México. Crímenes sin castigo: a 14 años del caso Atenco siguen impunes las agresiones sexuales contra mujeres

Ante la indiferencia de las autoridades, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas

Las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en los operativos de Atenco en 2006, exigieron se investigue a los altos funcionarios Foto: Cortesía Cencos

A 14 años de los operativos policiacos en el pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México, en donde ocurrieron detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura- incluida la tortura sexual- por fuerzas policiales estatales y federales de Texcoco, aún no se ha avanzado en los procesos de justicia ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2018.

En ese entonces el gobernador del Estado de México era el priista Enrique Peña Nieto, y fue el encargado de aprobar un operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco para poner fin a un movimiento de protesta que surgió como oposición a un proyecto para construir un nuevo aeropuerto.

Sin embargo, esa localidad del Estado de México, a 40 kilómetros de la capital mexicana, fue escenario de un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas, psicológicas y sexuales a decenas de mujeres

El dictamen del tribunal internacional responsabilizó al Estado Mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada, la prohibición de tortura y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres denunciantes, y dictó una serie de medidas reparatorias.

El dictamen del tribunal internacional responsabilizó al Estado Mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal. Foto: especial

Sin embargo, de acuerdo con el comunicado oficial que la Corte IDH emitió, a la fecha, no hay resultados concretos en la investigación penal y permanecen incumplidas las medidas ordenadas para garantizar la no repetición de los hechos.

“Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad”, estableció el organismo.

En este sentido, aunque existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de México cuyas deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por la Corte IDH, por ser incompatibles con los estándares internacionales en materia de investigación de casos de tortura.

Además de la investigación de los responsables de los hechos ocurridos, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación, principalmente las siguientes:

1) Fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

2) Crear un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.

Ocho de cada diez mujeres reclusas sufren tortura sexual según el Inegi (Foto: especial)

Ante ello, las organizaciones representantes, como este tribunal internacional, han aportado insumos para impulsar las medidas presentadas, pero no han tenido resultados. El Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde la fecha de sentencia.

Actualmente, México, como todos los países del mundo, se enfrenta a la pandemia generada por el COVID-19, por lo que la Corte IDH asegura que el incumplimiento de las medidas anteriores no se debe a ello. “Las organizaciones representantes consideramos que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia. Por el contrario, el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho”, aseguró.

De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar que el Estado de cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la Corte IDH.

Ante la indiferencia de las autoridades, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura, represión social y encarcelamiento injusto, fundando la campaña nacional “Rompiendo el Silencio”.

Suhelen Cuevas y otras mujeres víctimas de tortura sexual durante un operativo en 2007 en Atenco. Foto: Issac Esquivel / Cuartoscuro

En el aniversario de los hechos, nuevamente la Corte IDH hace un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan las medidas dentro del plazo otorgado.

“Sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra sin lugar a dudas que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpliera con las medidas de no repetición de los hechos de tortura y represión ordenadas por un tribunal internacional”, puntualizó.

Fuente: Infobae