Graves violaciones de derechos humanos de los grupos narco-paramilitares y la fuerza pública. En riesgo más 18 mil niños y 15 mil mujeres de Medellín
Unos 18 mil 500 niños y jóvenes de cuatro comunas y dos corregimientos de Medellín estarían en riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales de Los Urabeños y La Oficina, según advirtió la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas.
De acuerdo con la investigación del ministerio público, los niños y jóvenes en riesgo de ser reclutados tendrían edades entre los 10 y los 19 años y serían habitantes de las comunas 8, 10, 13 y 16, y de los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista.
El informe, que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos ilegales y también de la fuerza pública, trajo además a colación el balance de la Personería de Medellín según el cual durante el 2012 ocurrieron 117 homicidios de menores de 18 años, de los cuales ocho víctimas fueron niñas y 109 niños y adolescentes. Seguridad se queda corta en Medellín
Así mismo, la Defensoría indicó que “existe un alto nivel de riesgo para aproximadamente 15.000 mujeres de las comunas: 10 (La Candelaria), comuna 13 (San Javier) y comuna 16 (Belén) debido a que en estas zonas se han registrado los más altos índices de homicidios contra mujeres y feminicidios en el 2012”.
Sobre esta última situación, el Sistema de Alertas Tempranas identificó 55 casos de homicidios contra mujeres, por el hecho de ser mujeres, en medio del conflicto armado que vive la ciudad.
La Defensoría también mostró su preocupación porque en las cuatro comunas y los dos corregimientos antes mencionados, las niñas, las adolescentes y las mujeres, “están expuestas a actos de explotación sexual con fines comerciales, acto o acceso carnal violento, prostitución forzada y esclavitud sexual.”
En total, el informe de la Defensoría estima que unas 95 mil personas estarían en riesgo por las acciones violentas de los grupos ilegales en las comunas Villa Hermosa, Candelaria, San Javier y Belén, y en los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista.
Estos ciudadanos, señaló el ministerio público, estarían expuestos a “actos de terror, amenazas e intimidaciones, extorsiones, retenciones, restricciones a la movilidad, reclutamientos y uso ilícito, homicidios, enfrentamientos con interposición de la población civil, desplazamientos, actos de violencia sexual y ataques contra la dignidad personal, entre otros, por parte de los grupos armados ilegales presentes en esos territorios.”
Los riesgos de la población se originan por la disputa entre Los Urabeños y La Oficina que se pelean el control de los territorios y las rentas ilegales en Medellín, desatando enfrentamientos armados entre bandas al servicio de ambas organizaciones criminales. Según el informe, “parte de la confrontación se deriva de la resistencia de algunos combos a ser cooptados por Los Urabeños.”
En este escenario de confrontación, plantea la Defensoría, existe un incremente en el riesgo de reclutamiento de jóvenes entre los 12 y los 17 años, así como “un aumento en la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de combos y grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, Los Urabeños, en el trasporte de drogas y armas (“carritos”).”
Refiriéndose a este grupo post desmovilización, el informe también reveló agresiones contra el proceso de reclamación de tierras dada “la capacidad de intimidación por parte de presuntos Urabeños, sobre las personas y líderes reclamantes de tierras, buscando la legalización y/o mantenimiento de los predios despojados años atrás por la vía armada.”
Adicionalmente la Defensoría reseñó que las agrupaciones criminales realizan “acciones de control político y social por medio de amenazas y persecución contra líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos y grupos artísticos, que promueven la defensa de los derechos humanos y se oponen a ser cooptados por los grupos armados ilegales.”
Este tipo de situaciones dan cuenta de agresiones sistemáticas a poblaciones vulnerables que, a juzgar por la larga lista, afectan a la mayoría de la sociedad. Según el informe, “se hallan en mayor condición de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, líderes sociales y comunitarios, agrupaciones artísticas, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas y de población desplazada, los docentes, estudiantes y personal administrativo de las instituciones escolares, los transportadores, comerciantes, tenderos, sacerdotes, religiosas y pastores de las diferentes iglesias que realizan trabajo social en esas comunidades, como también miembros y activistas de población LGBTI y personas que consideran socialmente estigmatizadas.”
Ante el panorama de riesgo y violación de los derechos humanos y del DIH en Medellín, la Defensoría formuló recomendaciones dirigidas a la fuerza pública y a los gobiernos municipal, departamental y nacional; así como a otras instituciones del Estado encargadas de velar por las poblaciones vulnerables.
En el caso de riesgo de los niños, niñas y adolescentes, la recomendación del ministerio público estuvo dirigida a la Alcaldía de Medellín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado.
A estas instituciones la Defensoría les encomendó “adoptar las medidas necesarias para la implementación y ejecución de la política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados consagrada en el documento Conpes No 3673 de julio de 2010 y elaborar y ejecutar un Plan de Acción en materia de prevención y atención del reclutamiento forzado…”
Igualmente a la fuerza pública le encargó medidas para prevenir, mitigar y controlar el impacto de las acciones de grupos armados sobre la población infantil e “implementar medidas para proteger las instituciones educativas que funcionan en las comunas 8, 10, 13 y 16 con el fin de evitar la injerencia de los grupos ilegales y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas relacionadas con el expendio y consumo de estupefacientes y para prevenir la deserción escolar y atentados contra la vida de los docentes y alumnos.”
Respecto a la situación de las mujeres, las recomendaciones de la Defensoría tuvieron un énfasis importante en la prevención de la violencia sexual y la salud sexual reproductiva, y fueron dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social y al Comité Interinstitucional para la Articulación en Materia de Salud.
Así mismo, el ministerio público les pidió a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, priorizar “el enfoque diferencial y las afectaciones particulares de las mujeres en el marco del conflicto armado en las acciones preventivas a ejecutar, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 en seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.”
Cómo éstas, la Defensoría hizo en total 18 recomendaciones para enfrentar las problemáticas abordadas en el informe, las cuales van desde extorsiones hasta actos de tortura, desmembramientos y desplazamientos y desapariciones forzadas, todas vulneraciones a los derechos humanos que ocurren día a día en Medellín y que no han podido ser erradicadas con las estrategias policivas que implementa la ciudad. Innovemos en seguridad. No hagamos más de lo mismo
