Line Bareiro: Es el momento de hacer cambios positivos
Abogada y politóloga paraguaya, feminista y defensora de derechos humanos. Es investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE-Paraguay), profesora de la Maestría sobre Políticas públicas y género del PRIGEPP/FLACSO Argentina y de la Maestría en Estudios de Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Fue investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Uni Heidelberg y profesora en posgrados de siete países latinoamericanos y de España. Integró el Comité CEDAW/ONU (2011-2014). Sus libros y artículos abordan principalmente temas sobre democracia, ciudadanía, Estado e historia de las mujeres y del feminismo, con perspectiva de género y de DDHH.
Foto: Cortesía Line Bareiro
¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos políticos y porqué son fundamentales?
Los derechos políticos incluyen cuestiones básicas de la democracia como el derecho a elegir y ser electas: comúnmente cuando se habla de libertades públicas se refiere a los derechos de asociación, reunión, la libre expresión y comunicación y son básicos para que actualmente un sistema se considere como democrático, al igual que la vigencia de elecciones competitivas, la división de poderes del Estado y el Estado de derecho.
En el último siglo las mujeres han logrado conquistas clave para sus derechos políticos. Recordamos a las sufragistas en Inglaterra, pero también a todas las latinoamericanas y caribeñas que, el siglo pasado, lucharon para poder votar y participar más plenamente de la vida pública. ¿Por qué en el siglo XXI seguimos hablando de garantías para los derechos políticos de las mujeres?
Lo bueno es que no nos cansamos las mujeres, ¿verdad? Siempre hubo mujeres que quisieron participar en política, pero cada lucha fue larga y aún le debemos un gran homenaje a las sufragistas de América Latina.
Desde el siglo XIX comenzaron a pelear para ser reconocidas como ciudadanas, con el derecho a sufragar o elegir y a ser electas, -es decir- a tener investidura. Yo estoy muy feliz porque ahora tengo las actas del Primer Congreso Internacional Femenino de la República Argentina de 1910. Muchas de sus demandas muy fundamentadas se lograron recién a finales del siglo XX o a inicios del siglo XXI.
Paraguay, mi país, fue el último del continente en reconocer los derechos políticos de las mujeres en 1961. Conquistado el derecho al sufragio, tuvieron que pasar varias décadas para que las mujeres pudieran ejercer plenamente el derecho a ser electas.
Hasta los años noventa se mantuvo un número ínfimo de mujeres parlamentarias, y solamente hubo dos mujeres en la región en los más altos cargos ejecutivos, Lidia Gueiler que fue electa por el Congreso Boliviano e Isabel Martínez de Perón que asumió al morir su marido-presidente. Recién a partir de la introducción de las cuotas por ley, gracias a las parlamentarias argentinas, comenzó a subir el número de mujeres en los parlamentos.
Las medidas especiales temporales para acelerar la igualdad de facto, como propone el artículo 4.1 de la CEDAW, fue fundamental para pasar a ser la región con mayor porcentaje de mujeres del mundo. Pero lo realmente maravilloso fue esa creación colectiva internacional que es la paridad. Ya no es una cuota o acción afirmativa, sino un componente y principio de la democracia. Se la concibió en 1992 en la Cumbre de Mujeres de Atenas, donde se planteó que el sistema electoral debía ser 50% de candidaturas de mujeres y 50% de hombres, en forma alternada. Es decir, M-H-M-H o H-M-H-M y así sucesivamente.
Se le da el nombre de “paridad vertical”. Pero cuando este concepto llegó a Bolivia y se aplicó al sistema electoral boliviano, se evidenció que no se lograría la paridad de facto sin incluir a las mujeres en los encabezamientos de lista. Es decir, se llegó a la conclusión de que la mitad de los encabezamientos de la lista de cada organización política debían ser mujeres y la mitad hombres.
Así se concibió lo que hoy llamamos “paridad horizontal” y que permitió lograr la paridad en Bolivia. Otro concepto clave fue el que desarrollaron recientemente en Chile, donde se concibió la “paridad de resultado” que permitió elegir la primera Asamblea Constitucional paritaria al mundo.
¡Seguimos con esta lucha en el siglo XXI porque ninguna gran idea -como la de la igualdad en la representación política- se hace realidad sin mecanismos adecuados! Es así, y por fin tenemos el mecanismo que da un resultado de igualdad o paritario, con candidaturas o con fórmula de resultado.
El 15 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Democracia. ¿Qué significa para la democracia que las mujeres participen plenamente de la vida política y pública?
Es muy difícil pensar hoy en democracia sin mujeres. A Alexis de Tocqueville, quien hizo una estupenda observación de la democracia en los Estados Unidos, no le llamó la atención en el siglo XIX que ni las mujeres en general, ni los hombres afrodescendientes, pudiesen votar o ser electos/as. Era normal. Hoy es inaceptable decir que es democrático un sistema que excluye a las mujeres.
En América Latina se ha ido afirmando y consolidando el concepto de Democracia Paritaria. Usted participó del grupo de expertas que conceptualizó y redactó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, que fue aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015. ¿Nos puede contar como nace este concepto, que significa y a que apunta?
Como decíamos, el concepto de democracia paritaria nació en Atenas, en aquella Cumbre de Mujeres de 1992, y se institucionalizó en Francia en 1998. Pero el concepto europeo de democracia paritaria, que refiere a la igualdad electoral, es distinto de lo que luego se fue desarrollando en América Latina.
Para las latinoamericanas, lograr la paridad electoral es un paso importante, pero no significa automáticamente contar con una Democracia Paritaria. Esto es lo que tratamos de plasmar en la Norma Marco que aprobó el Parlatino en 2015: que no sólo debe haber paridad en todos los cargos electivos y mandatos, incluyendo los cargos uninominales, en todos los poderes y niveles del Estado; implica la construcción de un Estado incluyente e inclusivo.
En el continente más desigual del mundo, democracia paritaria significa poner la igualdad en el centro. Ocho Estados de la región se definen como “Estado democrático y social de derecho” y en casi todas las constituciones de la región se hacen múltiples referencias a lo social. Sin embargo, lo que quedó manifiesto a raíz de la pandemia es que ese Estado social no se construyó, lo que impide una real universalización de los derechos.
Creo que la experiencia mexicana, con sus reformas de “Paridad en Todo”, se acerca al camino que traza la Norma Marco para la consolidación de una democracia paritaria, pero aún queda mucho por hacer.
Foto: Cortesía Line Bareiro
En el actual contexto de múltiples crisis que enfrenta América Latina y el Caribe, sobre todo la derivada de la pandemia por Covid-19, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la democracia?
Son muy grandes. La democracia en la región se ha ido debilitando y por eso mismo la paridad es una estupenda posibilidad de recuperación democrática. Pero enfrentamos una situación en la que el deterioro democrático es progresivo. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Brasil enfrentan hoy múltiples desafíos para sus democracias, desde la falta de división de poderes del Estado, a una progresiva debilidad del Estado de derecho, hasta casos de persecución a quienes se presentan como oposición y tiene posibilidades de ganar a través de elecciones competitivas. Aprendimos también que paridad sin democracia puede ser nefasta.
Es urgente la construcción de un Estado social donde se transversalice la perspectiva de igualdad de género. Esa construcción para universalizar derechos debe estar acompañada claramente por políticas nacionales de cuidado. Vivimos un momento en el que la población y específicamente la ciudadanía está enojada con la conducción de los Estados y no veo surgir opciones que podrían ser alternativa de profundización democrática.
Me encantaría que la Constituyente de Chile pueda dar una lección de un Estado que realmente sea incluyente. Hasta ahora las feministas hemos desarrollado grandes ideas de derechos y obligaciones que son fundamentales y nos ayudaron a dar un salto cualitativo. Pero el debate sobre el Estado en sí mismo es pobre, se le dan funciones, creamos nuevas instituciones, pero nuestra institucionalidad pública es débil, y -si me dan a elegir- priorizaría un poder judicial independiente, una justicia que no sea vulnerable al poder político.
¿Cuál es la democracia con la que usted soñó en 1995, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer donde se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing? ¿Cuál es la democracia con la que sueña hoy?
En Viena, en 1993, los países integrantes de la ONU reconocieron por primera vez que los derechos de las mujeres son parte de los derechos humanos. Nuestros países de la región se habían democratizado o habían terminado (casi) los conflictos armados; todo estaba abierto para construir Estados democráticos, con instituciones fuertes y sociedades que pudiesen establecer opciones políticas, culturales y sociales en las que ser diferentes no signifique ser menos.
Se sentaron las bases para la igualdad y nuestra región fue la primera al mundo en reconocer la violencia contra las mujeres a través de la Convención conocida como “Belem do Pará”.
Toda la agenda estaba abierta y la Plataforma de Acción de Beijing se presentó como un gran plan estratégico para aterrizar la Convención CEDAW, como suele decir la jurista Alda Facio, experta internacional en derechos de las mujeres. Se fue ganando terreno para los derechos sexuales y reproductivos. Además, el movimiento de mujeres estaba en plena reconfiguración, un movimiento profundamente político (…) hoy podemos hablar de un movimiento latinoamericano y caribeño. En ese momento el pensamiento no tenía techo, todo era posible: libertad, igualdad, sororidad.
El panorama es distinto hoy. Tenemos que defender lo bueno que hemos construido, como por ejemplo los órganos electorales de la mayoría de los países de la región, nuestra participación y aportes a los sistemas regionales de DDHH y al sistema ONU de DDHH y la jurisdicción universal, es decir la Corte Penal Internacional. Pero también ahora, que somos la región con la mayor representación política de las mujeres, tenemos la obligación de hacer mejores leyes y políticas públicas. Si nos convertimos en aplaudidoras de gobiernos que establecen una relación del líder con las masas, ignorando o destruyendo instituciones, habremos defraudado a las sociedades que confían que con el poder de las mujeres puede haber mejor democracia.
La crisis es un momento importante para cambios positivos. Tenemos leyes de paridad en nueve países; en Colombia se sancionó también, pero está en revisión constitucional, y en Chile está en marcha la primera constituyente paritaria del mundo. Podemos profundizar la democracia. Ojalá podamos lograrlo. Pero debemos saber que ningún cargo nos da necesariamente reconocimiento y fin de las discriminaciones. Hay que luchar para consolidar lo logrado hasta ahora. Pienso cada día en las mujeres de Afganistán que viven sin derechos, sin democracia, sin libertad, ojalá encontremos caminos eficaces para contribuir solidariamente a que ellas también puedan dar disputas como las nuestras hoy, por un mundo en el que ser diferente no signifique ser menos.
Fuente: Onumujeres
Nota: Estas publicaciones buscan estimular un debate propositivo en torno a los principales temas de interés para el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe. Los conceptos expresados por las personas entrevistadas para la producción de nuestros contenidos editoriales no reflejan necesariamente la posición oficial de ONU Mujeres y agencias del Sistema de Naciones Unidas
