Chile. Despenalización del aborto: un debate complejo e ineludible que se toma la Cámara Baja
La sesión prevista para este martes 28 llega a la Sala con informe negativo de la Comisión de Mujer. Sin embargo, en las agrupaciones por los derechos de las mujeres hay optimismo luego de la relevancia que ha tenido el tema en la campaña presidencial.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Es precisamente ese día en el que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas conocerá y discutirá la moción parlamentaria que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Chile hasta las catorce semanas de gestación.
Se trata de un fecha simbólica para que las y los parlamentarios debatan este asunto que permitiría una modificación del Código Penal de modo que deje de existir persecución a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, hecho que puede tener penas de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años. La moción llegará al Hemiciclo con informe negativo de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que, por un voto de diferencia, rechazó la idea de legislar.
Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas entidad que apoyó técnicamente a las diputadas autoras del proyecto de ley, la sola discusión de la iniciativa en la Sala es un hecho tremendamente relevante, pues da cuenta de una realidad que se vive en Chile diariamente y de la que la legislación debe hacerse cargo.
“Creemos que es un debate que es muy importante que tenga lugar en la sala y que la Cámara en pleno se pronuncie respecto de esta demanda tan importante para mujeres y niñas como es avanzar en la protección del derecho al aborto. Esto responde a una demanda largamente sostenida de las organizaciones de mujeres y feministas y que de aprobarse, permitiría poner a Chile más a tono con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de los derechos de las mujeres y niñas”.
“No es un debate fácil, es complejo y que llega con informe de la Comisión de la Mujer que recomienda el rechazo, sin embargo, es la Sala la que toma la decisión”, subrayó la profesional que también integra la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.
De acuerdo con los planteamientos de las candidaturas presidenciales de Gabriel Boric y Yasna Provoste, este tema no debería tener mayor dificultad para avanzar en el trámite legislativo, ya que ambos aspirantes a La Moneda han señalado expresamente que apoyan la iniciativa y se espera que los parlamentarios de esos pactos estén alineados con sus abanderados.
“Tenemos bastante expectativa respecto de este proyecto, considerando los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la protección de las mujeres frente a la consecuencias del aborto, porque es un tema que ha estado en la campaña presidencial, algo que no había ocurrido en elecciones anteriores y responde a la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en Chile y la región para plantear el tema. También es un tema que está presente en la discusión de la nueva Constitución, por lo tanto, es ineludible que forme parte del debate social y político y uno esperaría que en la Cámara esto tenga un respaldo mayoritario y que siga avanzando la legislación”, expresó la abogada de Corporación Humanas.
Los argumentos en pro y en contra
Uno de los argumentos que se ha esgrimido para fundar la necesidad de que este proyecto se transforme en ley dice relación con la salud y la protección de la vida de las mujeres, ya que el estar penalizada la interrupción voluntaria del embarazo, salvo en las tres causales específicas (peligro para la vida de la mujer; embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y que el embarazo sea resultado de violación), las mujeres muchas veces se ven forzadas a buscar abortos clandestinos o a auto provocarse la interrupción de la gestación. Algo que tiene también un sesgo de clase, ya que aquellas que tienen más recursos pueden acceder a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, mientras que quienes carecen de ellos se exponen a riesgos sanitarios importantes.
Sin embargo, Chile es efectivamente el país de la región que tiene una menor tasa registrada de abortos clandestinos y un número bajo de mujeres que mueren producto de ellos, por lo que ese argumento para tener una ley que permita la interrupción de la gestación es desvirtuado por el médico y doctor en Biociencias, Elard Koch, del Instituto Melisa.
“No hay una relación actual entre el cambio del Código Sanitario y un aumento de la mortalidad materna. La mortalidad materna que hoy exhibimos es un perfil residual que se debe principalmente al envejecimiento de la maternidad en Chile, esto quiere decir que el 90% de las muertes maternas se debe principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles o por causas indirectas como hipertensión, diabetes gestacional, preeclampsia y complicaciones del embarazo y parto que no tienen relación con el aborto”.
“Hace tiempo que logramos los niveles de mortalidad materna óptimos que se han fijado como estándar de las metas del milenio para la agenda 2030, y nosotros logramos eso hace décadas atrás. No hay ninguna relación entre la prohibición del aborto y las tasas de mortalidad materna”, agregó.
Para Camila Maturana, pese a que no hay una estadística de la cantidad de interrupciones de embarazo clandestino que se realizan, es importante entender que eso no significa que no se realicen estos abortos ni que no exista riesgo para la vida de las mujeres.
“El aborto es una realidad, existe y ha existido siempre más allá de las leyes que puedan haber en cada país. Cuando las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, porque no es deseado o no es posible de llevar adelante, buscan la manera de hacerlo aun cuando eso signifique riesgos para su salud y su vida. Esa es una situación muy dramática que en Chile sí existe,+ aunque no tengamos cifras precisas de cuántas mujeres abortan en Chile, fuera de las tres causales. Como el aborto existe y debido a la legislación que establece penas de cárcel para las mujeres que interrumpan sus embarazos, entonces lo hacen en condiciones de clandestinidad y riesgo para su vida y esos riesgos no afectan a las mujeres del mismo modo: las adolescentes, las mujeres pobres y las migrantes están en una situación de mayor vulnerabilidad”.
De esa misma opinión es la ex ministra de la Mujer y quien ejercía tal cargo durante la promulgación de la ley de aborto en tres causales, Claudia Pascual, quien además releva el que es precisamente la clandestinidad la que hace imposible conocer el dato de cuántos realmente se realizan en nuestro país.
“Los abortos clandestinos no están contabilizados en ninguna parte porque nadie se reconoce que lo hizo, porque queda expuesta al ejercicio de la justicia, a la persecución y penalización del hecho. Pero más allá de cuántos son, de si la tasa es alta o baja o media en relación a otros países, me parece que aunque sea solo una mujer o adolescente que se someta a un aborto clandestino y se exponga a una situación de riesgo o de violencia y maltrato, nosotros deberíamos tener la legislación y prestaciones de salud que permitieran que esas niñas o mujeres puedan hacerlo cuidadas por el Estado. Aunque fuera solo una tenemos la obligación como Estado de proteger a las mismas adolescentes y mujeres para que no se expongan a situaciones de violencia, clandestinidad, persecución y mucho menos a poner en riesgo su vida por la desesperación que implica tomar una decisión de este tipo”.
En cuanto al debate mismo de la idea de legislar en orden a ampliar la despenalización sobre la base de un plazo y no solo de causales, el doctor Koch, epidemiólogo y especialista en salud materno-fetal, aseguró que la evidencia científica no respalda la idea de que un cambio en la legislación afecte la salud materna.
“No hay ningún beneficio en volver una ley de aborto más permisiva o incluso menos permisiva, no hay un efecto sobre la salud materna. El segundo elemento es que los abortos clandestinos en Chile no producen las complicaciones que producían antiguamente y es un número bajo debido a la universalidad de los métodos de planificación familiar. Si hay un grado de abortos autopracticados, principalmente con misoprostol, que generan complicaciones como hemorragias y se resuelven en los servicios de emergencia en los hospitales chilenos. Como salubrista, yo diría que no hay una justificación científica, desde el punto de vista de salud pública o epidemiológico que apoye una despenalización del aborto y una vez más permisiva que la que actualmente está en rigor”.
En 2017, un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) llamaron a que todos los Estados deroguen las leyes que penalizan y restringen “indebidamente” el aborto ya que negar a las mujeres el acceso a atención médica necesaria constituye una discriminación arbitraria discriminatorio y una violación de sus derechos humanos.
Ese es el punto que releva Camila Maturana al señalar la necesidad de que este proyecto se transforme definitivamente en ley.
“Los organismos de Naciones Unidas han recomendado hace varios años que los Estados eliminen las sanciones penales al aborto como un primer paso para disminuir estos riesgos a la salud y la vida, porque se trata de muertes evitables, que no debieron ocurrir. Esto tiene que ver también con la posibilidad de cada persona de autodeterminarse y de definir su proyecto de vida y nosotras como feministas es que la maternidad voluntaria esté garantizada en el país, que ser madre sea una decisión y no una imposición de leyes que definen sanciones penales en contrario”.
Para Claudia Pascual, existe voluntad desde el pacto Apruebo Dignidad para avanzar en esta materia ya que forma parte de los temas programáticos que han instalado las mujeres y que el candidato presidencial Gabriel Boric ha sumado a su programa.
“Veo que hay posibilidades sobre todo pensando que tengamos un Parlamento para las transformaciones que Chile necesita, por lo tanto, uno acorde para llevar a cabo las definiciones de una nueva Constitución y que esté acorde a reformar o derogar aquellas legislaciones que no estarían acorde con la nueva Carta Fundamental ni con el respeto de los derechos que las personas deben tener”.
“En este pacto hay un sentido de urgencia de saldar las deudas que la democracia tiene con las mujeres y una de esas deudas tiene que ver con el respeto más pleno y profundo a la autonomía de las mujeres al derecho a decidir y, por lo tanto, con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, pero muy en particular, las mujeres”.
La sesión de sala para el próximo martes 28 ya se encuentra citada y será responsabilidad de la diputada Camila Rojas entregar a la Cámara Baja el informe de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en la que votaron a favor de la idea de legislar las diputadas Maite Orsini, Maya Fernández, Marcela Hernando, Camila Rojas, Patricia Rubio y Marisela Santibáñez y en contra las parlamentarias Nora Cuevas, María José Hoffmann, Karin Luck (por Aracely Leuquén), Francesca Muñoz (por Erika Olivera), Ximena Ossandón, Joanna Pérez y Virginia Troncoso.
Claudia Carvajal G.
Fuente: Radio Universidad de Chile
