Abortos forzados son violencia reproductiva, dictamina Comisión de la Verdad de Colombia
Por primera vez en el mundo, una comisión de la verdad sobre la guerra colombiana adopta una definición sobre violencia reproductiva
Rebeldes de las FARC marchan en una zona controlada por la guerrilla en las selvas del sur de Colombia, el 22 de junio de 2001 |
Eliana Aponte REUTERS / Alamy Stock Photo
Colombia acaba de dar un paso enorme en la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno de casi 60 años.
En su informe final, la Comisión de la Verdad (CEV) reconoce que el conflicto implicó ‘violencia reproductiva’: anticoncepción forzada y abortos forzados para mujeres combatientes y niñas ilegalmente reclutadas en los grupos armados.
Es la primera vez en el mundo que una comisión de la verdad utiliza esta categoría.
La CEV fue creada en el marco de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para contribuir, como mecanismo extrajudicial, al esclarecimiento de la verdad de los crímenes cometidos por insurgentes, fuerzas armadas y policiales y milicias paramilitares.
Es usual que no se haga visible la violencia reproductiva y, por lo tanto, tampoco se la juzgue, menos aún cuando sucede dentro de los grupos armados. Se trata de un concepto relativamente nuevo que no tiene una única definición. En Women’s Link Worldwide, donde co-dirijo un grupo de abogadas, la definimos como una forma de violencia basada en género que, mediante el uso de la fuerza o la coacción, afecta la autonomía reproductiva de las personas.
Hubo violencia reproductiva, aun cuando no se la reconozca como tal, en las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas en los años 90 un grupo de mujeres, la mayoría empobrecidas e indígenas, en el Perú.
En el caso colombiano, la CEV la define como “relacionada con el control de la reproducción y la maternidad, fue una violencia contra las mujeres que se presentó, principalmente, al interior de las filas de las FARC y no fue algo ocasional o aislado”.
Según el informe agrega que muchos de los abortos forzados se usaron métodos inseguros que dejaron graves secuelas en las mujeres. Y agrega: “De nuevo, el patriarcado y sus guerreros se adueñaron del cuerpo y de la autonomía de las mujeres para decidir sobre ellas”.
Este reconocimiento de la Comisión de la Verdad no es baladí. Permite analizar la violencia reproductiva como lo que es: una forma de violencia de género no conectada con la violencia sexual. También ayuda a entender cuáles fueron las consecuencias y los daños específicos que causó a las víctimas, en un contexto en el que el control a los cuerpos de las mujeres estaba tan normalizado.
Sin autonomía reproductiva
Las FARC adoptaron en 1993 una política específica de control reproductivo, que incluía el uso obligatorio de anticonceptivos, para asegurar que las mujeres combatientes y las niñas reclutadas de forma ilegal pudieran cumplir sus funciones militares. Ahora está claro que muchas fueron también obligadas a abortar. La fiscalía estimó unos 1.000 abortos forzados por año, aunque se presume que el subregistro es elevado.
Otros grupos que incurrieron en violencia reproductiva fueron la pequeña guerrilla del Ejército Revolucionario Guevarista (anticoncepción y abortos forzados) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (esterilizaciones y maternidades forzadas).
Durante años hubo denuncias en medios de comunicación y reportes de ONG sobre abortos forzados dentro de los grupos armados ilegales. Pero no había esfuerzos por buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
En Women’s Link siempre defendimos la autonomía reproductiva de todas las personas; civiles, combatientes y excombatientes tienen derecho a optar por la maternidad o no. Nadie, ni el Estado, ni los actores armados pueden decidir por ellas. Fue así como elegimos ponernos del lado de las víctimas y explorar diferentes caminos para que obtuvieran la verdad y la reparación a la que tenían derecho.
Helena fue reclutada de manera forzosa a los 14 años y, posteriormente, obligada a tomar anticonceptivos y a abortar
Inicialmente, presentamos en 2016 un amicus curiae (amigo de la corte) en un proceso judicial contra Karina, alias de una excomandante del Frente 47 de las FARC. Nuestro objetivo era que se tuvieran en cuenta los abortos forzados a los que fueron sometidas las mujeres bajo su mando. Gracias a esa intervención, hace pocas semanas un juzgado reconoció que el control de la natalidad fue una práctica sistemática y generalizada y una forma de violencia de género.
Con la experiencia que ganamos llegamos a nuestro primer caso: conocimos y comenzamos a representar a Helena*, una víctima de violencia reproductiva de las FARC. Helena fue reclutada de manera forzosa a los 14 años y, posteriormente, obligada a tomar anticonceptivos y a abortar. Su caso es emblemático porque representa lo que vivieron muchas niñas y mujeres campesinas reclutadas ilícitamente por los grupos armados ilegales durante el conflicto armado.
Helena abandonó las filas de las FARC siendo mayor de edad, por eso el Estado no la reconocía como víctima, a pesar de haber sido reclutada cuando era una niña. Su historia nos motivó a pensar de forma creativa en cómo usar el sistema de justicia para que las leyes dejaran de excluir, de forma injusta, a mujeres como ella. Para peor, tampoco estaba claro si el derecho internacional humanitario las protegía, pues este se enfoca principalmente en los efectos de los conflictos armados sobre la población civil.
Una victoria histórica
Luego de acudir a varios jueces para que protegieran a Helena, su caso llegó a la Corte Constitucional. En 2019 obtuvimos una victoria histórica, pues el fallo la reconoció como víctima del conflicto armado, que debía ser reparada. Para ella significó mucho, era la primera vez que una autoridad judicial le creía, algo que no suele pasarle a las víctimas de violencia reproductiva.
Esta sentencia fue reconocida en círculos jurídicos internacionales como una de las pocas en proteger a las víctimas de violencias basadas en género dentro de los grupos armados, y le ha servido a otras organizaciones locales que representan a personas como Helena.
Vimos también una oportunidad en el sistema de justicia transicional instalado por el acuerdo de paz, que incluyó la creación de mecanismos judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y extrajudiciales como la CEV.
Así, presentamos el primer y único informe centrado en violencia reproductiva y logramos la acreditación de Helena como víctima en el caso 007, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Como resultado, conseguimos que la JEP incluyera dentro de este caso investigaciones sobre violencia basada en género, entre ellas aborto forzado, anticoncepción forzada y “otras conductas relacionadas con atentados en contra de la integridad sexual y reproductiva”.
También presentamos a la CEV el informe ‘Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano’, que incluyó el caso de Helena como representativo, y donde relatamos cómo este tipo de violencia fue ejercida por guerrillas y por paramilitares.
El 15 de julio, la JEP accedió a abrir el caso 011, sobre violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en discriminación, prejuicio u odio de género, sexo, identidad u orientación sexual de las víctimas. Es algo que habíamos solicitado reiteradamente a la JEP desde la Alianza Cinco Claves, que integramos junto con los grupos Sisma Mujer, la Corporación Humanas, Colombia Diversa y la Red Nacional de Mujeres.
Todo este recorrido sigue dando frutos. La CEV recomendó al Estado reformar la Ley de Víctimas de 2011, para incluir a todas las personas que, como Helena, soportaron este tipo de violencia, y fortalecer la atención en salud para atender los impactos particulares y desproporcionados que las violencias sexuales y reproductivas generan en las sobrevivientes.
Es importante reconocer este tipo de violencia para que las reparaciones sean adecuadas. Una mujer a la que se le realiza un aborto forzado en condiciones inseguras requiere atención especializada de salud.
Estos pasos en la dirección correcta nos impulsan a seguir contribuyendo para visibilizar la violencia reproductiva, para que sea juzgada, y para que las víctimas sean asistidas y reparadas. Sin importar el contexto, la autonomía reproductiva de todas las mujeres debe ser respetada.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la mujer
Fuente: Open Democracy
