Una menor marroquí se suicida tras ser obligada a casarse con su violador
mina Filali, de 16 años, no aguantó más. A primera hora de la tarde del sábado tragó unas cucharadas de matarratas en la casa de sus suegros en el pueblo de Chourfa, en la costa atlántica de Marruecos, a mitad de camino entre Arcila y Larache. Cuando arreciaron los dolores y Amina empezó a gritar, su marido, Mustafa Sallak, de 25 años, la introdujo en un taxi colectivo y la llevó al hospital de Larache, a una veintena de kilómetros.
Llegaron tarde. Antes de agonizar, el mismo sábado, Amina confesó a los médicos lo que había ingerido. Su cuerpo permanece aún en el depósito de cadáveres a la espera de que los forenses le hagan una autopsia. La legislación marroquí obliga a hacérsela a los suicidas.
“Una familia se ofreció entonces a mediar entre Lahcen y el padre del agresor”, añade la misma fuente. Propuso recurrir al artículo 475 del Código Penal marroquí que permite al agresor o violador de una menor casarse con su víctima y evitar así el juicio y la probable pena de cárcel. Al hacerlo reconoce su culpabilidad.“La vida de Amina cambió hace ocho o nueve meses”, recuerda un miembro de las fuerzas de seguridad destinado en la zona y que pide que no se revele su nombre ni graduación. “Tenía 15 años cuando Mustafá la agredió sexualmente”, prosigue el agente. El padre de la pequeña, Lahcen Filali, le denunció ante la fiscalía por “perversión de menores”.
Los padres de Amina y Mustafa dieron su acuerdo. Un juez de familia de Larache autorizó entonces el matrimonio de la menor como lo requiere la moudawana, el código de familia en vigor desde 2004.
En verano Amina se fue a vivir a Chourfa, a casa de sus suegros, porque su marido, trabajador agrícola, carecía de ingresos regulares para disponer de su propio domicilio. La adolescente no debía de ser feliz porque, según Al Massae, el diario de Casablanca que ha destapado hoy el suicidio, intentó volver a casa de su padre, pero este se negó a readmitirla.
“Nunca rechacé a mi hija”, desmiente el padre, por teléfono, a través de un intérprete. “Pero es verdad que Amina no estaba a gusto en esa casa porque le decían que era una chica sucia, una prostituta”, reconoce. A ojos de la familia de Mustafá, Amina era la causante de la agresión que habría sufrido. “Así es la mentalidad rural”, señala el periodista Soulaiman Raissouni, autor del artículo.
Lahcen Filali, casado con dos esposas, mantiene con apuros a su doble familia gracias a los ingresos que le genera los transportes que efectúa con un vetusto motocarro.
La muerte de Amina ha indignado a las feministas marroquíes y a buena parte de la sociedad civil. “No se suicidó, la han suicidado”, repiten los internautas en Twitter con el hashtag #RipAmina.
“Esto no puede quedar así”, recalca al teléfono Fouzia Assouli, presidenta de la Liga Democrática de los Derechos de las Mujeres de Marruecos. “Es vergonzoso el silencio de las autoridades ante este trágico suceso”, insiste. “Hace años que venimos reclamando una ley que proteja a las mujeres de la violencia machista, pero ni siquiera conseguimos la abrogación de ese artículo del código penal que, en el fondo, legitima la violación”, prosigue.
La Liga quiere que se investigue el suicidio de Amina. “Para lograrlo vamos a combinar iniciativas jurídicas con protestas”, anuncia. “Trataremos de constituirnos en acusación particular y vamos a organizar una concentración, mañana jueves, ante los juzgados de Larache”, señala.
Sucesos como el suicidio de Amina no son excepcionales en el Marruecos rural, donde aún reside más del 40% de la población, pero no siempre trascienden. La muerte de Amina tardó tres días en ser recogida por un periódico.
Impulsado por el rey Mohamed VI, el nuevo código de familia supuso un avance para las menores porque, por ejemplo, los padres no podían casarlas a menos que un juez lo autorizase.
Los magistrados, muy conservadores, dan, sin embargo, su visto bueno a la mayoría de las solicitudes que reciben y estas van en aumento. En 2009, último año para el que hay estadísticas disponibles, recibieron 42.000 peticiones de derogación de la ley y accedieron a 33.253, un 8% más que el año anterior 2008.
Fuente: Ignacio Cembrero
Fuente: El País
