes medidas de la igualdad de género: sombrías pero prescriptivas
No es sorprendente que todos los índices en 2009, incluyendo los tres arriba mencionados, muestren que la desigualdad de género es persistente y en muchos lugares la brecha se cierra lentamente o no se está cerrando en absoluto. De hecho, incluso está ensanchándose en algunos países del sur de Asia, el sudeste asiático y el África subsahariana, según el IEG de Social Watch. Es más, varios de los índices señalan que los avances económicos logrados por las mujeres en 2008, sobre todo a través de empleos remunerados en sectores económicos formales, se revirtieron en 2009 tras la crisis sistémica – y probablemente mucho antes de que ésta llegara a su actual nivel.
Sin embargo, junto a estas lóbregas conclusiones surge un hallazgo reforzado por la clasificación de países como Sudáfrica entre ‘los diez mejores’ del IDDG y de Ruanda en el tercer lugar del IEG: es decir que las políticas públicas tienen un impacto significativo en la igualdad de género, independientemente del nivel de desarrollo económico general. Por ejemplo, Ruanda recibió una puntuación alta a pesar de que aún está recuperándose de un brutal genocidio y sus recursos económicos son escasos en comparación con la mayoría de países del Hemisferio Norte. Su calificación aumentó debido al elevado nivel de representación femenina en el Parlamento y marcados esfuerzos por crear oportunidades de generación de ingresos para las mujeres. Formuladores de políticas utilizan el ejemplo de Ruanda a fin de argumentar que las naciones pobres no tienen excusa para dejar a las niñas fuera de las escuelas y a las mujeres sin empleos ni oportunidades de participación política.
A la inversa, esta conclusión también significa que la igualdad entre los sexos no está garantizada en los países ricos. Aunque muchos de éstos tienen fuertes cimientos – una asignación dedicada de recursos y políticas públicas sensibles a las cuestiones de género – a partir de los cuales avanzar, tienen que continuar dando pasos activos para realizar la igualdad, así como asegurar que todas las mujeres estén incluidas en sus esfuerzos. El mensaje general: los recursos financieros son necesarios pero no suficientes para hacer realidad la igualdad de género; la voluntad política y políticas públicas previsoras pueden marcar una diferencia significativa.
Las estadísticas hacen argumentos contundentes
Hallazgos como éstos resuenan fuerte y claramente en los medios de comunicación regulares y entre públicos globales. Todos los años, el 8 de marzo – Día Internacional de las Mujeres – columnistas de prensa y reporteros de televisión vuelven de nuevo al tema, resaltando para el público en general lo que defensoras de los derechos de las mujeres ya saben: que no hay suficientes progresos.
El IDDG se discute ahora cada año en el Foro Económico Mundial en Davos. En 2010, la coautora del informe, Saadia Zahidi, utilizó los hallazgos con miras a conseguir apoyo para las campañas “Invertir en las Mujeres” creadas por la iniciativa The Girl Effect [El Efecto de la Niña] de la Fundación Nike y otras del sector privado centradas en cuestiones de género.
Asimismo, dado que las estadísticas utilizadas en los índices de igualdad de género son ampliamente aceptadas y reconocidas a nivel internacional, las defensoras también pueden usarlas para exigir cuentas a los gobiernos por las promesas que éstos no han cumplido o bien halagarlos por políticas que sí están funcionando.
Por ejemplo, Natalia Cardona, Coordinadora de Cabildeo de Social Watch, llevó los hallazgos del IEG a la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU que tuvo lugar en Nueva York en marzo de 2010,[4] donde representantes gubernamentales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se habían reunido para discutir los progresos realizados desde la creación de la Plataforma de Acción de Beijing hace 15 años. Cardona explicó que, en vista de que las estadísticas en el IEG son recabadas y aceptadas por los gobiernos, no hay manera de que éstos puedan darles la espalda a tales evidencias o negar que la desigualdad de género aún existe. Ella plantea que, según lo muestra el IEG, los gobiernos no están haciendo lo suficiente para promover la igualdad entre los sexos. En general, el IEG sirve como una poderosa herramienta para exigir rendición de cuentas en un momento histórico en el cual, más que nunca durante las últimas décadas, los gobiernos están incumpliendo sus compromisos relativos a la igualdad de género.
Además, dado que el IEG es el único índice producido por una organización de la sociedad civil (OSC), muestra claramente las desigualdades y utiliza estadísticas congruentes con las demandas y preocupaciones de las OSC, las ONG dedicadas a los derechos de las mujeres con frecuencia lo llevan ante sus gobiernos abogando por que se evalúen y reformen los programas y proyectos ineficaces y proporcionando buenos argumentos para la creación de otros nuevos.
Hay más que contar de esta historia
Sin embargo, en círculos de gestoría y defensa más profundas y cotidianas, las limitaciones de esos indicadores empiezan a surgir en varios niveles.
En primer lugar, dado que estas estadísticas miden diferencias entre hombres y mujeres, denotan disparidades relativas en vez de un bienestar general, lo cual puede ser engañoso. Por ejemplo, los países que tienen tasas equitativas pero abismalmente bajas de inscripción escolar para niños y niñas aún pueden ocupar un buen lugar en un índice porque han cerrado una brecha utilizando un parámetro relativamente bajo. Además, ciertos países no democráticos, como los de la región del Golfo, pueden tener tasas casi equitativas pero muy bajas de participación política en general, ocultando la necesidad de una amplia reforma política. Por el contrario, a naciones como la India, donde hay tasas marcadamente altas de participación política de mujeres y hombres a través del sufragio y la organización política, podría no irles muy bien en los índices porque los indicadores sólo miden el éxito de personas candidatas al cargo político de más alto nivel.
Asimismo, en vista de que estas estadísticas totalizan cifras para todas las mujeres, ocultan la realidad de que a algunas mujeres en cada país les puede estar yendo bien mientras que la situación de otras es mucho peor. Por ejemplo, en la mayoría de contextos, las mujeres y niñas sanas, heterosexuales, urbanas y de clase media que pertenecen a comunidades étnicas y lingüísticas mayoritarias tendrán más oportunidades de asistir a la escuela, conseguir trabajos dignos con salarios adecuados y participar políticamente que sus homólogas rurales, con discapacidad, lesbianas, indígenas, migrantes y pobres.
Adicionalmente, aun las estadísticas que lucen ‘buenas’ no pueden captar todo el panorama y podrían incluso disfrazar tendencias que van en contra de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Social Watch plantea que si bien la brecha educativa se está cerrando en muchos países, es importante comprender cómo está ocurriendo. Aunque más niñas asistan a la escuela en un país particular, ¿están hacinadas en aulas pequeñas? ¿Cuál es el estado de las escuelas? ¿Es peligroso para las niñas viajar hacia éstas? ¿Son las condiciones seguras y sanitarias? ¿Tienen las niñas una nutrición y salud adecuadas para poder aprender? ¿Sus libros de texto contienen sesgos de género? ¿Sus docentes cuentan con capacitación? ¿Y se topan estas niñas con resistencia al afirmar sus conocimientos en la esfera privada a medida que aprenden más fuera del hogar?
Preguntas similares tienen que ver con las estadísticas relativas a la fuerza laboral y la participación política. Por ejemplo, en el IEG España y Filipinas tienen puntuaciones comparables. A ambas les está yendo bien en cuanto a cerrar brechas educativas: casi 99 niñas asisten a la escuela por cada 100 niños. Filipinas, sin embargo, tiene tasas mucho más altas de participación política y en España hay una mayor cantidad de mujeres que son representantes políticas. Aun así, en ambos países lo que cuenta es el carácter cualitativo de la participación. Específicamente, muchas mujeres filipinas trabajan en el sector informal desde su hogar y en el extranjero bajo condiciones laborales explotadoras. La mayoría tiene pocas protecciones y beneficios y sobrelleva tremendos costos y sacrificios personales para desempeñar estos trabajos. Así, los altos porcentajes de participación en la fuerza laboral no necesariamente se traducen en bienestar para las mujeres.
Mientras tanto, esfuerzos realizados dentro del sistema político de España han propiciado que mujeres más de avanzada busquen posiciones políticas y ello se ha traducido en logros de políticas públicas progresistas para las mujeres. De modo que no está claro si las equivalencias numéricas de España y Filipinas en el IEG significan que las brechas de género se están cerrando en formas similares o beneficiosas.
En muchos otros países, mujeres conservadoras engrosan las filas políticas, amenazando e incluso revirtiendo los logros relativos a los derechos de las mujeres. Más aun, en algunos países como la India, que figura entre ‘los diez peores’ en la clasificación del IEG, las mujeres han hecho grandes avances en la política local, influyendo de manera significativa en el establecimiento de políticas comunitarias relacionadas con salud, educación, saneamiento, infraestructura y medio ambiente. Sin embargo, nada de esto ha quedado reflejado en las estadísticas sobre participación política, que recogen la participación sólo a nivel nacional.
Finalmente, mientras que los indicadores educativos, económicos y políticos relatan una serie de historias, no dicen nada sobre asuntos primordiales que tienen impacto en el bienestar de las mujeres, incluyendo el trabajo de cuidados no remunerado, la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, Irlanda figura entre los primeros diez países en el IDDG de 2009, pero ahí está prohibido el aborto. De manera similar, Sudáfrica ocupa el sexto lugar en gran medida debido al elevado número de mujeres que forman parte del nuevo gobierno, pero se enfrenta a una pobreza generalizada, una pandemia de VIH y sida en curso y la tasa más alta en el mundo de violaciones sexuales denunciadas. Las Bahamas ocupan el quinto lugar en el IEG pero este país no reconoce las uniones entre personas de un mismo sexo ni tiene leyes contra la discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
La falta de derechos sexuales y reproductivos y la violencia endémica contra las mujeres pueden a menudo mitigar o incluso anular los logros reales reflejados por ‘buenos’ indicadores estadísticos en educación, empleo y participación política.
Además, el hecho de que ninguno de los índices dé cuenta del trabajo de cuidados no remunerado puede inadvertidamente contribuir a su continua invisibilidad y creciente uso como una manera de compensar los recortes en el gasto público y las mayores cargas que las familias enfrentan debido a la crisis sistémica mundial. Es poco beneficioso que las mujeres puedan tener acceso a más empleos remunerados y escaños en órganos representativos si sus cargas también aumentan en el hogar como resultado de esto y ellas en general no están seguras ni gozan de salud.
En suma, los derechos están interrelacionados y las estadísticas que persiguen medirlos – como un medio para más análisis, gestoría y defensa – tienen un largo camino que recorrer para ser capaces de reflejar esto con precisión. Mientras tanto continúan enviando potentes mensajes a una variedad de partes interesadas de que hay mucho trabajo por hacer. Tal como lo plantea BRIDGE, un servicio de conocimientos en género dentro del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo en el Reino Unido, dado que aquello que se mide tiene probabilidades de ser priorizado y rastreado, los indicadores brindan buenas razones por las cuales la igualdad de género debe ser tomada en serio.[5]
Nota: Este artículo es parte de la serie semanal Notas de los Viernes de AWID, que analiza asuntos y eventos importantes desde una perspectiva de derechos de las mujeres. Para suscribirte a este boletín, pulsa aquí.
Notas:
Ver: Medición de la desigualdad: el Índice de Desarrollo ajustado por Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG).
Ver: ‘Islandia lidera el Índice 2009 de Disparidad entre Géneros del Foro Económico Mundial’, 27 de octubre de 2009, donde se puede descargar el informe 2009.
Social Watch, Índice de Equidad de Género (IEG) 2009.
Cardona, Natalia; Duhagon, Elsa; Abelenda, Ana Inés; y Hamed, Amir (eds.), ‘Más allá de Beijing: La hora de la economía de género – A 15 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer’, Cuaderno ocasional No. 6, marzo de 2010 (presentado en la 54a. Sesión de la CSW). Montevideo: Social Watch / Instituto del Tercer Mundo.
Moser, Annalise, Gender and Indicators – Overview Report [Género e indicadores – Informe general]. Brighton, Reino Unido: BRIDGE, julio de 2007. La versión resumida del informe, ‘Género y medidas del cambio’, está disponible en español en el Boletín En Breve de BRIDGE, Edición No. 19, julio de 2007.
Si se pidiera opinión a defensoras de derechos, o incluso al público general, sobre cuáles países se acercaron más al logro de la igualdad de género, las naciones usuales serían mencionadas: países nórdicos (Islandia, Noruega y Suecia), así como algunos de sus vecinos (Países Bajos y Suiza) y otras naciones desarrolladas (Australia y Canadá). Pero ¿qué hay de países como Filipinas, Lesoto, Ruanda y Sudáfrica, que este año figuraron prominentemente en varias medidas de la igualdad de género? ¿Cuáles factores elevaron sus puntuaciones?
Los progresos hacia la igualdad de género se miden anualmente por medio de varios índices estadísticos, entre ellos el Índice de Desarrollo ajustado por Género (IDG),[1] producido por las Naciones Unidas; el Índice de Disparidad entre Géneros (IDDG),[2] del Foro Económico Mundial; y el Índice de Equidad de Género (IEG),[3] compilado por Social Watch (Control Ciudadano), una red internacional de organizaciones ciudadanas. Estos índices son cálculos compuestos de estadísticas recabadas en forma consistente y ampliamente disponibles, incluyendo las relacionadas con esperanza de vida, inscripción escolar, participación en la fuerza laboral y representación política. Recopiladas desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945, estas estadísticas sirven como indicadores y autoridad para una gama de marcadores de la igualdad. Son calculadas tanto para mujeres como para hombres a nivel de país y se califica a las naciones por su nivel de logro de la igualdad de género en comparación con las demás y a lo largo del tiempo.
Las más recientes medidas de la igualdad de género: sombrías pero prescriptivas
No es sorprendente que todos los índices en 2009, incluyendo los tres arriba mencionados, muestren que la desigualdad de género es persistente y en muchos lugares la brecha se cierra lentamente o no se está cerrando en absoluto. De hecho, incluso está ensanchándose en algunos países del sur de Asia, el sudeste asiático y el África subsahariana, según el IEG de Social Watch. Es más, varios de los índices señalan que los avances económicos logrados por las mujeres en 2008, sobre todo a través de empleos remunerados en sectores económicos formales, se revirtieron en 2009 tras la crisis sistémica – y probablemente mucho antes de que ésta llegara a su actual nivel.
Sin embargo, junto a estas lóbregas conclusiones surge un hallazgo reforzado por la clasificación de países como Sudáfrica entre ‘los diez mejores’ del IDDG y de Ruanda en el tercer lugar del IEG: es decir que las políticas públicas tienen un impacto significativo en la igualdad de género, independientemente del nivel de desarrollo económico general. Por ejemplo, Ruanda recibió una puntuación alta a pesar de que aún está recuperándose de un brutal genocidio y sus recursos económicos son escasos en comparación con la mayoría de países del Hemisferio Norte. Su calificación aumentó debido al elevado nivel de representación femenina en el Parlamento y marcados esfuerzos por crear oportunidades de generación de ingresos para las mujeres. Formuladores de políticas utilizan el ejemplo de Ruanda a fin de argumentar que las naciones pobres no tienen excusa para dejar a las niñas fuera de las escuelas y a las mujeres sin empleos ni oportunidades de participación política.
A la inversa, esta conclusión también significa que la igualdad entre los sexos no está garantizada en los países ricos. Aunque muchos de éstos tienen fuertes cimientos – una asignación dedicada de recursos y políticas públicas sensibles a las cuestiones de género – a partir de los cuales avanzar, tienen que continuar dando pasos activos para realizar la igualdad, así como asegurar que todas las mujeres estén incluidas en sus esfuerzos. El mensaje general: los recursos financieros son necesarios pero no suficientes para hacer realidad la igualdad de género; la voluntad política y políticas públicas previsoras pueden marcar una diferencia significativa.
Las estadísticas hacen argumentos contundentes
Hallazgos como éstos resuenan fuerte y claramente en los medios de comunicación regulares y entre públicos globales. Todos los años, el 8 de marzo – Día Internacional de las Mujeres – columnistas de prensa y reporteros de televisión vuelven de nuevo al tema, resaltando para el público en general lo que defensoras de los derechos de las mujeres ya saben: que no hay suficientes progresos.
El IDDG se discute ahora cada año en el Foro Económico Mundial en Davos. En 2010, la coautora del informe, Saadia Zahidi, utilizó los hallazgos con miras a conseguir apoyo para las campañas “Invertir en las Mujeres” creadas por la iniciativa The Girl Effect [El Efecto de la Niña] de la Fundación Nike y otras del sector privado centradas en cuestiones de género.
Asimismo, dado que las estadísticas utilizadas en los índices de igualdad de género son ampliamente aceptadas y reconocidas a nivel internacional, las defensoras también pueden usarlas para exigir cuentas a los gobiernos por las promesas que éstos no han cumplido o bien halagarlos por políticas que sí están funcionando.
Por ejemplo, Natalia Cardona, Coordinadora de Cabildeo de Social Watch, llevó los hallazgos del IEG a la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU que tuvo lugar en Nueva York en marzo de 2010,[4] donde representantes gubernamentales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se habían reunido para discutir los progresos realizados desde la creación de la Plataforma de Acción de Beijing hace 15 años. Cardona explicó que, en vista de que las estadísticas en el IEG son recabadas y aceptadas por los gobiernos, no hay manera de que éstos puedan darles la espalda a tales evidencias o negar que la desigualdad de género aún existe. Ella plantea que, según lo muestra el IEG, los gobiernos no están haciendo lo suficiente para promover la igualdad entre los sexos. En general, el IEG sirve como una poderosa herramienta para exigir rendición de cuentas en un momento histórico en el cual, más que nunca durante las últimas décadas, los gobiernos están incumpliendo sus compromisos relativos a la igualdad de género.
Además, dado que el IEG es el único índice producido por una organización de la sociedad civil (OSC), muestra claramente las desigualdades y utiliza estadísticas congruentes con las demandas y preocupaciones de las OSC, las ONG dedicadas a los derechos de las mujeres con frecuencia lo llevan ante sus gobiernos abogando por que se evalúen y reformen los programas y proyectos ineficaces y proporcionando buenos argumentos para la creación de otros nuevos.
Hay más que contar de esta historia
Sin embargo, en círculos de gestoría y defensa más profundas y cotidianas, las limitaciones de esos indicadores empiezan a surgir en varios niveles.
En primer lugar, dado que estas estadísticas miden diferencias entre hombres y mujeres, denotan disparidades relativas en vez de un bienestar general, lo cual puede ser engañoso. Por ejemplo, los países que tienen tasas equitativas pero abismalmente bajas de inscripción escolar para niños y niñas aún pueden ocupar un buen lugar en un índice porque han cerrado una brecha utilizando un parámetro relativamente bajo. Además, ciertos países no democráticos, como los de la región del Golfo, pueden tener tasas casi equitativas pero muy bajas de participación política en general, ocultando la necesidad de una amplia reforma política. Por el contrario, a naciones como la India, donde hay tasas marcadamente altas de participación política de mujeres y hombres a través del sufragio y la organización política, podría no irles muy bien en los índices porque los indicadores sólo miden el éxito de personas candidatas al cargo político de más alto nivel.
Asimismo, en vista de que estas estadísticas totalizan cifras para todas las mujeres, ocultan la realidad de que a algunas mujeres en cada país les puede estar yendo bien mientras que la situación de otras es mucho peor. Por ejemplo, en la mayoría de contextos, las mujeres y niñas sanas, heterosexuales, urbanas y de clase media que pertenecen a comunidades étnicas y lingüísticas mayoritarias tendrán más oportunidades de asistir a la escuela, conseguir trabajos dignos con salarios adecuados y participar políticamente que sus homólogas rurales, con discapacidad, lesbianas, indígenas, migrantes y pobres.
Adicionalmente, aun las estadísticas que lucen ‘buenas’ no pueden captar todo el panorama y podrían incluso disfrazar tendencias que van en contra de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Social Watch plantea que si bien la brecha educativa se está cerrando en muchos países, es importante comprender cómo está ocurriendo. Aunque más niñas asistan a la escuela en un país particular, ¿están hacinadas en aulas pequeñas? ¿Cuál es el estado de las escuelas? ¿Es peligroso para las niñas viajar hacia éstas? ¿Son las condiciones seguras y sanitarias? ¿Tienen las niñas una nutrición y salud adecuadas para poder aprender? ¿Sus libros de texto contienen sesgos de género? ¿Sus docentes cuentan con capacitación? ¿Y se topan estas niñas con resistencia al afirmar sus conocimientos en la esfera privada a medida que aprenden más fuera del hogar?
Preguntas similares tienen que ver con las estadísticas relativas a la fuerza laboral y la participación política. Por ejemplo, en el IEG España y Filipinas tienen puntuaciones comparables. A ambas les está yendo bien en cuanto a cerrar brechas educativas: casi 99 niñas asisten a la escuela por cada 100 niños. Filipinas, sin embargo, tiene tasas mucho más altas de participación política y en España hay una mayor cantidad de mujeres que son representantes políticas. Aun así, en ambos países lo que cuenta es el carácter cualitativo de la participación. Específicamente, muchas mujeres filipinas trabajan en el sector informal desde su hogar y en el extranjero bajo condiciones laborales explotadoras. La mayoría tiene pocas protecciones y beneficios y sobrelleva tremendos costos y sacrificios personales para desempeñar estos trabajos. Así, los altos porcentajes de participación en la fuerza laboral no necesariamente se traducen en bienestar para las mujeres.
Mientras tanto, esfuerzos realizados dentro del sistema político de España han propiciado que mujeres más de avanzada busquen posiciones políticas y ello se ha traducido en logros de políticas públicas progresistas para las mujeres. De modo que no está claro si las equivalencias numéricas de España y Filipinas en el IEG significan que las brechas de género se están cerrando en formas similares o beneficiosas.
En muchos otros países, mujeres conservadoras engrosan las filas políticas, amenazando e incluso revirtiendo los logros relativos a los derechos de las mujeres. Más aun, en algunos países como la India, que figura entre ‘los diez peores’ en la clasificación del IEG, las mujeres han hecho grandes avances en la política local, influyendo de manera significativa en el establecimiento de políticas comunitarias relacionadas con salud, educación, saneamiento, infraestructura y medio ambiente. Sin embargo, nada de esto ha quedado reflejado en las estadísticas sobre participación política, que recogen la participación sólo a nivel nacional.
Finalmente, mientras que los indicadores educativos, económicos y políticos relatan una serie de historias, no dicen nada sobre asuntos primordiales que tienen impacto en el bienestar de las mujeres, incluyendo el trabajo de cuidados no remunerado, la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, Irlanda figura entre los primeros diez países en el IDDG de 2009, pero ahí está prohibido el aborto. De manera similar, Sudáfrica ocupa el sexto lugar en gran medida debido al elevado número de mujeres que forman parte del nuevo gobierno, pero se enfrenta a una pobreza generalizada, una pandemia de VIH y sida en curso y la tasa más alta en el mundo de violaciones sexuales denunciadas. Las Bahamas ocupan el quinto lugar en el IEG pero este país no reconoce las uniones entre personas de un mismo sexo ni tiene leyes contra la discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
La falta de derechos sexuales y reproductivos y la violencia endémica contra las mujeres pueden a menudo mitigar o incluso anular los logros reales reflejados por ‘buenos’ indicadores estadísticos en educación, empleo y participación política.
Además, el hecho de que ninguno de los índices dé cuenta del trabajo de cuidados no remunerado puede inadvertidamente contribuir a su continua invisibilidad y creciente uso como una manera de compensar los recortes en el gasto público y las mayores cargas que las familias enfrentan debido a la crisis sistémica mundial. Es poco beneficioso que las mujeres puedan tener acceso a más empleos remunerados y escaños en órganos representativos si sus cargas también aumentan en el hogar como resultado de esto y ellas en general no están seguras ni gozan de salud.
En suma, los derechos están interrelacionados y las estadísticas que persiguen medirlos – como un medio para más análisis, gestoría y defensa – tienen un largo camino que recorrer para ser capaces de reflejar esto con precisión. Mientras tanto continúan enviando potentes mensajes a una variedad de partes interesadas de que hay mucho trabajo por hacer. Tal como lo plantea BRIDGE, un servicio de conocimientos en género dentro del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo en el Reino Unido, dado que aquello que se mide tiene probabilidades de ser priorizado y rastreado, los indicadores brindan buenas razones por las cuales la igualdad de género debe ser tomada en serio.[5]
Nota: Este artículo es parte de la serie semanal Notas de los Viernes de AWID, que analiza asuntos y eventos importantes desde una perspectiva de derechos de las mujeres. Para suscribirte a este boletín, pulsa aquí.
Notas:
Ver: Medición de la desigualdad: el Índice de Desarrollo ajustado por Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG).
Ver: ‘Islandia lidera el Índice 2009 de Disparidad entre Géneros del Foro Económico Mundial’, 27 de octubre de 2009, donde se puede descargar el informe 2009.
Social Watch, Índice de Equidad de Género (IEG) 2009.
Cardona, Natalia; Duhagon, Elsa; Abelenda, Ana Inés; y Hamed, Amir (eds.), ‘Más allá de Beijing: La hora de la economía de género – A 15 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer’, Cuaderno ocasional No. 6, marzo de 2010 (presentado en la 54a. Sesión de la CSW). Montevideo: Social Watch / Instituto del Tercer Mundo.
Moser, Annalise, Gender and Indicators – Overview Report [Género e indicadores – Informe general]. Brighton, Reino Unido: BRIDGE, julio de 2007. La versión resumida del informe, ‘Género y medidas del cambio’, está disponible en español en el Boletín En Breve de BRIDGE, Edición No. 19, julio de 2007.
Por Masum Momaya
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 9 de abril de 2010. Traducción del inglés: Laura E. Asturias. Título original: ‘Gender Equality Indices: Numbers Don’t Lie, and They Also Don't Tell the Whole Story’.
