¿Quién paga los cuidados del Uruguay que envejece?
Ilustración: Luciana Peinado
Hoy existen 22 personas en edad activa por cada persona mayor dependiente; en 2050 serán 11 y en 2070 habrá apenas ocho.
El cuidado de larga duración probablemente sea uno de los desafíos sociales más importantes y menos discutidos del Uruguay que envejece. A medida que las personas envejecen, aumenta la probabilidad de necesitar apoyos para realizar actividades básicas de la vida cotidiana, como alimentarse, bañarse o vestirse, u otras más complejas como cocinar, administrar medicamentos, hacer compras o desplazarse fuera del hogar. Mientras la mayoría de las personas de entre 60 y 74 años conserva su autonomía para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la situación cambia drásticamente entre 75 y 84 años, y aún más entre quienes superan los 85 años.1
En Uruguay, en las próximas décadas la población mayor de 65 años, y especialmente la de más de 80, experimentará un incremento significativo. Investigaciones recientes estiman que la población de 65 años y más en situación de dependencia aumentaría de 100.000 personas en la actualidad a casi 160.000 en 2050, y a más de 200.000 en 2070.2
Esto implica un cambio profundo en la relación entre quienes necesitan cuidados y quienes potencialmente pueden proveerlos. Si hoy existen aproximadamente 22 personas de entre 16 y 64 años por cada persona mayor dependiente, hacia mediados de siglo esa relación se reducirá a la mitad, y en 2070 serían tan solo ocho personas en edad activa por cada persona mayor dependiente.
La transformación demográfica se superpone con cambios profundos en la estructura social y familiar. La creciente inserción laboral femenina, junto con transformaciones culturales en los roles de género, y la reducción del tamaño de los hogares han tensionado la capacidad de las familias para absorber las necesidades crecientes de cuidado. A todo esto, las ideas que tenemos sobre el cuidado parecen estar cambiando. En 2011, el 41% de las personas sostenía que el cuidado de las personas mayores debía recaer exclusivamente en las familias, mientras que en 2023 este porcentaje se redujo a 32%. Más aún, se observa una disminución sustantiva en la disponibilidad a cuidar a padres en situación de dependencia, tanto entre varones como entre mujeres, aunque el descenso es más marcado en estas últimas: del 80,5% en 2011 al 59% en 2023.3
Cuidar lleva tiempo, dinero y energía que recae sobre las familias
Hoy gran parte de ese cuidado recae sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres. Las personas de entre 15 y 64 años que cuidan a personas mayores dependientes o personas con discapacidad destinan, en promedio, unas 18 horas semanales de trabajo no remunerado a estas tareas.4 Esto implica tres horas más del tiempo promedio destinado al cuidado de niños y niñas de 0 a 5 años. Más aún, es probable que esta cifra subestime la verdadera magnitud del fenómeno, porque muchas tareas de apoyo y supervisión a familiares que viven en otros hogares ni siquiera quedan registradas en las estadísticas.
Además del tiempo, el cuidado puede implicar costos económicos muy elevados. La evidencia comparada para los países desarrollados muestra que los costos para personas en situación de dependencia severa pueden representar entre una y siete veces el ingreso mediano nacional, lo que los expone a un riesgo significativo de empobrecimiento.5 Para Uruguay casi no tenemos información de los costos de los servicios de cuidado de larga duración, aunque sabemos que hay una cantidad importante de personas mayores viviendo en hogares de larga estadía (al menos 20.000 personas),6 que se contratan servicios domiciliarios de cuidado y que hay una cantidad importante de personas afiliadas a seguros de acompañamiento.
Por estas razones, en las últimas décadas el cuidado de larga duración comenzó a ser entendido no solo como una necesidad individual o familiar, sino también como un desafío social y de política pública. Uruguay dio un paso importante en 2015 con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,7 que reconoció el cuidado como un derecho y buscó promover una mayor corresponsabilidad entre Estado, familias, comunidad y mercado. El sistema permitió ampliar algunos servicios, profesionalizar tareas de cuidado y colocar el tema en el centro de la discusión pública. Más allá de estos avances institucionales y normativos, los servicios y prestaciones públicas de cuidado de larga duración disponibles para las personas mayores y con discapacidad aún son muy limitados, y persisten problemas relativos a la calidad de los servicios, trayendo como consecuencia una cobertura baja, fragmentada y muy desigual según el nivel socioeconómico.
Cómo financiar los cuidados: es necesaria la participación del Estado
Aquí aparece uno de los puntos más complejos de toda esta discusión: cómo financiar el cuidado de larga duración.Apoyá nuestro periodismo. Suscribite por $245/mes
La necesidad de la participación del Estado en el financiamiento de los cuidados de largo plazo, al menos de su organización, surge de la profunda incertidumbre que caracteriza este riesgo, dado que no es posible anticipar si una persona requerirá cuidados, cuándo ocurrirá, por cuánto tiempo ni con qué intensidad. Cuando la dependencia se materializa, los costos asociados pueden imponer una carga económica muy elevada sobre los individuos y sus familias.
Tal vez esto ayude a explicar una aparente paradoja uruguaya: muchas personas mayores no son pobres según las mediciones tradicionales de pobreza de ingresos, pero sí se sienten pobres cuando consideramos medidas de pobreza monetaria subjetiva (una medida “sofisticada” de sentir que no llegamos a fin de mes).8 Parte de esa sensación puede vincularse precisamente al temor a la dependencia futura y a los costos asociados al cuidado.
Los principales argumentos a favor de mecanismos públicos de financiamiento de los cuidados de larga duración se relacionan con dos conjuntos de problemas interdependientes.
Por un lado, razones de eficiencia, derivadas de la incapacidad de los mercados privados para desarrollarse plenamente. El problema es relativamente simple: para que un seguro privado de cuidados funcione bien, muchas personas deberían contratarlo cuando todavía son jóvenes y tienen baja probabilidad de necesitar cuidados. Pero eso rara vez ocurre. Cuando las personas son jóvenes y saludables, suelen subestimar la posibilidad de volverse dependientes en el futuro o desconocen cuán costosos pueden ser estos cuidados; aquello de la incertidumbre que comentamos unos párrafos más arriba.
Como resultado, quienes terminan buscando este tipo de seguros son sobre todo personas mayores o con problemas de salud, es decir, justamente quienes tienen más probabilidades de necesitarlos pronto. Y eso vuelve los seguros mucho más caros. A medida que las primas aumentan, menos personas están dispuestas (o pueden) pagarlas, lo que hace que queden principalmente quienes enfrentan mayores riesgos y tienen más recursos económicos. Se genera así un círculo vicioso: cuanto más concentrado queda el sistema en personas de alto riesgo, más caros se vuelven los seguros, y cuanto más caros son, menos personas participan. Por eso, en la mayoría de los países, los mercados privados de seguros de cuidados de larga duración terminan teniendo una cobertura muy limitada y no logran resolver el problema a gran escala.
Por otro lado, se recurre al financiamiento público de los cuidados de larga duración por razones de equidad, vinculadas a garantizar el acceso a los servicios para los hogares de menores ingresos, reducir la carga financiera que enfrentan las personas con dependencia a lo largo de su vida y disminuir la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres cuando los cuidados se brindan informalmente dentro de la familia.
A nivel internacional, el financiamiento público de los cuidados de larga duración se estructura en dos grandes modelos: el financiamiento ex post, basado en asignaciones presupuestales y gastos de bolsillo de los usuarios que se movilizan cuando la necesidad de cuidados ya se ha manifestado, y el financiamiento ex ante, que implica mecanismos contributivos o aseguramientos que acumulan recursos antes de que la dependencia ocurra.
En Uruguay hasta ahora nos hemos basado en el modelo ex post, con asignaciones de Rentas Generales y pago de los usuarios. La ausencia de un financiamiento específico y estable ha limitado la capacidad de expansión de las prestaciones destinadas a la atención de la dependencia, aun en contextos de expansión de la demanda.
Diálogo Social y los cuidados del futuro
El recientemente culminado proceso de Diálogo Social incluyó entre sus ejes temáticos la discusión sobre el financiamiento del cuidado de largo plazo, para el que, con Estefanía Galván y con financiamiento del BID, aportamos una revisión de las experiencias internacionales de financiamiento y aventuramos posibles esquemas de financiamiento para Uruguay. El desafío es grande, pero para nada imposible.
El informe final de la Comisión Ejecutiva plantea “avanzar hacia la implementación de un mecanismo específico de financiamiento para los cuidados de larga duración, que combine aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos por parte de las personas usuarias, contemplando su capacidad económica”.
Pero pasar de esa formulación general a un modelo concreto abre preguntas difíciles. ¿Queremos que las personas aporten durante su vida activa para acceder a prestaciones cuando sean dependientes? ¿Esos aportes deberían generar derechos individuales, como sucede en los seguros? ¿Qué ocurre con quienes no pudieron contribuir? ¿Cómo se integra esto con el sistema de seguridad social? ¿Quién financia la transición?
No hay respuestas fáciles. Pero sí parece cada vez más claro que Uruguay ya no tiene demasiado margen para seguir postergando esta conversación.
Link de la nota: https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2026/5/quien-paga-los-cuidados-del-uruguay-que-envejece/
Por Maira Colacce
Fuente: El Diario.es
Ver, por ejemplo, Colacce, M, Córdoba, J, Marroig, A y Sánchez, G (2021). Medición de la dependencia en Uruguay. Serie Documentos, DT 02/2021. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. ↩
Aranco, N (2025). “La demanda de cuidados en Uruguay”, presentación para el Diálogo social, Montevideo, 4 de noviembre 2025. ↩
Batthyány, Perrotta & Scavino (2025). Representaciones sociales del cuidado en Uruguay: ¿mandatos de género en transformación? Udelar y ONU Mujeres. ↩
Amarante, V, Barro, P y Colacce, M (2024). Patrones de uso del tiempo de varones y mujeres en Uruguay. 2007-2022. Serie Documentos de Trabajo, DT 11/2024. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. ↩
OCDE (2024). Is Care Affordable for Older People?, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, París. ↩
Sistema de Cuidados (2025). Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Informe quinquenal. 2020-2024. ↩
Ley 19.353. ↩
Amarante, V, Colacce, M y Scalese, F (2025). Poverty in Latin America: Feelings/Perceptions vs Material Conditions. United Nations University World Institute for Development Economics Research: Cambridge University. Y esta preciosa nota de Fernando Esponda en este mismo blog: razonesypersonas.com/2024/05/la-abuelizacion-de-la-pobreza.html. ↩
