Mujeres, población y desarrollo
Del 4 al 6 de julio se celebró en Quito la reunión del Comité de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. El evento concluyó con laadopción de acuerdos por parte de los representantes de los gobiernos participantes, para que los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral en sexualidad, la prevención y el tratamiento del VIH/Sida y la atención del aborto inseguro, entre otros temas, constituyan aspectos prioritarios de las políticas públicas en la región.
La reunión fue convocada para examinar, entre otros aspectos, el estado de cumplimiento de la agenda relativa al quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (Mejorar la Salud Materna), las brechas que persisten en el acceso universal a la salud sexual y reproductiva en jóvenes, así como para hacer un seguimiento regional del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994). Este último punto revistió especial importancia, ya que en 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución por medio de la cual extendió dicho programa más allá de 2014, año en el cual se reunirá nuevamente para analizar las tendencias globales y regionales de los temas más relevantes de la Conferencia, definir avances y establecer nuevos retos. Así, Cairo+20: más allá de 2014 permitirá revitalizar aspectos centrales para los derechos de las mujeres referidos al empoderamiento, el derecho a la salud, la planificación familiar y la contracepción, la autonomía sobre sus cuerpos y el derecho a llevar una vida libre de violencias.
En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, el Comité de la CEPAL instó a los Estados a “intensificar las acciones” contempladas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con cobertura de toda la población y énfasis en los sectores excluidos, en lo relativo a: prevención del embarazo en adolescentes, acceso universal a la educación integral en sexualidad, protección contra el abuso sexual, prestación de servicios orientados a una maternidad saludable, prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS y VIH/Sida, y adaptación de los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos la oferta anticonceptiva, a los diferentes contextos culturales.
En el caso de los países que permiten la interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias, el Comité hizo un llamado a los Estados para que aseguren el acceso efectivo de este servicio, e instó a todos los Estados miembros a “incluir dentro del conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y reproductiva medidas para prevenir y atender el aborto inseguro, que incluyan el asesoramiento pre- y posaborto […]”.
Por otro lado, exhortó a los Estados a fortalecer la reglamentación e implementación de leyes en materia de igualdad de género “con énfasis en la autonomía física de las mujeres, la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra, el acceso de las mujeres al mercado laboral y su permanencia en este”.
El documento con los acuerdos suscritos por los países de la región es claro en señalar que para la consecución de tales objetivos es necesario que los Estados asignen los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios y que promuevan, mediante leyes y políticas nacionales, condiciones favorables.
Otro resultado de la reunión fue el cambio del estatus del Comité, que a partir de ahora se conocerá como Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. La Conferencia se reunirá, por lo menos, una vez cada dos años, y, en el ejercicio de sus funciones, podrá crear grupos de trabajo sobre temas prioritarios. De acuerdo con la CEPAL, esto facilitará y ampliará “la coordinación y el seguimiento regional de los asuntos sobre población y desarrollo, incluida la cooperación Sur-Sur”. También fortalecerá la incidencia de las organizaciones sociales en esta instancia intergubernamental al subrayar la relevancia de “la participación de la sociedad civil en las reuniones de la Conferencia Regional y de su Mesa Directiva”.
Al respecto, cabe destacar el papel desempeñado en la reunión por parte de las redes y organizaciones de mujeres que desde 1994 vienen haciendo seguimiento al proceso de la Conferencia de El Cairo. Según el portal de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, al finalizar la reunión del Comité, representantes de estas organizaciones presentaron una declaración sobre la agenda de Cairo+20: más allá de 2014, que fue aclamada por los y las asistentes.
A continuación reproducimos la declaración de las redes reunidas en el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo.
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Por el pleno cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo hacia la Agenda de Desarrollo más allá de 2014
Las mujeres en América Latina y El Caribe, en todas nuestras diversidades, organizadas para dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD, reafirmamos el llamado a nuestros gobiernos para garantizar y profundizar la democracia, a través de Estados Laicos y Soberanos, con plena participación social. Tenemos que lograr que en esta región los compromisos asumidos por los Estados se traduzcan en el ejercicio pleno de los derechos humanos, individuales y colectivos.
Nuestra región está aún lejos de cumplir el Programa de Acción de la CIPD. Si bien se han dado avances, estos han sido desiguales e insuficientes. Nos alarman los marcados retrocesos que, en violación del principio de progresividad, ocurren en varios países.
El proceso de El Cairo más allá de 2014 es la oportunidad histórica para que los Estados revisen el cumplimiento de sus compromisos, identifiquen y avancen en los nuevos desafíos, reconociendo la deuda aún pendiente en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En este contexto, como sociedad civil, hacemos un enérgico llamado a los gobiernos para que la nueva agenda integre:
1. Los Derechos Humanos como el marco de todas las políticas y programas de desarrollo.
2. La centralidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres, incluidas niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y desarrollo.
3. La participación plena y efectiva de las personas destinatarias de las políticas de salud, población y desarrollo, en especial de aquellas a las que tradicionalmente se ha discriminado.
4. El reconocimiento de las inequidades. Vivimos en la región más desigual del mundo, donde las mujeres han soportado injusticias estructurales y persistentes. Por lo tanto, la priorización política y presupuestaria debe atender las necesidades de las mujeres, a lo largo de todo el ciclo de vida, así como las especificidades de aquellas que forman parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de migrantes, en situación de pobreza estructural, viviendo en ámbitos rurales, con capacidades diferenciadas, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero, trabajadoras sexuales, y que viven con VIH-sida.
Como parte del proceso de evaluación del Programa de Acción de la CIPD, los gobiernos deben identificar temas emergentes y prioritarios que les permitan actualizar la Agenda y, en este marco, exigimos que se comprometan a:
1. Garantizar que la evaluación Cairo más allá de 2014 sea un proceso entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios colectivos de mujeres, en sus diversidades culturales, étnicas, sociales, de jóvenes y feministas.
2. Asegurar el acceso universal y sin barreras, a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales e integrados, adecuados para las mujeres a lo largo de su ciclo vital.
3. Realizar todos los esfuerzos para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, incluyendo la educación en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, a técnicas de reproducción asistida y el acceso al aborto legal y seguro. En este sentido, se vuelve imperativo la revisión de aquellas legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Promover el desarrollo así como el acceso a los avances científicos en materia sexual y reproductiva.
4. Eliminar las muertes maternas evitables y reducir la morbilidad materna extrema.
5. Reconocer a las y los jóvenes en sus diversidades como sujetos de derechos, así como establecer mecanismos para su participación en el diseño e implementación de políticas públicas. En este sentido, debe asegurarse el acceso a servicios de salud y educación en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.
6. Prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y la explotación sexual, en especial de niñas, niños y adolescentes.
7. Reconocer los derechos laborales de aquellas mujeres mayores de edad que ejercen el trabajo sexual.
8. Respetar los derechos de los pueblos, en especial de las mujeres indígenas y afrodescendientes, en lo que se refiere al derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía alimentaria, respetando el derecho al consentimiento previo, libre e informado en todo aquello que involucre sus vidas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, y una vida libre de violencia.
9. Implementar políticas y programas que aseguren el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación integral en sexualidad, basada en derechos humanos, en la equidad de género y en las características culturales, a través de metodologías adecuadas, dentro y fuera de los centros escolares.
10. Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales en la recopilación y análisis de datos estadísticos cuanti y cualitativos desagregados por edad, grupos etarios, sexo, raza y etnia, situación geográfica, para su uso estratégico en la formulación de políticas y programas de salud, educación y desarrollo.
Exhortamos a nuestros gobiernos a dar respuesta a las demandas de la sociedad civil contenidas en diversas declaraciones construidas a lo largo de estos años: Panamá, Ocho Ríos, Montevideo y las declaraciones de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora y de las Juventudes Rumbo a Cairo*.
El movimiento feminista y de mujeres ha sido protagonista crucial de este proceso, y desde este lugar reiteramos que esta plataforma existe para cambiar la vida de las mujeres. Es por esto que rechazamos y rechazaremos cualquier violación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, y exigimos a los Estados renovar su compromiso con el total cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD.
Mi cuerpo, mi territorio.
* Declaración de Panamá (2009) resultado del proceso de revisión de Cairo +15; Declaración de Ocho Ríos (2012) y Compromiso de Montevideo (2012) resultados de las Consultas de Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión de la implementación de la Plataforma de Acción de la CIPD, más allá de 2014. Declaración de Centroamérica y el Caribe y la Región Andina de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora sobre Cairo +20 y más allá, así como las Prioridades de las Juventudes Rumbo a Cairo.
Fuente: Clam
