Lágrimas por Ruth y José B. Ortiz, y por miles de víctimas silenciadas.

Es momento de compartir el dolor y llorar con la madre y la familia de Ruth y de José Bretón Ortiz, las dos criaturas, de seis y dos años de edad, hija e hijo de Ruth Ortiz y José Bretón (en situación de crisis matrimonial), desaparecidas, en Córdoba, durante más de diez meses, desde el 8 de octubre de 2011 hasta que se ha sabido que todas las pruebas apuntan a que fueron asesinadas por su padre, después de que (porque) su madre decidió que no podía seguir viviendo con él. El 27 de agosto de 2012 nos golpea la noticia de que se han identificado huesos de niña y niño de esas edades entre las cenizas de una hoguera que el padre hizo en su finca, el 3 de septiembre un tercer informe pericial lo confirma. Todo indica que les quemó poniendo paredes con metal y ladrillos para que la temperatura fuese más alta, como un horno, y no quedasen restos.

Es un horror, es increíble, pero es real.

El padre de Ruth y José según quienes le conocían "era un hombre normal", y no sólo normal, incluso "de trato exquisito". Según recogía el Diario de Sevilla el 23 de octubre de 2011:

“el entorno que directa o indirectamente ha tenido relación con él en Huelva, donde vivía hasta hace tan solo unas semanas junto a su mujer y sus dos hijos, no puede dar crédito a esa detención. Y aún menos a que se le apunte como el principal causante de la desaparición de las dos criaturas. "Era una persona normal", repiten una y otra vez. "Se comportaba como cualquiera de nosotros", insisten con gesto de incredulidad.

Otros van más allá y aseguran que José Bretón es una persona "tranquila, culta, dialogante y extrovertida", aunque también "discreta". Los últimos vecinos que convivieron con el matrimonio Bretón Ortiz, en la urbanización onubense de Nuevo Portil (durante casi un año y hasta que iniciaron el proceso de separación) insisten en la "normalidad" del matrimonio; especialmente de José, "que era quien salía casi a diario" al parque con los pequeños desaparecidos y que se mostraba más cercano con el entorno donde vivían. No parecía costarle entablar una conversación y, de hecho, quienes compartieron con él minutos de charla mientras los niños disfrutaban de sus juegos en el parque defienden que "con él se podía conversar de cualquier tema".

En Córdoba los vecinos de la calle Don Carlos Romero, donde está situada la vivienda de sus padres en la que vivió hasta que se fue a Huelva, también coinciden en que es un hombre "bueno, servicial y sano". En la Casa del Dominó, un bar situado a escasos metros de la vivienda, todos los que conocen a la familia Bretón les cuesta creer que José sea el responsable de la desaparición de los dos pequeños, José y Ruth.”

Vale, era normal, tan normal como podamos ser cualquiera, y les pudo quemar en una hoguera.

Lo peor de las peores realidades de las que más difícil resulta escapar es que están infiltradas en lo cotidiano y cuesta (entre otras cosas porque la gente normal las esconde) identificarlas, y creérselas, pero son mucho más extensas de lo que queremos ver, y tienen su base en otras realidades sociales, culturales, legales... cotidianas, visibles y aceptadas, de las que surgen, que las causan. Y cuando se denuncian mucha gente, no sólo la gente normal, lega, sino también profesionales que deberían combatirlas, no las quiere ver, las niega, combate a quienes las muestran.

Y no solo eso, sino que los sustratos ideológicos que originan esas realidades criminógenas, victimógenas, se promueven, fomentan y sostienen por potentes organizaciones, en este caso, entre otras, Asociaciones de padres que disfrazan sus discursos de lo que no son, se presentan como defensores de la igualdad (eso sí, de la igualdad formal ante la ley). Y sólo los detectan las personas sensibilizadas por haberlas vivido y profesionales que trabajan atendiendo a las víctimas y/o que han estudiado la materia en profundidad. Sabemos, sí, que los maltratadores son gente normal, sabemos que el maltrato es mucho más normal de lo que nadie querríamos creer. Y sabemos que la cifra de maltratadores que mata es ínfima en comparación con la de los muchísimos que amenazan con hacerlo.

Cuando el horror se hace evidente, como ahora, mucha gente clama pidiendo sanciones más graves, o la definitiva, para el autor, como la cadena perpetua o la pena de muerte que se pide en las redes sociales para José Bretón tras conocerse los informes que prueban lo peor, pero ni se tiene conciencia de que así no se resuelve ningún problema (menos el concreto ya ocurrido, pues las leyes penales son, y deben seguir siendo, irretroactivas en cuanto perjudican al reo), ni se ve, ni se quiere ver, todo aquello que forma parte de nuestra sociedad que ha provocado este horror. La raíz del problema no es hollada con esas soluciones expiacionistas.

Quien ha estudiado la materia sabe que mucho más que las leyes falla su aplicación, la voluntad política e ideológica para aplicarlas, y que es necesario cambiar la cultura y las estructuras sociales que sustentan la violencia. Sabe que las leyes ya antes pero más hoy nos dan instrumentos importantes y útiles, en la mayoría de los casos, para la protección de las víctimas y sus familiares, pero curiosamente estos no se aplican a los hijos en las situaciones de violencia de género. Aunque sabemos que hijos e hijas son víctimas directas de la violencia (que sufren directamente), y conocemos por numerosos estudios los efectos tan perniciosos que les produce, no se les considera así por los órganos judiciales. Los Juzgados, antes los de Familia, pero ahora también los de Violencia sobre la Mujer, se empeñan en mantener a toda costa la relación con el padre, presumiendo que siempre es positivo mantener el vínculo, aunque el padre sea violento, y no idean medidas que pudieran proteger a los hijos en esa relación obligada más allá de forzar las visitas en (o a través de), unos puntos de encuentro familiar victimizadores, insuficientes, que carecen de los medios y el personal con formación en violencia de género que serían necesarios para hacer mínimamente bien el trabajo que se les encomienda. Las medidas de protección más contundentes, que servirían para protegerles de forma efectiva –suspensión de visitas, privación de la patria potestad– sólo se aplican en poquísimos casos donde el riesgo es tan evidente que ya se ha materializado en agresiones muy graves, directas y de consecuencias visibles, cuando no irreversibles (como el homicidio o asesinato de la madre en su presencia). Los niños y niñas, hijos del hombre violento en su relación de pareja, están totalmente desprotegidos porque no se les considera víctimas, ni se les aplican las normas –estas sí insuficientes– que la ley, demasiado tímidamente aún, establece específicamente para su protección.[1]

Sabemos también que la prevención-educación es fundamental, pero la ideología y la falta de formación del actual gobierno en la materia, los recortes escudados en la crisis (como la desaparición del Ministerio de Igualdad y de algunos Institutos de la Mujer o Centros de Documentación) y la falta de fondos públicos están afectando muy seriamente a las actuaciones en los campos educativo y preventivo.

El horror proviene de la ignorancia, del abuso de poder, la discriminación, el odio (derivado de la incapacidad de amar, confiar, respetar), de no comprender ni valorar la vida digna de ser vivida (pues de otra manera no es vida, como el amor, si no es libre no es amor), de normas culturales, sociales y legales que pretenden imponer lo que ya (hoy, aquí, pero cada vez menos en cualquier parte del mundo), no puede ser impuesto. Nos encontramos ante un choque cultural, entre una cultura patriarcal que lucha por mantenerse y genera un hombre dominante que se resiste a dejar de serlo y aunque sólo sea en su casa quiere mandar, y una cultura igualitaria en que las mujeres nos negamos a seguir siendo sometidas, que precisa un cambio de paradigma, que ya se está produciendo, en toda ciencia social y en el estudio científico penal, criminológico y victimológico, la necesaria perspectiva de género.

Quienes piden cadenas perpetuas, incluso pena de muerte (retribución, expiación de la culpa, más violación de derechos humanos) para el autor, el chivo expiatorio, un desgraciado que no sabe respetar ni amar, que por supuesto, debe hacer frente a su responsabilidad y ser sancionado con toda la severidad de la ley (pero una ley humana, con fines humanos, que respete los derechos humanos, que tenga sentido, que aporte algo positivo a las víctimas, y que además pueda ser aplicada, no una ley más severa que siga olvidando por completo a las víctimas y encuentre aún más obstáculos en su aplicación), deberían empezar por reconocer que la responsabilidad social es mucho más amplia, y que es necesario prevenir. Y atajar las situaciones incipientes, las que aún no son irremediables.

Deberían querer saber por qué ha ocurrido esta tragedia, pues de otro modo no podremos evitar que siga ocurriendo el mismo horror una y otra vez. Recordemos que más de sesenta niños y niñas han sido asesinados en España durante la última década por maltratadores[2].

Deberían reconocer la realidad de la violencia de género, que tanto se niega cuando se difunde el mito de las denuncias falsas, acusando a las mujeres que denuncian violencia física o psicológica de mentir para obtener supuestos beneficios en los procedimientos de familia, hasta el punto de que muchas mujeres ya, de nuevo, no se atreven a denunciar (esas acusaciones injurian a todas las mujeres y a todas las víctimas, las silencian, y son apología de la violencia). Deberían reconocer los datos que nos aportan la sociología y la victimología que nos dicen que se denuncia una mínina parte de lo que hay, que la cifra negra de criminalidad y victimización en esta materia es tremenda (de hecho solo un pequeño porcentaje, y ahora cada vez menor, de las mujeres asesinadas habían denunciado los malos tratos de que eran objeto).

Deberían reconocer al Feminismo (a los feminismos), el mérito y el valor de ser un movimiento social y científico de lucha por la igualdad (de derechos, de oportunidades, de valor) y contra la violencia (de género, y contra las demás violencias, pues el Feminismo tiene íntima relación con otros movimientos sociales emancipatorios, pide el reconocimiento de los derechos humanos para las mujeres y la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los seres humanos, independientemente de su sexo pero también de cualquier otra condición o circunstancia personal o social), un movimiento de defensa de los derechos humanos que se fija especialmente, para denunciarlas y corregirlas, en las discriminaciones y las lesiones a sus derechos humanos –muchas de ellas terribles– que sufren las mujeres a lo largo de la historia la geografía mundial, y al que debe mucho la sociedad actual (las mujeres han estado presentes en todas las luchas por la emancipación humana; también en la revolución francesa, aunque a Olympe de Gouges le cortasen la cabeza tras escribir en 1792 la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana –equivalente a su homónima masculina–, también escribió antes una obra teatral sobre la esclavitud de los negros; y en la primavera árabe, aunque ahora en Túnez se quiera aprobar una constitución en la que se dice de la mujer que es complementaria del hombre dentro de la familia).

Deberían reconocer los derechos humanos de niñas y niños, como los recoge la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) de 20 de noviembre de 1989, y no ningunearles y silenciarles diciendo, cuando un niño o niña no quiere ver a su padre, y más cuando intenta expresar el porqué, que padece un síndrome, le llamen como le llamen (de alienación parental o de interferencia interparental o como quiera que sea) y que le ocurre todo lo contrario de lo que dice. La CDN firmada y ratificada por casi todos los países del mundo dice que a los niños se les debe informar y deben poder participar en cualquier procedimiento judicial que les afecte, que hay que escucharles y protegerles de cualquier daño. Esos derechos no se cumplen. Hay que mirar siempre por su interés superior, y su interés superior es el suyo, no es el de mantener a cualquier coste una relación que les esté haciendo daño con el padre biológico. Cuando una niña o un niño no quiere ir con uno de sus progenitores, tiene razones, hay que escucharle y averiguar por qué, máxime cuando expresa miedo, y se debe actuar en consecuencia, para protegerle cuando se siente en peligro o sufre daño –no sólo físico, también psicológico y emocional–, en función de su situación y sus circunstancias.

Deberían reconocer y defender el derecho a una vida digna (que implica el de las mujeres a decidir cómo y con quién quieren vivir, y también los de decidir si quieren o no, con quien y cuando, tener hijos). Deberían por tanto exigir y fomentar en la escuela, en la familia y en la comunidad, la educación en el respeto de los derechos humanos y la educación afectiva y sexual a todas las personas, desde la infancia a la edad adulta.

Es tiempo de compartir el dolor y llorar con la madre y la familia de Ruth y de José Bretón Ortiz, con quienes les conocían y les querían, pero no sólo con ellos, también con los muchos miles de víctimas de violencia de género, las víctimas directas –no sólo las mujeres asesinadas, sino todas las mujeres maltratadas, sus hijos e hijas– y las víctimas indirectas o mediatas –sus familias, sus amigos y quienes dejaron de serlo cuando la violencia las aisló, también las mujeres que no sufren violencia abierta porque se someten, las que viendo lo que podría ocurrir si se rebelan, no se atreven a hacerlo, y son infelices– (nos enseñaba D. Antonio Beristain que todos los delitos causan una o varias víctimas directas y muchas víctimas indirectas o mediatas, particularmente el terrorismo; también las de violencia de género, más aún, son macrovíctimas).

Es por tanto también tiempo de manifestarnos y denunciar la ideología machista y patriarcal que es sustento de tanta miseria y tanto dolor, de tantas formas en todo el mundo. Aquí, hoy y mañana, debemos denunciar a todos los hombres que se creen con derecho a controlar la vida de sus mujeres y decidir por ellas. A los que se niegan a aceptar que sus mujeres y sus hijos no son ya de su propiedad, que ignoran que la mujer y los hijos con quienes comparten la vida son seres humanos plenos (no clones suyos que le hayan de adivinar los deseos), y no les valoran ni les respetan, y no asumen sus responsabilidades con ellas y ellos (la primera, cuidarles), y les cosifican cuando les maltratan o cuando, como José Bretón a sus hijos, les quitan la vida. Debemos denunciar igualmente a los que no se corresponsabilizan de su progenie pero al separarse quieren una guarda y custodia compartida –por eso solicitan que se imponga por ley sin acuerdo entre las partes ni informe favorable del Ministerio Fiscal– para evitar que a mujer e hijos se les atribuya el uso del domicilio y para evitar pagar alimentos. Y también a los que, de un modo u otro, no cuentan con la voluntad de la mujer antes de provocarle un embarazo.

Es necesario así mismo solidarizarnos y compartir el dolor de todas las mujeres que han sufrido o sufren violencia, física o psíquica, a manos de su pareja, pero especialmente del padre violento de sus hijos y que no se atreven a denunciar por miedo a que las tomen por locas y nadie las crea (como su victimario les dice, con su otra cara, que sólo ellas conocen, a veces, pues también a ellas les cuesta reconocerla aún cuando la tienen delante), porque no pueden probar los horrores que viven cotidianamente, que son increíbles. Que temen separarse de su maltratador porque saben que sus hijas e hijos van a estar totalmente desprotegidos frente a él y a sus expensas durante las visitas y vacaciones, y porque él les ha dicho que las va a hundir y les va a hacer daño en lo que más quieren. Que si expresan sus temores para intentar evitar la exposición de sus hijos e hijas al peligro serán acusadas de interferir en la buena relación de éstos con su padre; serán acusadas de desobediencia y de alienadoras si pretenden respaldar y proteger a su hija o hijo cuando se niega a ver a un padre que les hace daño, y pueden por ello perder la guarda y custodia y hasta les pueden prohibir las visitas, dejando a los niños totalmente a las expensas del maltratador y completamente privados de su madre, por intentar protegerles.

Es necesario exigir a los Jueces y Juezas de Violencia sobre la Mujer que sí tengan en cuenta, es estrictamente necesario, las situaciones de maltrato vividas a la hora de determinar qué medidas civiles han de regular la situación tras la ruptura de la pareja, y que apliquen las medidas protectoras previstas en la ley: escuchar a las víctimas y darles participación en los procedimientos que les afectan, evaluar el riesgo de revictimización, proteger a las víctimas. Para ello en muchas ocasiones, además de acordar el alejamiento en toda la medida necesaria, hay que suspender, lo permite la ley, el régimen de visitas o privar al maltratador de la patria potestad sobre los hijos. Y debemos exigir a los Juzgadores que consideren a los hijos como víctimas directas, que lo son, de las situaciones de violencia vividas en su casa, aunque no hayan llegado a recibir golpes físicos, pues los morales hacen más daño.

Debemos apoyar también, en la medida en que sea posible, informar, orientar, dar recursos para su emancipación, a las miles y miles de víctimas que no quieren sanciones penales contra el hombre que amaron, sino únicamente que las deje vivir en paz.

Es preciso de igual modo que denunciemos la enseñanza en facultades, colegios profesionales, fundaciones, congresos, cursos y cualquier otra vía, de construcciones acientíficas (junk science, ciencia basura) y perversas que tienen por objeto proteger a abusadores y maltratadores y como resultado silenciar y torturar a las mujeres y niñas y niños víctimas de violencia física o psíquica (incluidos los abusos sexuales), como son el síndrome de alenación parental (SAP) y sus evoluciones.

Es necesario, en fin, no retroceder, a pesar de todos los obstáculos, las trampas y reacciones patriarcales, y de los obstáculos y recortes sociales que nos está imponiendo el capitalismo neoliberal, a pesar de todas las crisis. Necesitamos defender lo avanzado y seguir avanzando en igualdad, no formal, sino real y efectiva como exige el art. 9.2 de la Constitución Española, y en defensa de los derechos humanos de todas y de todos, incluso, también, los de los criminales que cometen atrocidades como la que lloramos ahora, para que el dolor y las lágrimas que derraman su madre, su familia y amigos por Ruth y por José, lágrimas y dolor en que les acompañamos, no sean en vano y contribuyan a cambiar en nuestra sociedad, en nuestro ser y nuestra cotidianidad las condiciones en las que este horror se ha producido, para evitar otros.

Por María del Mar Daza Bonachela
mardazabo@gmail.com

Abogada, Experta universitaria en Criminología y en violencia de género, especialista en Victimología, Socia de Themis
La Ciudad de las Diosas

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[1] Ver el documental “Mamá, duérmete que yo vigilo”,  Documentos TV,  TVE, España,  2012 ( 60'), de INZA ROMEA, Concha (Guión) y DE SANTOS BUENDIA, Rosa (Realiz.), http://www.rtve.es/television/20120619/documentos-tv-mama-duermete-yo-vigilo/537583.shtml.

[2] Ver Diario Siglo XXI, miércoles, 11 de julio de 2012, en http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/65491/violencia-genero-mas-de-60-ninos-asesinados-por-maltratadores-en-la-ultima-decada.